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Las leyes de igualdad que veta Vox: 2.000 millones y “coeducación” desde las aulas

Esta es la letra pequeña de las normas que PP y Cs votaron a favor en Andalucía y que ahora se comprometen a desarrollar a pesar del rechazo del partido de Abascal

Foto: Manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer. (EFE)
Manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer. (EFE)

El nuevo escollo con el que se ha encontrado el pacto de PP y Cs en Andalucía tiene nombre propio: ley de igualdad y ley por la que se modifica la de prevención y protección integral contra la violencia de género. La primera se aprobó el 26 de septiembre de 2018 y entró en vigor el 15 de octubre. La segunda mejora la norma de 2007 y está vigente desde el pasado 2 de agosto. Ambas leyes fueron apoyadas y votadas a favor por PP y Cs durante su tramitación en el Parlamento andaluz. La de igualdad contó con el rechazo de Podemos e IU, por su forma de legislar en contra de la prostitución, y la de violencia se aprobó solo con la abstención de IU, que consideró que no estaba dotada de recursos suficientes.

Las leyes de igualdad que veta Vox: 2.000 millones y “coeducación” desde las aulas

El pacto cerrado por PP y Cs contiene un apartado de “conciliación, igualdad y familias” y apela directamente a estas dos normas, comprometiéndose a su desarrollo. Ambos partidos aseguraron ayer que esto no se tocará aunque sí admitieron que en las negociaciones que se abran entre PP y Vox en Madrid se pondrán implementar medidas complementarias, por ejemplo contra las denuncias falsas, como exige el partido de Santiago Abascal. En España hubo 47 mujeres asesinadas por violencia de género en 2018, solo 14 habían denunciado. En Andalucía hubo 12 crímenes machistas.

Esta es la letra del acuerdo de PP y Cs:

“79.- Haremos efectivos los derechos contemplados en la nueva Ley Andaluza de Igualdad de Mujeres y Hombres, con la finalidad de mejorar la conciliación laboral y familiar de todos los trabajadores andaluces, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y la reducción de la brecha salarial, el desempleo femenino y la precariedad laboral de las mujeres”

“84.- Impulsaremos un Gran Acuerdo contra la Violencia de Género en Andalucía que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, a fin de acabar con esta lacra social”.

Serrano, contra el feminismo

El diputado de Vox en Andalucía Francisco Serrano escribió un mensaje en su cuenta de Twitter donde advirtió de que no apoyarán ningún acuerdo que siga “los mandamientos de la ideología de género”. Luego, tras el fuerte impacto de sus palabras, matizó y aclaró que no quieren que acaben las ayudas a las mujeres maltratadas sino que se repartan para “todas las personas que sufran violencia en el ámbito familiar” y que se acabe con las “subvenciones millonarias” a las asociaciones del “feminismo supremacista”.

Un mensaje que recalcó el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, quien desde Granada pidió “la derogación de todas las leyes que atenten contra la igualdad de todos los españoles” y los derechos de los hombres. Serrano es un conocido activista contra lo que llama "el terrorismo de género" y fue inhabilitado tras una condena por prevaricación a favor del padre en un caso de custodia de un niño tras la separación de sus progenitores.

Las leyes de igualdad que veta Vox: 2.000 millones y “coeducación” desde las aulas

Qué dicen las normas andaluzas que han puesto a Vox a rugir contra el feminismo. La letra pequeña de estas normas confirman que sí que vulneran todo lo que este partido promueve en contra de medidas específicas de violencia de género e igualdad. En su programa en Andalucía, Vox llevaba esta promesa: “Derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños”.

Las leyes al detalle

La ley de igualdad de Andalucía está dotada con 1.793 millones de euros hasta 2021, por cuatro años. Entre sus principales novedades figuran las medidas encaminadas a reforzar “la coeducación” contra la discriminación y luchar contra la brecha salarial, promueve medidas para la conciliación y se dota de un régimen sancionador con multas que van de los 6.000 a los 120.000 euros. Se podrán multar actos que promuevan la discriminación o inciten a la prostitución, las campañas publicitarias que usen el cuerpo de la mujer como reclamo o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación de las mujeres.

Según la norma, cada centro docente de Andalucía tendrá que elaborar “un Plan de Igualdad de Género”, se creará “una comisión de expertos en coeducación”, entre la Consejería de Educación y el Instituto Andaluz de la Mujer, que deberá vigilar “el lenguaje, las imágenes y los contenidos” de los materiales curriculares y los libros de texto y se dará “formación obligatoria en igualdad del profesorado y equipos directivos” de los centros educativos públicos.

La ley de igualdad a la que se opone Vox insiste en la educación desde la escuela y vigila los libros de texto o el lenguaje sexista en las aulas

También cada universidad de Andalucía deberá tener una “unidad de igualdad de género” y se promoverán “cátedras sobre estudios de género y violencias machistas”.

Castigo a empresas

En materia laboral, la norma refuerza los recursos de la inspección de Trabajo y Seguridad Social con planes anuales contra la discriminación laboral y el acoso y contempla un plan contra la desigualdad salarial entre mujeres y hombres. Se prima a las empresas que incluyan planes de igualdad y se penaliza a las que hayan sido condenadas por prácticas laborales discriminatorias. Con estas, “la Junta no formalizará contratos ni subvenciones”.

Los incentivos a las empresas y los ayuntamientos que desarrollen planes de igualdad van desde los 6.000 euros a los 30.000 y se prevé “una línea de hasta 3.000 euros para actividades de información, formación, divulgación y sensibilización en materia de conciliación promovidas por entidades sin ánimo de lucro”.

Andalucía dará subvenciones a las empresas que hagan planes de igualdad y castigará sin ayudas públicas a las condenadas por discriminación

La Junta aprobó también permisos adicionales de paternidad para los empleados públicos. Los padres podrían sumarse cinco semanas más en 2018, diez semanas más en 2019 y quince semanas adicionales en 2020.

La ley de igualdad garantiza en la sanidad pública “el pleno derecho de las mujeres a las técnicas de reproducción asistida, independientemente de su estado civil, orientación sexual, procedencia e identidad” y promete “una carta de derechos de las mujeres en relación con el embarazo, el parto y el puerperio”.

Contra la prostitución

Otro de los grandes enemigos de la norma es la prostitución. La ley garantiza atención a las mujeres prostitutas y víctimas de trata y un plan para su erradicación. “En el ámbito coeducativo se contempla la educación afectivo-sexual y la formación en nuevos modelos de masculinidad que contribuyan a erradicar esa cultura sexual de dominación masculina que perpetúa la prostitución”, recoge literalmente.

La norma contempla medidas específicas para el ámbito rural y blinda los centros municipales de información a la mujer con subvenciones para “actuaciones de sensibilización en políticas de igualdad”. Estos centros son la única tabla de salvación, explica la norma, para muchas mujeres que viven en los pueblos andaluces, lejos de grandes núcleos urbanos.

Todos los profesionales públicos de la Junta tendrán que seguir “una formación básica” en materia de igualdad y se obliga a “un uso no sexista del lenguaje en todos los documentos”. La ley obliga también a garantizar “la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la oferta artística y cultural pública” y vigilará que los medios de comunicación no incluyan contenidos que “inciten, justifiquen o banalicen” la violencia de género.

Nuevas formas de violencia de género

La ley contra la violencia de género no cuenta con una dotación presupuestaria en su memoria económica. El pacto estatal asignó a Andalucía 15,3 millones de euros. Por su parte en los presupuestos andaluces, la dirección general contra la violencia de género tiene una partida de 4,2 millones de euros y el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer asciende a 42,9 millones de euros. El Gobierno andaluz presentó sus últimas cuentas al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que reúne a 2.277 asociaciones andaluzas, defendiendo que el presupuesto andaluz de 2018, actualmente prorrogado, incluía 18.896 millones de euros destinados “a romper la brecha de género”, sumando todos los programas presupuestarios que la Junta califica como “G+”, que consideran que tienen impacto en la igualdad.

La ley integral contra la violencia de género aprobada el pasado año en Andalucía es novedosa por extender la definición de la violencia hacia las mujeres. Se amplía el concepto de víctima y la tipificación de las agresiones hacia las mujeres. Se considerarán víctimas también a los menores, mayores o dependientes a cargo de las mujeres maltratadas y a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados.

La ley contra la violencia de género extiende el concepto de víctimas y tipifica nuevos casos como la violencia vicaria, contra los hijos, o el acoso

Por ejemplo, la norma habla de “feminicidios” incluyendo cualquier asesinato sea o no en el ámbito de una relación de pareja o expareja, ampliándolo a todo crimen que tenga en la base la discriminación por motivos de género. También considera violencia de género los infanticidios, cualquier asesinato con violencia sexual o el acoso sexual “verbal, no verbal o físico”. Tipifica también la explotación sexual, la prostitución o la ciberviolencia como formas de violencia contra las mujeres. La ley define la “violencia vicaria” como la ejercida sobre los hijos, discapacitados o dependientes que estén bajo custodia de la mujer maltratada.

Formación a jueces, fiscales y profesores

La ley incluye como víctima a cualquier mujer en territorio andaluz, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa, e incorpora “el derecho a recibir atención adecuada sin previa interposición de denuncia”. Se blinda un “Observatorio Andaluz de la Violencia de Género” e impulsa campañas de información y sensibilización “poniendo el foco en el maltratador y haciéndose eco de las condenas”.

Por último, la norma andaluza hace especial hincapié en la formación obligatoria “del personal responsable de la atención a las víctimas de violencia de género”. El texto legal desarrolló está obligación especialmente para los profesores y el personal de Justicia. “La Junta garantizará la asistencia letrada mediante turno de guardia las 24 horas especializada en violencia de genero”, diseña un protocolo de acompañamiento a las víctimas antes de que interpongan la denuncia y crea una “unidad de valoración integral de violencia de género”.

Andalucía

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