Andalucía demandará a Rajoy el dinero para pagar alquileres a familias desahuciadas

El Gobierno andaluz ha estrenado un programa de ayudas dotado con 2,27 millones de euros y destinado a pagar el alquiler a aquellas familias que hayan sido desahuciadas de sus viviendas y estén en situación de emergencia social. No hay estimación de cuántas familias podrán optar a este pago y se prevén dos recargas presupuestarias más en cifras similares en el próximo año. Los beneficiarios deberán acreditar que no tienen ninguna otra casa en propiedad. También podrán pedir estas ayudas aquellas personas que hayan sido avalistas y sufran una ejecución presupuestaria, así como los autónomos que hayan emprendido una actividad ofreciendo su vivienda habitual como garantía de un préstamo. La ayuda pagará un alquiler privado por un máximo de tres años y está diseñada en términos muy parecidos a la ley de función social de la vivienda, recurrida por el Gobierno al Tribunal Constitucional y paralizada de forma cautelar.

Sin embargo, esta ayuda, según la Consejería de Fomento, dirigida por Elena Cortés (IU) es más cara que la expropiación temporal de la vivienda que preveía la ley. Los cálculos de la propia administración estiman que “se doblan los costes”. Con la fórmula prevista en la norma se pagaba un justiprecio para la expropiación, el 2% del remate de la vivienda, y la familia permanecía en el piso pagando durante tres años una especie de alquiler que no podía superar el 25% de los ingresos familiares.

Este mecanismo “minimizaba el impacto en las arcas públicas”. Sin embargo, con la nueva línea de ayudas la Consejería tiene que buscar alquileres en el mercado e incluso se puede dar la paradoja que se acabe pagando una renta por un piso a la misma entidad bancaria que desahucia al beneficiario de la ayuda. Además con este pago del alquiler, a diferencia de lo que ocurría con la expropiación, los beneficiarios no pagan nada ni asumen ningún coste. “Sólo en la primera dotación presupuestaria de la ayuda, la suspensión cautelar de la norma tendría un coste para las arcas públicas de 1,1 millones de euros”, según sostiene la Consejería de Fomento y Vivienda.

Estos son los argumentos en los que trabaja el Ejecutivo andaluz para realizar, a través de la Dirección General de Vivienda, una reclamación patrimonial al Gobierno de España por el menoscabo en las arcas públicas en caso de que el Constitucional falle finalmente a favor de Andalucía. Según explicaron fuentes de la Consejería a El Confidencial, la reclamación de los fondos se hará en primer lugar dentro de las transferencias que el Ministerio de Fomento realiza a las comunidades en el plan estatal de vivienda. “Esta ayuda no debería ser necesaria en caso de que tuviéramos disponible la herramienta de la expropiación temporal del uso de viviendas; la Consejería no la hubiera sacado. Por supuesto esta ayuda no supone la solución del problema de los desahucios en Andalucía. Es únicamente una herramienta paliativa”, aseguran fuentes del departamento que dirige Izquierda Unida. Las ayudas no podrán exceder los 6.000 euros anuales y las viviendas alquiladas tendrán entre 70 y 90 metros cuadrados, según el número de miembros de la unidad familiar.

La pelea entre Junta y Gobierno por las políticas contra los desahucios vuelve a estar en la primera línea de la confrontación política después de que el Parlamento, con los votos de PSOE e IU, autorizara volver a elevar alegaciones al Constitucional contra la paralización cautelar de parte de la ley antidesahucios aprobada en Andalucía. El Gobierno de Rajoy también prepara sus propias reformas legales para blindar de los desahucios a las familias que suspendan los pagos de sus viviendas.

En Andalucía se ha reforzado además la ofensiva de sanciones y multas a los bancos con viviendas vacías. Los servicios jurídicos han enviado ya nuevas alegaciones, a las que ha tenido acceso este periódico, insistiendo en que el Estado presentó “datos falsos” para pedir la suspensión cautelar de la norma aprobada en Andalucía en septiembre de 2013 y que estaba amenazada con un recurso antes incluso de ver la luz. Un decreto con medidas similares a las que incluía la ley ya había sido tumbado por el Gobierno por “invasión de competencias”.

En las nuevas alegaciones enviadas al Alto Tribunal la Junta subraya que la Abogacía del Estado aseguró que Sareb era propietaria de 911 viviendas protegidas vacías en Andalucía, un dato que la propia sociedad de gestión de activos rectificó y rebajó a 98. Uno de los principales argumentos esgrimidos para paralizar la norma era precisamente el “grave impacto” que podía tener en la reestructuración bancaria.

Andalucía apela a la mejoría económica

Los servicios jurídicos del Gobierno andaluz también apelan a la recuperación económica en su escrito al Constitucional en el que piden que se reconsidere la suspensión cautelar de la norma antidesahucios andaluza. En concreto, alude al Informe de Estabilidad Financiera (IEF) elaborado por el Banco de España en noviembre de 2014 por entender que contrarrestan los datos contenidos en el de 2012, que fue el que utilizó la Abogacía de Estado para alertar del perjuicio de la norma andaluza en el reflotamiento del sistema bancario. Se aferra en concreto a un pasaje del último informe del Banco de España: “En resumen desde la publicación del último IEF se ha producido una mejoría de las condiciones de financiación en los mercados financieros nacionales. Por otra parte el mayor dinamismo del PIB en España se está traduciendo en una recuperación del empleo. Esta evolución ha venido acompañada, además de un cierto fortalecimiento de la situación económica y financiera del sector privado no financiero”.

En Andalucía, lejos de retroceder, los desahucios no paran de crecer. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística señalan que es la comunidad con más número de desahucios sobre viviendas. Un total de 8.034 en el primer trimestre de 2014. El Gobierno andaluz también ha detectado un repunte en los impagos de familias inquilinas en viviendas públicas y pondrá en marcha otra línea de ayudas dotada con 4,3 millones de euros que prevé estar en marcha a principios de 2015.