Andalucía pide que se active el acuerdo con Marruecos para retornar menores

La última reunión fue un jarro de agua fría. El Gobierno de Susana Díaz trató de disimular la indignación con la que se levantó de la Conferencia Sectorial que el pasado 5 de agosto reunió en Madrid a las comunidades autónomas con la ministra de Trabajo para abordar la cuestión migratoria. Andalucía, desbordada por la llegada de inmigrantes a sus costas en julio, reclamó un reparto solidario entre las comunidades de los menores no acompañados. Confiaba en que, tras la ola de solidaridad con el primer Aquarius, el Gobierno respondiera estableciendo cupos entre las distintas autonomías. Nada de eso ocurrió. El ministerio alegó que no tiene competencias.

Este miércoles, un mes después, vuelven a sentarse a la mesa. Andalucía aún evita la confrontación directa con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero acuden con las espadas en alto. La comunidad ha acogido 4.098 menores inmigrantes no acompañados desde enero. El 40% llega a Andalucía cuando otras comunidades no tutelan ni un 2%. El País Vasco o Cataluña son las comunidades donde la mayoría de estos menores, el 70% marroquíes, se dirigen como destino final de su proyecto migratorio. Para Andalucía, el problema es la atención de urgencia, la primera acogida. Los centros están desbordados, pese a la ampliación a casi 4.000 plazas.

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La crisis de los cayucos

La Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales de Andalucía insistirá de nuevo en un reparto de menores. Asegura que el Gobierno ya lo hizo con la crisis de los cayucos en Canarias en 2005. Si no, aseguran fuentes de la Junta, no descartan pedir un cambio normativo para que estas competencias sobre menores inmigrantes no acompañados no recaigan en las comunidades sino en el Estado.

Susana Díaz también ha abogado públicamente por el retorno de estos menores con sus familias a Marruecos. Para ello, no solo la Fiscalía debe decretar ese regreso sino que deben cumplirse todas las garantías, y básicamente es el Gobierno marroquí el que tiene que hacerse responsable. Algo que no ha ocurrido en los últimos 15 años.

El Gobierno andaluz recuerda el acuerdo firmado en 2013 entre España y Marruecos para “la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado”. Ese convenio se encaminó a “favorecer el retorno asistido de los menores en el seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social”. El convenio fue firmado por el exministro socialista Jesús Caldera.

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Asociaciones como Save The Children han dado la voz de alarma ante la petición de retorno de menores desde Andalucía, Ceuta y Melilla. Esta ONG ha enviado recomendaciones a las distintas comunidades donde aboga por cupos o por un reparto solidario, pero alerta sobre las repatriaciones. Save The Children propone que se trasladen los menores a comunidades donde tengan parientes y, si no, se activen automáticamente protocolos de traslados que eviten el desbordamiento de los centros de protección en algunas comunidades. Andalucía y Canarias sufren la llegada más importante, aunque también Valencia asegura tener problemas. El País Vasco está sufriendo el retorno de menores que quieren llegar a otros destinos de Europa a través de Francia. La tensión entre Cataluña y Andalucía por los traslados de menores es ya un clásico.

Vienen de la miseria

Desde Andalucía, el responsable de Save The Children, Javier Cuenca, avisa de que “el tema de la reagrupación familiar sí está contenido en la ley orgánica de protección jurídica del menor, pero siempre habla de que tiene previamente que asegurar que los derechos del niño esté cien por cien cubiertos”. Prima siempre el interés del niño, advierte, atendiendo a las convenciones internacionales. “Tenemos muchos testimonios, incluso después de nuestra última intervención de este verano en Algeciras, y estos menores que llegan o viven ya solos allí en Marruecos o vienen de familias desestructuradas sin recursos en situación de extrema pobreza”. No es el retrato del menor con familia en su país de origen al que montan en una patera engañados por las mafias, insiste Cuenca, sino que llegan “con un proyecto migratorio para quedarse ya aquí”. En muchos casos, advierte, no se puede afirmar sin más que estarían mejor con sus familias en sus países de origen.

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Agencias

También alerta sobre la posibilidad de que Andalucía renuncie a sus competencias en menores extranjeros. Eso, advierte, supondría una discriminación y vulneraría los derechos del niño, que no puede ser tratado como un inmigrante sino como cualquier otro menor nacido en España.

El defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, también se dirigió a su homólogo nacional y a sus compañeros en otras comunidades autónomas para pedirles que instaran a sus gobiernos a ser solidarios con la acogida de menores no acompañados.