Susana Díaz elevó hace un año el impuesto que ahora promete compensar

En plena precampaña electoral, la presidenta de Andalucía fue la primera en salir a anunciar a los andaluces un "paquete de medidas" para paliar la rectificación del Tribunal Supremo, que falló a favor de que el impuesto de actos jurídicos documentados lo paguen los ciudadanos y no la banca, como dictaminó 15 días atrás. Lo hizo antes de que Pedro Sánchez anunciara una reforma vía decreto-ley exprés.

El anuncio de Susana Díaz, aún sin concretar, fue muy firme, cargó contra el fallo del Supremo, mostró su "desconcierto" y prometió compensar a los andaluces afectados. En total, unos 300.000 y 600 millones de euros si se hubiera tenido que devolver el dinero de este tributo con cuatro años de retroactividad.

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Lo llamativo es que este impuesto entra en la cesta de tributos cedidos a las comunidades autónomas. El Gobierno de Díaz podría haber decidido aliviar la presión fiscal de esta figura tributaria y no lo hizo. Necesita recaudar para pagar servicios básicos, alega. El impuesto subió en 2012 al 1,5% y se mantiene así desde entonces. Aunque con sorpresas. En julio, trascendió que Andalucía había maniobrado por la puerta de atrás para recaudar más por este impuesto de actos jurídicos documentados. Lo hizo sin darle publicidad después de pactar con Cs en los Presupuestos de 2018 una bajada del impuesto de sucesiones y donaciones, ese que grava las herencias.

En octubre de 2013, el Gobierno andaluz comenzó a cobrar por este impuesto, ahora en el punto de mira, a herencias que antes no lo pagaban

Ciudadanos, entonces socio preferente de Susana Díaz, condicionó su apoyo al Presupuesto a una bajada en el tramo autonómico del IRPF y una bajada del impuesto de sucesiones y donaciones por segundo año consecutivo. Las herencias por debajo del millón de euros quedaron exentas de tributar. En Andalucía, la presión era de las más elevadas de España para las herencias antes de esta reforma fiscal.

El impactado calculado por la Junta por esta bonificación se elevó a 90 millones de euros. Según las propias estimaciones del Gobierno andaluz, pasarían a pagar por heredar "solo unas 200 personas al año" en Andalucía frente a las 20.000 que liquidaron este impuesto en 2016. Lo que no contó la Junta es que tras aceptar esta reforma iba a empezar a cobrar el impuesto de actos jurídicos documentados, ese que ahora exige a la banca, a familias de rentas modestas que hasta entonces no habían tenido que pagarlo por heredar. ¿Cómo? La Junta comenzó a cobrar en casos como el siguiente: tres hermanos heredan un piso, uno de ellos se lo queda y compensa a sus hermanos de forma proporcional. Es un modelo muy frecuente. Antes estaba exento de tributar y desde octubre de 2017 —de esa fecha es la circular que Hacienda remitió a las oficinas—, pagaría actos jurídicos documentados por "exceso de adjudicación".

Maniobra fiscal

La maniobra fiscal, que entonces correspondió a la actual ministra de Hacienda, fue desvelada por 'Diario de Sevilla' meses después de que la Junta recaudara por esta vía. El actual consejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, desligó la subida del impuesto de actos jurídicos documentados de las rebajas en sucesiones y donaciones pactadas con Cs. Había "alguna polémica jurídica", señaló, y el objetivo de la Junta fue que quedara "claro cómo hacerlo". Montero era ya en ese momento ministra de Hacienda.

El asunto provocó reproches en un debate parlamentario. En concreto, en el pleno de los días 4 y 5 de julio se debatieron dos iniciativas que proponían rebajas fiscales. El PP, por tercera vez en la legislatura, propuso una reforma a la baja de los impuestos cedidos a la comunidad autónoma. Contó con informe en contra del Gobierno. Cs también presentó una moción proponiendo más rebajas fiscales. El PSOE se opuso a ambas.

"Son como Robin Hood, pero al revés: roban a los pobres para dárselo a los ricos", acusó IU al Gobierno de Díaz

La diputada de IU Elena Cortés sacó a colación en el debate lo que había ocurrido con el impuesto de actos jurídicos documentos, ese impuesto del que ahora todos abominan. "El Partido Socialista ha permitido en esta legislatura una reforma a la baja del tramo del IRPF, ha permitido dos reformas del impuesto de sucesiones y donaciones como si a Andalucía le sobrara el dinero, y ahora nos hemos enterado, a través de los medios de comunicación, que han operado un cambio de criterio en el impuesto de actos jurídicos documentados, por lo que ahora van a pagar ese impuesto las herencias más populares de Andalucía, es decir, las herencias de los trabajadores y de las trabajadoras", reprochó la diputada de IU. "Aquellos que heredan la casa del padre o de la madre, que son varios hermanos y que uno de ellos se queda con la casa y paga al resto su parte. Es decir, que están haciendo como Robin Hood, pero al revés: robar a los pobres, a los trabajadores, para compensar lo que les hemos dado a los ricos", espetó Cortés al Gobierno andaluz, sin obtener respuesta.

Por encima de la media

En Andalucía, la media de este impuesto de actos jurídicos documentados, que la Junta ha cobrado a los ciudadanos a quienes ahora quiere resarcir, está en el 1,5%, en la línea de otras comunidades como Aragón, Murcia o Comunidad Valenciana. Están en el 1,2% Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura. Por debajo, en el 1%, Canarias, Cantabria o La Rioja; en el 0,75% está Madrid, y en el 0,5%, con el tipo más bajo, Navarra, País Vasco y Ceuta y Melilla. Cs siempre ha defendido que el tipo de este tributo, ahora en solfa, está por encima de otros países europeos como Francia (0,05%), Italia (0,25%) o Portugal (0,6%), o directamente no existe en Alemania, Reino Unido y Holanda.

En sus Presupuestos de 2018, Andalucía estimó un aumento en la recaudación de impuestos cedidos del 4%, hasta los 2.186,3 millones de euros. "Este incremento viene determinado por los ingresos derivados del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, para el que se prevé un crecimiento del 9,5%" ante la resurrección del mercado inmobiliario y las nuevas hipotecas, reza la memoria de las cuentas autonómicas. El Gobierno andaluz siempre se ha quejado de que la decisión de elevar la presión fiscal para pagar servicios públicos esenciales, como educación o sanidad, quedara en manos de las comunidades y Susana Díaz se enfrentó a la Comunidad de Madrid acusándola de 'dumping' fiscal. Las comunidades con más rentas pueden recaudar con menos presión fiscal, sostiene la Junta, que exige al Gobierno que en el futuro modelo de financiación, así lo defendió la actual ministra, compense a las regiones que tengan menos ingresos.