Policías y guardias civiles exigen a Marlaska que muestre su instrucción sobre aeropuertos y puertos

Cunde la preocupación entre los policías y los guardias civiles ante los planes de Interior de alterar el reparto competencial de la seguridad en puertos y aeropuertos. Los representantes sindicales de la Policía y la Guardia Civil exigen al ministro que les muestre la instrucción desvelada por El Confidencial que contempla entregar a la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra el control de la seguridad en la zona restringida de estas infraestructuras en el País Vasco y Cataluña. El proyecto implica además cambios en el resto del Estado, donde el Instituto Armado quedaría relegado a un papel testimonial, también en Barajas.

Desde la Policía y la Guardia Civil exigen al ministro Fernando Grande-Marlaska que ponga fin al secretismo sobre una reforma sensible que afecta a sus competencias. Las fuentes consultadas afirman que se ha elaborado con sigilo y que tiene su origen en las presiones de los socios parlamentarios nacionalistas e independentistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde Interior, en cambio, niegan este extremo. Los puertos y aeropuertos tienen el carácter de frontera exterior Schengen (acceso al territorio europeo) por lo que supone entregar a los gobiernos vasco y catalán el control de la seguridad en las fronteras aéreas y marítimas.

“Hemos dirigido un escrito a Interior y otro reciente al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, para que confirmen o desmientan estas noticias. No hemos recibido respuesta”, se queja el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan Fernández. Lo considera “una muestra de desprecio del ministro hacia los guardias civiles”. “Si esta instrucción ve la luz en el sentido de la información publicada en El Confidencial, para nosotros el peor ministro de la democracia pasaría a ser el peor ministro de la historia por ir en contra de los guardias civiles”, ha añadido.

Desde la AUGC remitieron el 27 de marzo su último escrito al secretario de Estado de Seguridad y número dos de Grande-Marlaska. Pedían información y apelaban a la “lealtad institucional” y a la “preocupación” en la Guardia Civil. Tres días después, también remitió un escrito formal al secretario de Estado el colectivo Justicia Guardia Civil (JUCIL). Instan al Ministerio a que se les facilite toda la documentación “dada la gravedad y la preocupación que estas noticias están generando”.

“No nos ha informado nadie de nada”

“No nos ha informado nadie de nada”, protesta el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, en conversación con este periódico. Denuncia el “tremendo ocultismo de Interior”. La Guardia Civil es el cuerpo más perjudicado por el reparto competencial que recoge la instrucción sobre el nuevo reparto competencial en las labores de seguridad en las fronteras de puertos y aeropuertos.

El criterio que baraja Interior es que la totalidad de las competencias en seguridad ciudadana y policía judicial en puertos y aeropuertos la asuma el cuerpo policial que tiene asignada la competencia territorial en esas demarcaciones donde se ubiquen estas infraestructuras críticas, habitualmente en zonas urbanas. En el País Vasco corresponde a la Ertzaintza y en Cataluña a los Mossos d’Esquadra, pero en el resto de España recae en la Policía Nacional y eso incluye el aeropuerto de Madrid-Barajas. Por eso, la Guardia Civil queda reducida casi en exclusiva a labores de control fiscal y protección perimetral en todo el Estado.

Desde los sindicatos de la Policía Nacional también se han pronunciado en las últimas horas al conocer la existencia de un documento de Interior que ya plasma por escrito estos cambios sin que haya visto la luz públicamente todavía ni haya sido consensuado. “Que Interior siquiera se plantee entregar a las policías autonómicas catalana y vasca competencias (sean las que sean) en las zonas restringidas de los aeropuertos y puertos es algo gravísimo. La seguridad pública de España no se puede despiezar más”, opina la Confederación Española de la Policía (CEP).

JUPOL, colectivo hermano de JUCIL en la Policía Nacional, también ha mostrado su “preocupación por el secretismo con el que está gestionando Interior esa supuesta cesión, pero sobre todo con el fondo”. “No se pueden ceder competencias tan sensibles para un país como son las fronteras a Policías autonómicas. Ya vimos qué sucedió el 1 de octubre de 2017. Preguntaremos al respecto a la Dirección General de la Policía e Interior y actuaremos en consecuencia”, avisan. El 26 de marzo también preguntó por escrito el sindicado Unión Federal de la Policía (UFP). Según decía, en Barajas ya se había informado incluso de que, "en menos de 15 días, los guardias civiles tendrán que dejar parte de las funciones que tenían encomendadas".

Este lunes, el ministro Grande-Marlaska y su departamento eludieron dar explicaciones sobre la instrucción y se limitaron a explicar algo que ya avanzaba la información de El Confidencial: el plan no contempla quitar a la Policía y la Guardia Civil sus competencias exclusivas como Extranjería y resguardo fiscal, respectivamente.

El ministro elude explicar el documento

Para todo lo demás, el titular de Interior se ha remitido a la ley: “Cualquier otra medida hipotética en el marco del desarrollo de las funciones de seguridad lo serán de conformidad a la Constitución, la ley 2/86 (que regula la actividad de las fuerzas de seguridad) y a los estatutos de autonomía”. En este punto, Marlaska se ha detenido para destacar que las normas autonómicas “conforman también el marco del ordenamiento jurídico, que a nadie le resulte esto extraño”. El ministro del Interior ha esquivado la pregunta cuando se le ha preguntado expresamente si desmiente la existencia de una instrucción secreta que introduce las novedades descritas por este periódico.

A lo largo de las últimas semanas son varias las manifestaciones que han alimentado la desconfianza entre los cuerpos policiales. Según las fuentes consultadas por este periódico, la intención inicial de Interior era haber anunciado los cambios en marzo, durante la celebración de las juntas de seguridad previstas para el pasado 22 de marzo con Euskadi y el 25 de marzo en Cataluña, foro en el que Interior y las consejerías de seguridad autonómica abordan cuestiones policiales de manera bilateral.

Sin embargo, el calendario electoral y la convocatoria de las elecciones vascas y catalanas sacudió el tablero político y alteró los planes. El ministerio anuló las dos juntas de seguridad pocos días antes de su celebración. El 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena, criticó los "intereses partidistas" del PSC, que forzaron la suspensión de la junta de Cataluña.

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Según reveló la Generalitat el 21 de marzo, los acuerdos que se habían cerrado tras un año de negociaciones con el Gobierno, preveían que los Mossos d'Esquadra pasasen a ser la policía competente en la totalidad de aeropuertos y puertos de Cataluña, incluidas las zonas de tierra y las de aire, así como las aguas interiores marítimas, informan Europa Press y EFE.

Actualmente, en los puertos y aeropuertos del conjunto del Estado operan Policía y Guardia Civil con un criterio competencial distinto al territorial, que es el que ahora pretende introducir Interior. Así, se reparten los cometidos policiales que son comunes a ambos Cuerpos (seguridad ciudadana y policía judicial) en función de en cuál de las dos zonas en las que se dividen puertos y aeropuertos presten servicio. En zona pública opera Policía Nacional y en zona restringida lo hace la Guardia Civil.

Ya existe algún punto en el que Interior ha ido introduciendo este cambio como antesala de lo que pretende oficializar en caso de que entre en vigor la instrucción ya redactada. El secretario de Estado de Seguridad firmó en diciembre la aprobación de la revisión de Evaluación de Protección de un puerto en Islas Baleares ubicado en demarcación territorial de la Policía Nacional.

“Al ubicarse el puerto en demarcación territorial de Policía Nacional, le corresponderá en todo el recinto portuario las funciones genéricas relacionadas fundamentalmente con la seguridad ciudadana y policía judicial”, dice el documento, que reserva a la Guardia Civil “el resguardo fiscal”, “perseguir el contrabando” y “la custodia del puerto” en lo que tiene que ver con el perímetro.