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Los ecologistas denunciarán a Bruselas el aeródromo “ilegal” en Doñana
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NO PUEDEN VOLAR DRONES CIVILES

Los ecologistas denunciarán a Bruselas el aeródromo “ilegal” en Doñana

Los ecologistas denunciarán el proyecto a Bruselas tras los oídos sordos de la Junta y el Gobierno. Creen que este aeródromo se salta el Plan de Ordenación Territorial

Foto: Drone en Doñana (Foto: Aeromab)
Drone en Doñana (Foto: Aeromab)

¿Otro aeropuerto de Ciudad Real en Doñana? Costará 40 millones de euros, no lo pueden utilizardrones civiles que no existen, y admiten que sólo operarán 2,5 vuelos a la semana… El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha autorizado al proyecto CEUS (Centro de Ensayo de Sistemas no Tripulados) del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) en El Arenosillo en el entorno de Doñana, en la Zona “A”, de máxima protección ambiental, contra la opinión de los ecologistas y de expertos que denuncian su ubicación y nula viabilidad económica.

Los ecologistas denunciarán el proyecto a Bruselas tras los oídos sordos de la Junta y el Gobierno. “Lo vamos a mirar con lupa y lo vamos a llevar a Europa a ver si allí nos hacen caso”, resalta a El Confidencial Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva. El Ejecutivo andaluz, como denuncia Romero, se salta para construir este aeródromo el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (POTAD).

En el BOE del pasado 23 de octubre llegó la autorización ambiental, justo un año después de aprobarse por parte de la Junta de Andalucía la prevalencia del interés científico-tecnológico el 29 de octubre de 2013,como figura en el BOJA. En este proyecto, ubicado en el término municipal de Moguer (Huelva), participa no sólo el Gobierno andaluz, sino hasta dos Ministerios: el de Defensa y el de Economía y Competitividad. En la Junta lo impulsa la Consejería de Economía, Innovación y Empleo que pilota Pepín Sánchez Maldonado.

Con la descatalogación de 75 hectáreas de suelo forestal en Doñana, se saltarán varias de las normas de máximo nivel que protegen el ámbito del parque natural, así como los usos del monte público. Este suelo fue pasto de las llamas en 2002, 2005 y 2012. “La parcela no puede transformar su uso ni estado administrativo”, señala un escrito presentado ante la Subdelegación del Gobierno de Huelva presentado por Ecologistas en Acción.

Incumple la Ley de Montes

Según la Ley de Montes (Ley 10/2006 de 28 de abril, artículo 50), las comunidades autónomas deberán “garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados”. Y sin terreno al equívoco, deja claro que prohíbe el cambio de uso forestal “al menos durante 30 años”. En este caso no han pasado ni siquiera dos años del último incendio… “La instalación de esta parcela es ilegal”, denuncia la organización ecologista de un modo contundente.

La Junta y el Gobierno Central también dejan a un lado la recomendación del defensor del pueblo andaluz, quien urge a la Consejería de Medio Ambiente andaluza a “tomar medidas inmediatas” para recuperar los terrenos forestales degradados, “planteándose incluso la reforestación”. “Lo contrario”, apunta Ecologistas en Acción, “no sería sino contravenir el mandato legal, que es de obligado cumplimiento”.

“Rechazamos los fines militares. Cuando se quema el monte no se publica recalificar el uso. La Junta ha incumplido lo que ellos mismos legislan. Se han pasado por el forro toda la normativa. Modifican las leyes en función de sus propios intereses”, resalta a este diario Juan Romero, portavoz de esta organización ecologista en el consejo de participación de Doñana. “Hay muchos otros lugares de la provincia de Huelva donde se podría haber construido el aeródromo sin ningún problema, como el Andévalo, por ejemplo”, abunda Romero.

Amenaza contra el lince

La propia Junta de Andalucía admite en un informe de septiembre de 2013, firmado por la jefa de Servicio de Gestión del Medio Natural, Ana Warleta, que la instalación del CEUS supondrá la “desaparición” de especies incluidas en el catálogo andaluz de especies amenazadas. El lugar previsto para el aeródromo se encuentra en zona de tránsito y dispersión del lince, el mamífero más amenazado del planeta. “Varias parejas se encuentran en su entorno desde hace años y comunican a través de los arroyos constituidos en corredores ecológicos en las dos cuencas hidrográficas, la del Guadalquivir y la del Tinto”, explican Romero y Luis Domínguez, también portavoz de Ecologistas en Acción.

Máquina de “fabricar humo”

No sólo existen razones ambientales para no instalar en El Arenosillo el aeródromo. No resulta compatible con un polígono de tiro. Como lo admite el propio INTA, sus sistemas de cámaras y radares tienen un alcance de 30 kilómetros y de seguimiento real de 15 horas. “¿Para qué te valen si el alcance de los drones medios es de 10.000 kilómetros o 42 horas de vuelo? ¿Para volar en círculos todo ese tiempo?”, se pregunta un experto aeronáutico consultado por El Confidencial que apunta este estudio de mercado internacional que confirma la inexistencia de los drones que se podrían utilizar en CEUS.

El aeródromo también interferirá los vuelos del sur de la Península desde Rota, Jerez, Morón de la Frontera e incluso Sevilla. ”No hay nada para volar en él. Se trata de una perfecta máquina de fabricar humo que cuesta 40 millones que nunca se podrán recuperar por la inviabilidad del plan económico”, insisten fuentes del sector. ¿Y qué excusa da la Junta para insistir en este proyecto? Promete crear “250 empleos directos y 500 indirectos de alta cualificación”, pero no explican ni cuándo ni cómo.

¿Otro aeropuerto de Ciudad Real en Doñana? Costará 40 millones de euros, no lo pueden utilizardrones civiles que no existen, y admiten que sólo operarán 2,5 vuelos a la semana… El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha autorizado al proyecto CEUS (Centro de Ensayo de Sistemas no Tripulados) del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) en El Arenosillo en el entorno de Doñana, en la Zona “A”, de máxima protección ambiental, contra la opinión de los ecologistas y de expertos que denuncian su ubicación y nula viabilidad económica.

Susana Díaz
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