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Los "imposibles" de Vox: ni competencias ni mayoría para cumplir sus propuestas

El documento del partido de Abascal indigna a PP y Cs, incumple el Estatuto y la Constitución, pide reformas que necesitan mayoría cualificada y usa datos que nadie conoce

Foto: El presidente de Vox, Santiago Abascal (2d), y el secretario general, Javier Ortega (c). (EFE)
El presidente de Vox, Santiago Abascal (2d), y el secretario general, Javier Ortega (c). (EFE)

El documento de 19 propuestas que Vox puso sobre la mesa en Madrid este martes descolocó a PP y Cs en Andalucía, que admiten en privado que solo puede ser “una provocación” para captar la atención mediática y acaparar protagonismo político. "Siguen en campaña", señalaron desde Cs. "Son unos irresponsables", lamentaron desde el PP. Solo hay un área, la económica, con rebajas fiscales, donde no hay choque frontal con el documento pactado para Andalucía. Ahí el acuerdo es casi total. El resto es casi una enmienda a la totalidad de las 90 medidas pactadas por PP y Cs. Ignora además, destacan estos partidos, asuntos fundamentales para Andalucía como el empleo.

Los "imposibles" de Vox: ni competencias ni mayoría para cumplir sus propuestas

Las reclamaciones de Vox no son ni asumibles ni posibles, coinciden desde ambos partidos, que no ocultaron su estupefacción por esa lista de propuestas. Aunque las reacciones a este documento quedaron una vez más en manos de las direcciones nacionales, desde Andalucía sí que se palpó una preocupación sincera entre los dirigentes del futuro Gobierno de coalición.

Esas medidas que Vox reclama quedan en la mayoría de los casos fuera de las competencias del Gobierno autonómico, se saltan la letra del Estatuto, vulneran la Constitución, requieren mayorías cualificadas que no suman los tres partidos de la derecha en Andalucía o incluyen cifras y datos "falsos", sostienen, que nadie en el actual Gobierno o en los partidos llamados a reemplazar a los socialistas en Andalucía sabe de dónde salen ni qué quieren decir.

Es un documento “de propuestas”, remarcó el partido de Santiago Abascal, que negoció durante horas en una reunión en Madrid en una cita liderada por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y su homólogo en el PP, Teodoro García Egea. Ese documento acaparó todo el foco mediático y condujo a los líderes de Vox por la mayoría de platós y radios del país.

Estado de las autonomías

Si el documento de 90 medidas pactado por PP y Cs defiende la fortaleza del Estado de las autonomías, Vox exige “una declaración institucional de la Junta a favor de un proceso nacional de devolución de las competencias de educación, sanidad, justicia y orden público”. Exigen además que se suprima del Estatuto de Autonomía la referencia a Andalucía como “realidad nacional”. La reforma del Estatuto requiere mayoría de dos tercios de la Cámara y posterior referéndum entre los andaluces. No es posible con la actual configuración del Parlamento.

Vox pide eliminar el 75% de las subvenciones a los partidos políticos, y sus 'socios' se preguntan si van a renunciar a las ayudas públicas que a partir de ahora recibirán como partido del Parlamento andaluz.

Sobre la Radio Televisión Andaluza (RTVA), Vox exige que se reduzcan todas las ayudas públicas un 50%, la liberalización del régimen de concesión de licencias de radio y televisión y la eliminación del Consejo Audiovisual. PP y Cs proponen un grupo de expertos para estudiar reformas y que sea el Parlamento andaluz el que elija a los directivos de Canal Sur.

Datos "falsos"

En las medidas contra la inmigración ilegal, el documento de Vox sitúa en la Junta de Andalucía competencias del Estado. Es el Gobierno de la nación el responsable de la devolución de inmigrantes en situación irregular, previa orden de expulsión dictada por un juez. La Junta solo tiene competencias en los menores inmigrantes no acompañados. En nada más que eso, y en las campañas de sensibilización o divulgación de este fenómeno.

Exige Vox “terminar con el efecto llamada: suprimir ayudas a los inmigrantes ilegales”, y reclama a la Junta la “ilegalización” de las organizaciones que ayudan a los extranjeros. Acusa a la Junta de “encubrir a 52.000 inmigrantes ilegales” frente a la Policía, cuando el Gobierno autonómico no tiene ninguna competencia en este asunto y fuentes del actual Ejecutivo aseguraron desconocer de dónde ha salido esa cifra ni a qué se refiere. Tampoco hay ayudas a los extranjeros sin permiso de residencia, más allá de la atención sanitaria y la escolarización de menores, independientemente de la situación administrativa de sus padres, junto a algunas becas, por ejemplo, para libros o comedor. Recuerdan además las ONG que los inmigrantes no son “ilegales” ni “delincuentes” por residir en España sin papeles y que buena parte de estas políticas de fronteras se pactan en la Unión Europea, trascendiendo incluso al Gobierno español.

Exactamente igual ocurre con el tema del “control del fundamentalismo islámico”, situando en la Junta competencias que no tiene para “prevenir la amenaza fundamentalista”. Medidas como la “supresión de subvenciones a asociaciones islámicas” son “inconstitucionales”, avisan las ONG, por vulnerar el principio de no discriminación por sexo, raza o religión.

El 28 de febrero como Día de Andalucía está blindado en el Estatuto de Autonomía y su cambio por el 2 de diciembre, día de “la culminación de la Reconquista”, no es posible.

Indignación de Cs

El líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, tildó las medidas de Vox de “ocurrencias” y las consideró fruto del “oportunismo”. “Hemos hecho un trabajo muy serio y algunos siguen en campaña”, lamentó. Según sus consideraciones, la mayoría de estas propuestas “no son competencias de las comunidades autónomas”, incurren en “contradicciones” y no las puede decidir el Parlamento andaluz, a no ser que hubiera una reforma del Estatuto de Autonomía y un referéndum posterior. “Que se devuelvan las competencias de sanidad, educación... eso no lo decide Andalucía, lo señala la Constitución”, advirtió en una entrevista en 13TV.

“Quieren cambiar la política de inmigración de la Unión Europea y saltan por encima de las competencias que son del Gobierno de España”, explicó Marín, visiblemente molesto. Recordó que derogar una ley necesita de 55 diputados, mayoría del Parlamento, y que PP y Vox suman 38, dejando claro que Cs no va a apoyar suprimir leyes como la de memoria histórica o contra la violencia de género, que han tenido la unanimidad de la Cámara andaluza, ni tampoco la ley LGTBi o de igualdad. Incluso ironizó sobre la propuesta de que se cree una Consejería de Familia: “¿Es que ya conocen la estructura del Gobierno andaluz? ¿Saben qué consejerías habrá?”.

Desde el PP andaluz, su secretaria general, Loles López, también acusó a Vox de estar “bloqueando el cambio” y despertando “alegría en las sedes del PSOE”. Fuentes del PP confiaron en que Vox reconduzca sus propuestas, pero mostraron su “preocupación” porque consideran que ha quedado patente que es muy complicado que el Gobierno andaluz quede en manos de este partido. Este miércoles, PP y Vox seguirán negociando en Madrid, y por la tarde en Sevilla se espera una reunión entre PP y Cs que debería alumbrar el organigrama definitivo del futuro Gobierno.

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