Hay paz para los políticos: los temas que sí tienen unidad en un Congreso polarizado

Encontrar consensos políticos en España es hoy una misión casi imposible. La crispación es la nota que acompaña cada sílaba que pronuncian sus señorías en las Cortes. Las propuestas que provocan que se enciendan todas las luces verdes en el marcador del Congreso o del Senado pueden contarse prácticamente con los dedos de una mano, pero suponen la excepción a la regla no escrita de vetos cruzados que han impreso los principales partidos en su argumentario político.

La coincidencia en el tiempo de la tramitación de la ley de amnistía, con los socios independentistas del Ejecutivo pensando ya en la autodeterminación; el estallido del caso Koldo y sus derivadas como el papel de la mujer del presidente, Pedro Sánchez; o la investigación abierta contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude fiscal ya era un cóctel explosivo para dinamitar cualquier tipo de entendimiento entre las grandes fuerzas. Pero a todo ello se ha sumado un intenso ciclo electoral, con vascas, catalanas y europeas a la vuelta de la esquina, que sin duda marcarán el devenir de la legislatura.

Con todo, hay cuestiones capaces de superar el filtro de un Congreso fragmentado en doce fuerzas parlamentarias. Un ejemplo es la tramitación de la ley ELA que el PP quiso desempolvar hace unas semanas. Ya había una proposición de ley registrada en la Cámara Baja para mejorar la atención a las personas que padecen esta enfermedad en España, pero terminó guardada en un cajón por las continuas prórrogas en el plazo de enmiendas y decayó definitivamente tras la convocatoria electoral del 23 de julio de 2023.

El partido de Alberto Núñez Feijóo, fuerza mayoritaria en el Congreso con 137 diputados, registró una nueva ley para regular la situación de los enfermos con un plan de cuidados y la creación de un Centro Nacional de Investigación. La toma en consideración de la norma salió adelante por unanimidad, y dependerá ahora de los grupos mayoritarios de la Mesa del Congreso que no se quede estancada como en anteriores ocasiones. Una semana después se llevó a pleno una segunda propuesta también relativa a los enfermos de ELA firmada por Junts. Todos los grupos, también Vox, apoyaron la iniciativa.

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La salud mental es otro de esos temas capaces de superar el fuego cruzado entre los partidos políticos. El pasado 21 de marzo el Congreso volvió a teñirse de verde para aprobar la creación de una subcomisión de Salud Mental en la Cámara Baja para elaborar un Pacto de Estado para este propósito y que prevé la comparecencia de expertos, funcionarios sociales y personal competente de las admisnistraciones públicas. La iniciativa, registrada por el PP, fue celebrada también por el Gobierno. "Fuera del bochorno, la política sirve para esto", escribió la ministra de Sanidad, Mónica García, en redes sociales.

Más allá del cuórum que suelen reunir los dictámenes de convenios internacionales, las excepciones a la regla de enfrentamiento político no son demasiado abundantes. Un caso también particular fue la aprobación de una propuesta procedente del Parlament de Cataluña para acabar con la exclusión financiera en el ámbito rural y obligar a los bancos a implantar cajeros automáticos en todos los municipios. El PP superó sus diferencias con una iniciativa defendida por parlamentarios de Junts, ERC y de los Comunes, y votó a favor de la propuesta. Solo Vox rompió la armonía con una abstención.

Por norma general, el partido de Santiago Abascal suele quedarse al margen de las iniciativas procedentes del ala izquierda del Congreso de los Diputados. El ejemplo más representativo fue la reforma del artículo 49 de la Constitución, una deuda histórica con los derechos de las personas con discapacidad y que implicaba la eliminación de la Carta Magna del término disminuido.

PSOE y PP depusieron las armas para sacar adelante la propuesta, y contó con el respaldo del resto de socios parlamentarios. Vox se abstuvo en el Congreso, y pasó al voto en contra durante la ratificación final en el Senado al entender que la reforma constitucional contribuía a "blanquear" al Gobierno de Sánchez. Los de Abascal justificaron también su voto en contra en la supuesta "desigualdad entre sexos" que consagraba la reforma acordada por PSOE y PP por aludir a la atención particular de "mujeres y niñas con discapacidad".

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En el horizonte hay otras iniciativas que también podrían suscitar, si no unanimidad, un importante consenso en la Cámara Baja. Pero el ruido político hace que los grandes pactos se queden, en su mayoría, en agua de borrajas. El PSOE registró la semana pasada una proposición de ley para abolir la prostitución en España, una de las grandes banderas políticas de los socialistas que cuenta con muchos puntos de encuentro con la postura defendida por el PP. De dejar a un lado la bronca, los dos grandes partidos podrían alumbrar un texto consensuado para luchar contra el proxenetismo, pero la honda desconfianza entre las dos fuerzas anticipa un choque de trenes difícil de encarrilar.

Lo que también parece imposible es reproducir el consenso que se produjo en el Congreso de los Diputados en 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, al aprobar una resolución para reconocer el Estado de Palestina como posible solución al conflicto, siempre que estuviera vinculado a "una negociación entre las partes" que "garantice la paz y seguridad de ambas". Sánchez ya ha declarado su intención de que el Parlamento español reconozca al Estado palestino "en esta legislatura", un compromiso recogido también en su acuerdo de coalición con Sumar. Pero el PP ya avanzó que no se sumaría a la iniciativa en los términos defendidos por los socios del PSOE.