Puigdemont y el Gobierno prevén una respuesta del Supremo que frene la amnistía

La cuenta atrás para la ley de amnistía está a punto de terminar, pero lo que parece un final, en realidad es un principio para aquellos que buscan beneficiarse de ella. La norma que borra los delitos vinculados al proceso de independencia de Cataluña se aprobará definitivamente por parte del Congreso el próximo jueves y, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la aplicación dependerá de los tribunales que han instruido causas relacionadas con el procés. Entre los cientos de personas que buscan acogerse al perdón, la atención está centrada en Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. En el Gobierno, al igual que en Junts y en ERC, son conscientes de que se encuentran en manos del Supremo y temen que la interpretación de los magistrados perjudique a los dos líderes políticos. "No sabemos qué va a suceder", aseguran fuentes de Junts a El Confidencial.

La incertidumbre es la peor receta para las dos principales figuras del independentismo que se juegan su futuro en este empeño. Durante la larga fase de tramitación, la redacción de la norma fue sometida a sucesivos cambios que buscaban blindar el texto ante interpretaciones contrarias. No obstante, precisamente en los delitos que les afectan a ambos —el terrorismo y la malversación— el blindaje buscado falló. La redacción de la ley está llena de resquicios que pueden llevar incluso a la inaplicación, es decir, a que se queden sin amnistía.

Más allá de la posibilidad de una denegación de la amnistía, el Ejecutivo y los dos partidos secesionistas barajan como el escenario más probable que el TS opte por "paralizar" la amnistía a sus líderes a través de la consulta al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Si los jueces tienen dudas sobre el encaje de la nueva ley en el Derecho de la Unión o en la Constitución, pueden optar por dirigirse a la Justicia europea o al Constitucional. Ambos recursos dejarían congelada la amnistía de Puigdemont y Junqueras mientras se resuelven. La situación se prolongaría varios años. "Es imposible de prever", aseguran los de Esquerra. Tanto unos como otros son conscientes de que dar por hecho el perdón es un error.

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A efectos prácticos, lo que sucederá en los próximos días supone la activación de la fase judicial y desencadenará efectos inmediatos. La ley contempla una tramitación "preferente y urgente" y precisa que en cada caso "corresponderá a los órganos judiciales, administrativos o contables" adoptar "las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta ley, cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate". Las decisiones deben adoptarse "en el plazo máximo de dos meses".

Así pues, y en lo que afecta a Puigdemont y Junqueras, el Supremo se dirigirá a las partes personadas en los respectivos procedimientos para recabar su criterio antes de actuar. La decisión más inmediata se debe tomar respecto a las medidas cautelares. Este punto interesa sobre todo a Puigdemont sobre el que pesan órdenes de busca y captura que le impiden su regreso a España si no quiere ser arrestado. La ley ordena que los órganos judiciales "alcen de inmediato las medidas restrictivas de derechos que hubieran sido adoptadas". El líder de Junts ha asegurado en los últimos días que su intención es regresar a España y optar a una investidura para disputar a Salvador Illa la presidencia de la Generalitat. Necesita para ello alejar el riesgo de una detención si pisa suelo español.

La clave, las excepciones

El agujero de la ley tanto para uno como para el otro se encuentra en el artículo que regula las exclusiones y en las excepciones al perdón de delitos concretos. La situación de Junqueras y de Puigdemont son distintas. El primero fue condenado en su día por su papel en el proceso de independencia que desembocó en el 1-O, a sedición y malversación, y tras ser indultado mantiene una inhabilitación por el último delito (el primero fue eliminado en una reforma impulsada por el Gobierno). Sin amnistía no podrá regresar a la política.

El segundo nunca fue juzgado porque huyó y está procesado por estos mismos hechos. El juez Pablo Llarena le atribuye desobediencia y malversación agravada. Además, suma una imputación por terrorismo por "liderar" la plataforma Tsunami y se ve amenazado por el conocido como caso Voloh donde se investigan vínculos del independentismo con Rusia. Sin amnistía, se arriesga a una detención.

Respecto a la malversación, la ley asegura que no podrán ser amnistiados los vinculados con ese delito cuando "haya existido propósito de enriquecimiento, así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad". Para blindar la amnistía respecto al desvío de fondos públicos para sufragar el procés la norma agrega que no se considerará enriquecimiento "la aplicación de fondos públicos" destinados a "reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña" y a "convocar, promover o procurar la celebración de las consultas que tuvieron lugar en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017". Añade que el enriquecimiento debe entenderse como "el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".

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El matiz sobre el enriquecimiento se parece a la reforma en la que el PSOE trató de abaratar el delito e hizo alusión al "ánimo de lucro". Entonces, el Supremo descartó una reducción de las condenas y mantuvo la malversación agravada ante la existencia de abundante jurisprudencia que indica que la apropiación de fondos equivale al "ánimo de disponer de una cosa (en este caso los fondos públicos) como propia". Así, el enriquecimiento no tiene por qué ser sinónimo de coger unos fondos y metérselos en el bolsillo. Más bien de desviarlos para conseguir "cualquier tipo de beneficio", como por ejemplo, el éxito del plan de ruptura con España que lideraban.

En cuanto al terrorismo, la ley indica que no podrán ser amnistiados los que "hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario". La norma trató también de restringir el campo de acción del Supremo apelando a la definición de terrorismo de las directivas de la UE y no del Código Penal español. La redacción queda muy lejos de lo que Junts perseguía: eliminar por completo ese delito de las excepciones de aplicación de la norma, con garantía total de que la conducta quedaría borrada.

A la vista de la calificación realizada por el momento por el TS de los hechos de Tsunami, la plataforma que impulsó acciones contra la sentencia del procés en 2019, parece claro que la actuación se considera grave. El alto tribunal dice que Puigdemont ejerció un "liderazgo absoluto" sobre un grupo organizado para subvertir el orden constitucional y desestabilizar, de forma grave las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones".

Acabada la fase política, empieza ahora la judicial y se espera todo un pulso. Parece el final, pero es el principio.