Los jueces se preparan ante las querellas y el asedio político por su aplicación de la amnistía

El amplio margen de interpretación judicial de la futura ley de amnistía es "similar" —incluso "mayor"— del que admitía la redacción inicial de la proposición, rechazada en el Congreso el pasado 30 de enero. Este es el criterio dominante entre jueces y magistrados, que consideran que la enmienda transaccional que ha permitido la aprobación del dictamen de la norma en la Comisión de Justicia del Congreso "no cambia nada sustancial" en la competencia jurisdiccional en la aplicación del beneficio de la gracia. Las fuentes consultadas explican que la "generación de expectativas hiperbólicas por parte del ministro de Justicia, Félix Bolaños" van a frustrar a los partidos independentistas, que creen haber arrancado al Gobierno una "amnistía integral".

Félix Bolaños ha generado expectativas hiperbólicas, pero la ley hace cambios solo "pirotécnicos" y es más interpretable

En sectores cualificados de la magistratura se prevé que la aplicación de esa norma active la amenaza que formuló la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, el pasado jueves: los jueces que no apliquen la amnistía de forma automática, "prevaricarán". En consecuencia, magistrados del Supremo y fiscales, consultados por El Confidencial, prevén querellas por prevaricación para detener la investigación a Carles Puigdemont por la Sala Segunda a través de la instrucción que corresponde a la magistrada Susana Polo.

Y dicen "asumir" que, en el desarrollo de la aplicación de la ley, se constituirá una o varias comisiones parlamentarias para investigar lo que quedó reflejado en el pacto entre el PSOE y JxCAT firmado por Jordi Turull y Santos Cerdán en Bruselas el pasado 10 de noviembre de 2023. Uno de los acuerdos, sobre la amnistía, decía:

"Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta del 2014 y del referéndum del 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Jueces y fiscales creen que se activa el pacto PSOE-Junts sobre el "lawfare" si la aplicación de la amnistía no es "integral"

En función de la literalidad del acuerdo, de no satisfacer a los independentistas la aplicación de la amnistía, se constituirán comisiones de investigación sobre el "concepto lawfare" (politización de la justicia), advirtiendo que las conclusiones a las que se llegue podrían dar lugar, además de a cambios en las leyes vigentes, también a "acciones de responsabilidad" a jueces y magistrados.

"El PSOE está vinculado a este pacto que cumple al pie de la letra", afirman fuentes judiciales que "no dudan" en que el Gobierno apoyará la investigación parlamentaria que reclame tanto Junts como ERC "porque, además, contaría con el respaldo de Sumar y de los demás socios de Pedro Sánchez". Sin embargo, los jueces y fiscales consultados por este periódico creen que "esperarán a comprobar cómo se aplica la ley, antes de iniciar un choque de consecuencias imprevisibles". Y añaden que "nunca el presidente ha reprochado a sus socios los insultos a jueces y magistrados proferidos desde la tribuna del Congreso", por lo que no esperan ningún apoyo del Ejecutivo.

La ley de amnistía puede ser la primera de otras que agudicen la crisis de constitucionalidad

Tampoco se descarta en la magistratura que, al amparo del lawfare, el Gobierno tome iniciativas que le vienen reclamando los independentistas catalanes y vascos, incluido el PNV: la creación de Consejos Judiciales autonómicos, sobre lo que advirtió seriamente el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel Marchena. El pasado día 21 de febrero, el magistrado avisó: "Quisiera dejar constancia de mi preocupación de que esta situación casi de muerte tanatológica que se está produciendo en el CGPJ no sea la excusa para dinamitar el sistema, que no lo sea para abordar un salto en el vacío como lo que representaría fragmentar el Poder Judicial y hacer un mosaico territorial".

En todo caso, es prácticamente unánime en la judicatura la convicción de que ninguno de sus miembros comparecerá en esas eventuales comisiones de investigación para responder sobre el desempeño de su función jurisdiccional, apelando a los argumentos ya esgrimidos por Pablo Lucas, presidente en funciones de la Sala Tercera del Supremo y magistrado adscrito al control judicial del Centro Nacional de Inteligencia, cuando fue llamado al Parlamento de Cataluña, a pesar de que fue denunciado ante la Fiscalía, sin consecuencias, por su negativa. Lucas explicó los fundamentos legales que impiden a un juez rendir cuentas a un parlamento sobre sus decisiones jurisdiccionales. Ahora, ese argumentario, se actualiza porque será el mismo con el que se conteste a otros eventuales llamamientos parlamentarios a jueces y magistrados.

La previsión es que no se paralice la causa contra Carles Puigdemont en el Supremo ni el caso Voloh en Barcelona

La enmienda transaccional que ha permitido la aprobación del dictamen de la proposición de ley de amnistía es duramente criticada por los magistrados y fiscales consultados por El Confidencial. Estiman que la apelación a la directiva sobre terrorismo de la Unión Europea de 2017 es "pirotecnia" por dos razones: la primera, porque está traspuesta al ordenamiento jurídico español por la ley orgánica 1/2019, de 20 de febrero que modifica el Código Penal "para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional".

La segunda razón por la que se considera "irrelevante" la remisión a esa directiva consiste en que formula una definición del tipo de terrorismo prácticamente similar a la del Código Penal vigente, de tal manera que la causa abierta por el Supremo contra Carles Puigdemont y el diputado autonómico Ruben Wasensberg continuará.

Respecto a la malversación, la proposición de ley "vuelve a incurrir en el mismo defecto de la anterior modificación: el ánimo de lucro, el enriquecimiento patrimonial, es un concepto polisémico y, por lo tanto, interpretable". Por fin, respecto de los eventuales delitos de traición —vinculados a la connivencia del independentismo en las fechas más críticas del proceso soberanista con representantes del régimen ruso— los jueces se atendrán al principio de legalidad penal sin que el de tipificación pueda verse alterado por la remisión a la resolución XXV de Naciones Unidas sobre este delito y los que atenten contra la paz y la independencia del Estado. "No es, por eso, probable que el juez Aguirre archive las diligencias en el caso Voloh".

En estas circunstancias, fuentes del Tribunal Supremo insisten en que su Sala Segunda elevará cuestión prejudicial sobre varios aspectos de la norma, tal y como ahora está prevista, que de ser admitida suspendería la aplicación de la amnistía en los procedimientos en curso o en resoluciones firmes. Igualmente, se elevarán cuestiones de inconstitucionalidad. Para hacerlo, además, las fuentes consultadas subrayan que los magistrados se apoyarán también en el borrador del informe de la Convención de Venecia del Consejo de Europa.

El dictamen de este organismo, susceptible de modificaciones, no entra en la constitucionalidad de la ley, aunque sugiere una reforma constitucional para su mejor cobertura, reconoce que debe ser aplicada por los jueces, establece como estándar general de esta medida que se aplique con generalidad y no a personas concretas, reprocha la tramitación parlamentaria urgente y pone en duda que pueda conseguir los fines de conciliación que pretende al observar una fuerte división política y social sobre la medida. "En ese informe hay argumentaciones muy útiles para armar más y mejor la cuestión prejudicial y las cuestiones de inconstitucionalidad".

Se mantiene el propósito de elevar la cuestión prejudicial al TJUE y la cuestión de inconstitucionalidad

Estas fuentes dan por descontado que la aprobación del nuevo dictamen de la amnistía, que se votará esta semana próxima en el Congreso, impedirá cualquier acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que hace "temer" nuevas iniciativas legislativas como las advertidas por Manuel Marchena: consejos judiciales autonómicos que dinamitarían el actual órgano del gobierno de los jueces. "Esta ley puede ser la primera de otras que incidan en la crisis de constitucionalidad que estamos viviendo".