Caza, toros, flamenco y Semana Santa: los tópicos que Vox quiere proteger en Andalucía

Son 19 puntos los que componen el documento que Vox ha hecho público en el marco de sus negociaciones con el Partido Popular en Andalucía para dar el 'sí' a la investidura del 'popular' Juan Manuel Moreno a la Junta, después de haber irrumpido con fuerza —con la fuerza de 400.000 votos que se convierten en doce diputados— en unas elecciones en las que no todo el mundo se esperaba este resultado. Entre estas 400.000 personas se encuentran muchos cazadores andaluces, porque si bien aseguran que no entran en política, este año han decidido que no quieren "entrar en el chantaje de radicales de izquierda". El caso es que "el 99% de los cazadores fueron a las urnas", según el presidente de la Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC), Felipe Vegue, que en conversación con El Confidencial aplaudió el "claro compromiso" del partido de Santaigo Abascal con la caza, un compromiso que ningún otro partido había mostrado.

De los 19 puntos hay tres que han despertado cierta polémica, aunque no son temas que sean nuevos en el argumentario de la formación. Una de ellas, el cambio del Día de la Fiesta de Andalucía, que hasta ahora se celebra el 28 de febrero en homenaje al referéndum por la autonomía de la comunidad, por la conmemoración de la Reconquista; cambio incluido en el punto número 13 del citado documento. En los dos siguientes, la cosa continúa con los tópicos de los andaluces y su protección.

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Lo cierto es que la imagen exterior de España en muchas ocasiones se ha asociado a la de Andalucía, una imagen con el flamenco y los toros como elementos identitarios. Y estos elementos entran dentro de los puntos que Vox quiere que Ciudadanos y Partido Popular acepten a cambio de su apoyo. En estos dos puntos es en los que el partido menos se ha extendido, dejando un par de líneas en cada uno:

14.- Ley de Protección de la Cultura Popular y las tradiciones del mundo rural: que incluyen el flamenco y otras expresiones folklóricas [sic], las tradiciones, las artesanías, la Semana Santa, etc.

Lo cierto es que la protección de actos culturales como la Semana Santa no es una novedad en cuanto a intenciones autonómicas. Incluso Cataluña cuenta con su propia Ley de Fomento y Protección de la Cultura Popular y Tradicional y del Asocianismo Cultural, firmada en 1993, que defoine como "cultura popular y tradicional" todo lo que pueda englobarse en el "conjunto de manifestaciones culturales, tanto materiales cono inmateriales, como son las fiestas y las constumbres, la música y los instrumentos, los bailes y las representaciones, las tradiciones festivas, las creaciones literarias, las técnicas y los oficios y todas aquellas otras manifestaciones que tienen carácter popular y tradicional, como también las actividades tendentes a difundirlas por todo el territorio y a todos los ciudadanos".

No obstante, en 2017 el Consejo de Ministros aprobó tres reales decretos por los que se declaraban manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial la Semana Santa, el Carnaval y la transhumancia. Fue una propuesta que venía de 2015 en virtud de la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, y se trata de la máxima categoría de protección que el Estado puede otorgar a este tipo de patrimonio.

14.- Ley de protección de la tauromaquia y de la actividad cinegética, que reconozca y valore la aportación económica y ecológica de estas dos realidades tan ligadas a Andalucía.

La tauromaquia ya tiene cierta protección estatal: en 2013 se declaró esta tradición como "patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional", como se puede leer en el documento firmado por el entonces rey (ahora emérito) Juan Carlos I el 13 de noviembre de dicho año, publicado en el Boletín Oficial del Estado. "El carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas distintas", reza el texto que, insiste, supone "en un marco de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas, un deber general de protección y, a su vez, unas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado".

Por su parte, la caza no goza de este estatus, pero no por falta de interés: el colectivo de cazadores lo ha solicitado en numerosas ocasiones. De hecho, la Oficinal Nacional de la Caza (ONC), inició en 2012 el que se define como uno de sus "proyectos más ambiciosos": el hecho de que se reconozca la caza como Patrimonio Cultiral Inmaterial de la Humanidad, lo que "supondría situar el arte cinegético al nivel social de prestigio que le corresponde", sostiene la ONC.