Sánchez regala argumentos a Puigdemont para atacar a los jueces con su amnistía a la carta

"Veremos a ver si hay algún juez que esté dispuesto a prevaricar". El mensaje de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, lanzado poco después de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobara el último texto de la ley de amnistía pactado entre las formaciones independentistas y Moncloa explica muchas cosas. El partido de Puigdemont quiso enfatizar en las horas posteriores al acuerdo que esta opción final permite incluir a todo el mundo y es de aplicación inmediata. Pero eso, ni está tan claro ni depende de Junts ni del Gobierno. Depende de los mismos magistrados a los que los independentistas no tardaron ni unas pocas horas en amenazar.

La lectura del articulado final vuelve a dejar en evidencia que la ley sigue flaqueando en su evidente intento de librar a Puigdemont por completo de la acusación de terrorismo. La redacción queda muy lejos de lo que Junts perseguía: eliminar por completo ese delito de las excepciones de aplicación de la norma, con garantía total de que la conducta quedaría borrada. Y hace un quiebro al introducir una referencia a la directiva europea de 2017 sobre terrorismo. El esfuerzo es, no obstante, más dialéctico que jurídico. Lanza el mensaje de que el Derecho de la Unión es garantista mientras que el patrio roza la violación de derechos humanos.

El hecho es que tanto la Audiencia Nacional, primero, como el Tribunal Supremo, después, ya han tenido en cuenta la directiva 2017/541 antes de atribuir al expresident catalán el liderazgo de Tsunami, que consideran como un grupo organizado para fines "muy graves", entre ellos subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública. El artículo 573 del Código Penal reproduce casi de forma textual los principales aspectos de la normativa europea que ya fue adaptada a la legislación española.

La directiva citada enumera en diferentes apartados los actos que los estados miembros deben considerar actos terroristas. En ese listado figuran varios de los fines apreciados tanto por el TS como por el juez Manuel García-Castellón. Habla, por ejemplo, de los "atentados contra la integridad física de las personas" o de la "destrucción masiva de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras (...) que puedan producir un gran perjuicio económico"

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez culmina la ley de amnistía con nuevas cesiones en terrorismo, traición y malversación

Beatriz Parera Carlos Rocha

Hasta tal punto es así, que el instructor de la Audiencia Nacional incluso se refirió a ella en uno de sus últimos autos. "Los hechos investigados serían susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo a la luz de la interpretación que de este delito se deriva de las finalidades previstas en el artículo 573 del Código Penal, conforme a lo dispuesto en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo", decía aquel escrito del juez.

La complicidad del Gobierno

A pesar de esto, la ley contribuye, con la completa complicidad del Gobierno, a crear la sensación de que encaja de forma perfecta en los estándares europeos, mejores -insinúa- que los nacionales, que se quedan muy atrás. En el argumentario de Junts, distintos cargos han ido lanzando que el Código Penal es "laxo" -no como el de la UE- y eso ha ido permitiendo "interpretaciones delirantes" como las de Tsunami. El mensaje recurrente es que si algún juez se atreve a interpretar lo contrario, prevarica y se le puede acabar acusando de ello.

“La amnistía es un reconocimiento de que la represión ha sido ilegítima”, condensó el presidente catalán, Pere Aragonés, de ERC, en su primera valoración de la ley.

Otra de las caras más conocidas del independentismo, Jaume Alonso-Cuevillas, insistió también este jueves en la misma idea. "Apelando al Código Penal español se permitía esta imaginación y fabulación que existe en gran parte de la cúpula judicial española", dijo. "Si un juez sigue manteniendo estas interpretaciones poco racionales, comete hasta de prevaricación, porque son resoluciones injustas", indicó.

TE PUEDE INTERESAR

La Comisión de Venecia ve agujeros en la amnistía y pide amplías mayorías para aprobarla

Beatriz Parera

El relato queda, así, armado. La ley, como dice hasta en su exposición de motivos, obliga a "finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista". Aquellos magistrados que interpreten que hay excepciones, serán -siempre según el relato- unos delincuentes que pervierten la ley.

Prestidigitación con la Comisión de Venecia

En esa dialéctica de que la ley acerca más a España a los estándares de la UE, Moncloa ha hecho uso también del borrador de dictamen emitido recientemente por la Comisión de Venecia. Ha ignorado los aspectos que no le favorecían y ha enfatizado los que sí. La exposición de motivos se ha modificado incluso para citar ese informe que aún no es definitivo y ahora dice: "De acuerdo con las directrices de la Comisión de Venecia, se ha establecido una definición precisa y detallada para los actos susceptibles de ser amnistiados, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley".

La ley aplica la recomendación exclusivamente en lo que afecta a la malversación y vuelve a intentar reescribir el Código Penal, diferenciando el enriquecimiento personal del desvío de fondos para el procés. Olvida, no obstante, otros problemas señalados por la Comisión como la advertencia sobre la obligación de huir de "criterios para su aplicación diseñados para cubrir a individuos específicos" y no adaptar en especial a Puigdemont o la recomendación de que debería contar con un apoyo parlamentario amplio.