Marruecos justifica el cierre de Melilla y no se compromete a aceptar más devoluciones

El Gobierno de Marruecos justifica el cierre de la aduana con Melilla —sostiene que es "una decisión soberana"— y evita comprometerse a aplicar en adelante el 'Acuerdo de readmisión de extranjeros entrados ilegalmente' firmado con España en 1992 y aplicado la pasada semana a 116 subsaharianos expulsados desde Ceuta. En la primera manifestación de postura pública acerca de esta cuestión, el portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa Jalfi, enmarcó este jueves la readmisión de los subsaharianos como "una medida" que supone "un mensaje fuerte a las redes de migración clandestina". Ese mensaje significa, dijo Jalfi en rueda de prensa, que "lo que estas redes [de trata] hacen tiene sus consecuencias".

Este miércoles, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también usó la palabra 'mensaje' para referirse a la expulsión de los 116 migrantes: el mensaje era que no van "a permitir la inmigración violenta". Pero preguntado en dos ocasiones sobre si esa medida significaba una reactivación de ese acuerdo, prácticamente 'dormido' desde 1992, el portavoz marroquí dejó claro que era una medida tomada "independientemente del marco jurídico", con lo que la desligó del pacto. Este miércoles, el diario 'Asabah' denunciaba ese compromiso y pedía su derogación: "Ha llegado el momento de que el Gobierno marroquí revise el acuerdo de 1992, ya que, por un lado, algunos de sus contenidos van contra el derecho internacional y, por otro, dañan los intereses de Marruecos".

El Ejecutivo español ha sostenido los últimos días por diferentes canales que las expulsiones de migrantes hacia Marruecos se activarían cada vez que se produjeran asaltos violentos, pero el portavoz marroquí también se negó a confirmar la participación o colaboración de su país en esos casos. Como también se negó a dar detalles sobre cuál ha sido el destino de los 116 expulsados, es decir, si han sido reubicados en Marruecos o deportados a sus países.

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En línea con lo que expresa últimamente, el portavoz lanzó un mensaje a la Unión Europea (UE): "Marruecos no puede hacerse cargo solo de este peso [de la inmigración]. Es una responsabilidad compartida. Nuestros socios europeos están invitados a una mayor receptividad". Para ilustrar ese 'peso', Jalfi recordó que Marruecos abortó solo en 2017 un total de 65.000 intentos de migración clandestina, un año en el que las cifras de llegadas a España (casi todas desde territorio marroquí) también se dispararon con respecto al ejercicio anterior.

Los flujos migratorios han cambiado desde el Mediterráneo central hacia el occidental en los últimos tres años y han trasladado la presión desde Libia e Italia hacia Marruecos y España. Según Jalfi, el Gobierno marroquí ha respondido a la presión migratoria con "el traslado [de migrantes] a otras ciudades del país" que no precisó. Esta es la primera ocasión en que el gabinete reconoce oficialmente esos traslados no voluntarios de cientos de migrantes en autobuses hacia las regiones del sur y del este, las más alejadas de las costas del estrecho de Gibraltar.

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La segunda medida del Gobierno ha consistido en "reforzar la política de inserción" de estos migrantes, en relación a los dos procesos de regularización emprendidos en los últimos años y que han proporcionado documentos a cerca de 50.000 personas. Marruecos siempre pone su política de regularización como "un ejemplo" a nivel africano, una idea que sus responsables repiten ante sus interlocutores españoles cuando tratan la cuestión de los flujos migratorios.

El 12 de agosto, el ministro español de Interior celebró una inusual entrevista con su colega marroquí, Abdeluafi Laftit, en Tánger, donde se celebraba la Supercopa de España de Fútbol entre el Barcelona y el Sevilla. Allí, Laftit reconoció que su país estaba "desbordado" por la presión migratoria, y fue en esa reunión cuando supuestamente Marlaska le pidió un esfuerzo de readmisión como el llevado a cabo 11 días después. Con ocasión de la celebración de la Supercopa, la policía marroquí procedió aquellos días a redadas masivas entre los subsaharianos de Tánger, operaciones que no han cesado hasta el día de hoy, según ha podido comprobar la agencia EFE en esa ciudad.

Melilla: "Una decisión soberana"

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el ministro portavoz del Gobierno, Mustafa Jalfi, explicó escuetamente que esta medida está destinada a desarrollar la actividad comercial del puerto de Nador, en el noreste de Marruecos y localidad vecina de Melilla. "Es una medida normal y soberana para desarrollar el nuevo puerto [de Beni-Enzar]", señaló Jalfi, sin mencionar en ningún momento el nombre de la ciudad española.

Esta es la primera vez que el Gobierno marroquí se refiere al cierre de la aduana con Melilla, una medida tomada sin previo aviso al Ejecutivo español y sin comunicación oficial. Los empresarios marroquíes han respaldado la decisión de las autoridades de cerrar la aduana a toda actividad de importación y exportación para relanzar la actividad comercial en la zona.