Marlaska oculta un plan que entrega a Cataluña y País Vasco el control de sus fronteras en aeropuertos y puertos

El Ministerio del Interior oculta desde hace semanas a los cuerpos policiales una instrucción elaborada por su departamento que contempla entregar a la Ertzaintza y a los Mossos d'Esquadra el control de aeropuertos y puertos en el País Vasco y Cataluña en detrimento de la Policía y la Guardia Civil. Se trata de un documento elaborado por el equipo de su hombre de confianza en la Secretaría de Estado de Seguridad —el comisario José Antonio Rodríguez, que dirige el Gabinete de Coordinación y Estudios— y comporta una alteración del reparto competencial histórico en estas infraestructuras claves para las fronteras del Estado.

Según informan a El Confidencial fuentes conocedoras del proyecto, el ciclo electoral ha paralizado el anuncio de la medida, pero el plan recoge las aspiraciones de los partidos nacionalistas e independentistas para hacerse, en exclusiva, con el control de estas infraestructuras críticas. Los puertos y aeropuertos tienen el carácter de frontera exterior Schengen (acceso al territorio europeo) por lo que supone entregar a los gobiernos vasco y catalán el control de la seguridad en las fronteras aéreas y marítimas.

El control documental de la entrada y salida en España de ciudadanos de terceros países (fuera de territorio Schengen) lo mantiene Policía Nacional porque es competencia exclusiva suya. Pero Mossos y Ertzaintza, por ejemplo, podrían parar a un viajero recién salido del avión por el finger y hacer un control de drogas. Se les cede la seguridad de la zona restringida en un sentido amplio: prevención de la delincuencia, vigilancia, investigación de delitos, intervención en incidentes de orden público, actuación ante accidentes de tráfico, etc.

Este cambio en el reparto de las competencias policiales tras décadas de vigencia da respuesta a las exigencias de los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez, que en los últimos tiempos habían puesto el foco en esta cuestión. Entre las filas de la Policía y la Guardia Civil cunde la incertidumbre y el descontento por un documento que se ha redactado sin consensuar y de espaldas a los cuerpos policiales con representación en el conjunto del Estado. Este periódico consultó al Ministerio sobre esta cuestión y su respuesta es que no hay nada concretado.

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A mediados de marzo se produjo un curso sobre seguridad aeroportuaria en el complejo policial de Canillas, sede de los servicios centrales de la Policía Nacional. El encuentro contó con la asistencia, entre otros, de los mandos de los puestos fronterizos de Policía Nacional y de responsables de AENA, la empresa pública que gestiona los aeropuertos. En una de las charlas impartidas, un comisario de la Secretaría de Estado de Seguridad, responsable del área de Normativa de la Dirección General de Coordinación y Estudios, confirmó que esa instrucción existe y que ya venían trabajando en ella desde hace un tiempo.

Según fuentes conocedoras de lo que allí se dijo, los Mossos d'Esquadra habían intensificado sus quejas de cara a la próxima celebración de la 37 Copa América 2024. El evento tendrá lugar entre los meses de agosto a octubre de este año, en el mar y las playas de Barcelona. La policía autonómica catalana quiere hacerse cargo de la seguridad de esa competición deportiva en la zona restringida del puerto, que hasta ahora, y de acuerdo con el reparto de competencias policiales mantenido durante décadas, corresponde a Guardia Civil. Este mismo comisario también confirmó en Canillas que la nueva instrucción supone romper el criterio histórico de distribución de funciones entre los cuerpos policiales.

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Al frente de este cambio inédito en el reparto de las competencias policiales en esas infraestructuras críticas está el comisario de confianza de Grande-Marlaska, José Antonio Rodríguez, quien le ha acompañado durante sus seis años de mandato al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios. Esta es una plaza clave en Interior en la que se toman decisiones estratégicas de largo alcance como esta. Tal es la confianza del ministro en este mando —conocido como 'comisario Lenin' en algunos ambientes policiales— que, pese a jubilarse en 2021, le crearon una estructura a medida para que siguiera prestando servicios en el Ministerio, convirtiendo ese Gabinete en una Dirección General que pudiera ser ocupada por alguien que ya no era funcionario.

Se iba a anunciar en marzo

El documento, aunque ya redactado, no ha visto la luz ni ha sido compartido. Su anuncio se iba a producir durante la celebración de las Juntas de Seguridad previstas para el pasado 22 de marzo con Euskadi y el 25 de marzo en Cataluña, foro en el que Interior y las consejerías de seguridad autonómica abordan cuestiones policiales de manera bilateral. Sin embargo, el calendario electoral sacudió el tablero político y alteró los planes.

El lehendakari Urkullu anunció el 22 de febrero que los comicios vascos serían el 21 de abril. Semanas después, el 14 de marzo, el presidente Aragonès adelantó repentinamente las elecciones en Cataluña, que serán el 12 de mayo. Interior aseguró por esas fechas a este periódico que no había nada cerrado respecto a la fecha de las Juntas de Seguridad. Las fuentes consultadas por El Confidencial afirman que el ministerio anuló las dos citas pocos días antes de su celebración.

Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska asumieron que en periodo electoral un gesto así podría malinterpretarse o bien ser calificado como propaganda por parte de ambos Gobiernos autonómicos, ya en funciones, y, por tanto, denunciable por el resto de partidos políticos. Entre las fuerzas de seguridad se preguntan si el Ejecutivo de Sánchez espera ahora un momento más propicio o el documento se quedará en el cajón por tiempo indefinido.

Este cambio, que se ha trabajado con máximo sigilo en Interior, rompe un esquema histórico en el que la Policía Nacional se hace cargo de la zona pública de puertos y aeropuertos y la Guardia Civil de la zona restringida (desde el punto donde se controlan equipajes y pasajeros hasta la pista). Ambos cuerpos, eso sí, mantiene según el plan sus competencias exclusivas no territoriales; es decir, la Policía puede ejercer funciones de extranjería y fronteras en zona restringida, por ejemplo.

El aeropuerto de Barajas

Pero este volantazo contempla una derivada compleja en el siempre difícil equilibro entre Policía y Guardia Civil y el punto más caliente tiene lugar en el aeropuerto de Madrid- Barajas. La citada Instrucción otorga a la Policía Nacional todo el aeropuerto, tanto en materia de seguridad ciudadana y orden público como en lo relativo a la prevención del delito y su investigación.

La Guardia Civil queda relegada y se limitaría solo a su competencia de protección de la instalación, es decir, cuidar el perímetro y el control de accesos. También mantiene, según este plan, la función de resguardo fiscal del Estado y lucha contra el contrabando en colaboración con Vigilancia Aduanera. Esta última función ya es exclusivamente suya por Ley y no depende de la demarcación territorial de la infraestructura.

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Esto es así porque el criterio empleado por Interior para satisfacer la demanda de los nacionalistas e independentistas —que extenderá ese cambio en Barajas al resto de aeropuertos— pasa por entregar todas las competencias al cuerpo policial correspondiente por su ubicación. Como los aeropuertos y puertos están mayoritariamente en las ciudades, el peso recaería sobre la Ertzaintza en el País Vasco, sobre los Mossos en Cataluña y sobre la Policía en el resto de las zonas urbanas de España, relegando a Guardia Civil a tareas muy limitadas.

Las fuentes policiales consultadas alertan de que la Policía pasaría a asumir un volumen de trabajo muy considerable en Barajas, al asumir ahora toda la zona restringida del aeropuerto. Cualquier contratiempo que ocurriera en ella, ya sea en sus terminales, en las pistas o en los aviones, pasaría a ser gestionado por Policía. Así, un incidente en el avión en pista, un registro de las bodegas en caso de amenaza de bomba, la seguridad ciudadana en las terminales mientras los pasajeros esperan para entrar al avión por el 'finger', la recepción de denuncias, la atención al ciudadano, las investigaciones sobre delitos, la interceptación de drones… Todo este tipo de situaciones, muy comunes, pasarían a estar en sus manos y deberían ser asumidas con el mismo número de efectivos.

Los Mossos y Ertzaintza también pasarían a ejercer competencias no solo sobre la zona pública de los puertos y aeropuertos —algo que ya hacían, al estar en su demarcación territorial y haberse cedido en su día las competencias de seguridad ciudadana— sino también en la zona de acceso restringido, con lo que su control sería también total. Y este sería, precisamente, el origen de un plan cuyos efectos se extendería al resto de España y modificarían todo el escenario policial en puertos y aeropuertos.

En el País Vasco y Cataluña, la Policía Nacional mantendría solo sus competencias exclusivas, de extranjería y documentación, y Guardia Civil las suyas, de resguardo fiscal y contrabando. Esto otorgaría a las fuerzas autonómicas el control total de los puntos de acceso a territorio europeo por las fronteras al del espacio Schengen.