El 'caso árabe' con el que España responde en la UE a las dudas sobre el catalán y el euskera

Este martes la petición española de que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la Unión Europea vuelve a ponerse sobre la mesa de los ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos, que se reúnen en el Consejo de Asuntos Generales. Fuentes diplomáticas de otros Estados miembros restan importancia al asunto y la presidencia belga del Consejo de la UE subraya que se trata de un "punto de información", que no se ha preparado a nivel de grupos de trabajo y en el que no se espera debate. El Gobierno ha hecho circular un documento con el que busca repetir algunas de sus posiciones de los últimos meses y empezar a superar algunas de las reservas, siendo una de las principales la del proceso legal que debería seguirse. Pero no habrá votación, porque como señalan fuentes diplomáticas españolas, las votaciones se plantean para ganarlas. Y el Gobierno está lejos de la unanimidad que requiere esta votación.

El memorando circulado por el Ministerio de Asuntos Exteriores insiste en muchas de las ideas en las que el Gobierno ha insistido desde que puso el asunto sobre la mesa del CAG de septiembre de 2023. Y es que en el camino para conseguir que las lenguas cooficiales sean incluidas en el reglamento lingüístico de la Unión, una promesa hecha por el PSOE en el marco de las negociaciones de la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados, hay una piedra en el camino muy importante: los servicios jurídicos del Consejo.

La discusión es jurídica y muy densa, y, sin embargo, es uno de los principales "peros" que esgrimen algunos Estados miembros una vez España ya se ha comprometido a asumir todos los costes financieros de la oficialidad de las tres lenguas y una vez el Gobierno ha insistido en buscar fórmulas que garanticen que otras lenguas minoritarias o regionales no puedan seguir el camino del catalán, el euskera y el gallego si el Gobierno de dicho Estado miembro no lo desea, las dos otras grandes dudas sobre las que otros países habían justificado su rechazo a la propuesta.

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La cuestión jurídica es la siguiente: los servicios del Consejo creen que para convertir en oficiales a las tres lenguas cooficiales españolas no vale con un voto unánime para reformar el reglamento número 1, sino que hay que reformar el Tratado, un camino mucho más largo y complejo, y en la reunión de este martes España va a defender que no es así, y para demostrarlo utilizará el ejemplo del uso del árabe en Naciones Unidas, como muestra el documento que se ha circulado al resto de capitales.

¿La razón de esta disputa? Hay tres estatus lingüísticos legales en la Unión Europea. Por un lado, están las lenguas de trabajo que dependen de cada institución y que son las que se utilizan en el día a día, por el otro las lenguas oficiales, y por último las llamadas "lenguas auténticas". Estas últimas son las lenguas en las que se traduce el Tratado cuando un Estado miembro ingresa en la Unión Europea. En 1986, cuando España ingresó en la Comunidad Económica Europea, el Tratado fue traducido al español y depositado en los archivos en esa lengua. Eso convirtió al español en una "lengua auténtica", y así está recogido en el artículo 55 del Tratado de la Unión Europea, pero no así las lenguas cooficiales y aunque en el Tratado de Lisboa se permitió traducir el texto a otras lenguas que "gozan de estatuto oficial en todo o parte de su territorio" esto no las convierte en "auténticas".

La visión de los servicios jurídicos del Consejo es la siguiente: una lengua oficial solamente puede ser aquella que es también auténtica. Y eso significa que hay que reformar el artículo 55 del TUE para incluir ahí el catalán, el euskera y el gallego. España se acoge en muchos casos al precedente del gaélico, la otra lengua que se usa en Irlanda y que ha alcanzado el estatus de oficial en la Unión Europea hace poco. Y, sin embargo, este ejemplo sirve precisamente a los que creen que debe modificarse el Tratado para sostener su argumentación.

Porque a diferencia del euskera, el catalán y el gallego, el gaélico, que no era hasta 2022 plenamente una lengua oficial de la Unión Europea, sí que era una lengua auténtica. Cuando Irlanda se une a la Comunidad en 1973 incluye al gaélico en ese club de lenguas auténticas en las que se traduce el Tratado, aunque no fuera oficial a nivel del club, algo que no ocurrió hasta tres décadas después a través de la reforma del reglamento número 1 que establece el régimen lingüístico de la Unión Europea, cuya modificación por unanimidad es la vía por la que el Gobierno quiere incluir las tres lenguas cooficiales como lenguas oficiales de la UE. La visión de los servicios jurídicos es que una lengua puede ser auténtica y no oficial, pero no a la inversa.

En el memorando circulado al resto de sus socios, el Gobierno trata de contrarrestar esa idea. Por un lado, recuerda que el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea señala que "las normas que gobiernan las lenguas de las instituciones de la Unión deben determinarse por el Consejo" actuando "unánimemente", y, por otro lado, se acoge a un caso concreto en el que una lengua que no es auténtica sí que es oficial: el árabe en la ONU. El Gobierno recuerda que esta lengua no es auténtica de la Carta, y, sin embargo, sí que es una lengua oficial de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, lo que le sirve de precedente al Ejecutivo español para argumentar que no debe haber un solapamiento total entre ambos estatus.

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El documento circulado va más allá de rebatir las dudas jurídicas que han ido surgiendo, sino que también busca insistir en la cuestión política de fondo. El texto va acompañado de una carta de José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, que asegura que "esta cuestión es prioritaria para España como parte de la identidad nacional española y es inherente a nuestras estructuras fundamentales, políticas y constitucionales". Fuentes diplomáticas explican que se trata de un esfuerzo por ir moviendo las posiciones, por ir convenciendo poco a poco a los Estados miembros. No es algo que se vaya a conseguir pronto, pero el Gobierno quiere aplicar la estrategia de la gota malaya con el resto de capitales. Convencer insistiendo.

España ya impulsó las tres lenguas en la Unión Europea en 2004, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y desde hace diez años se utilizan en algunos aspectos administrativos. En su memorando el Gobierno busca reflejar la idea de que las lenguas son un elemento fundamental de la "identidad nacional" española, y que "la protección" de estas lenguas es un "requerimiento" del marco jurídico español, convirtiendo la ofensiva española en Bruselas en una especie de obligación legal del Estado miembro.

El debate llegó por sorpresa en verano a la capital comunitaria, con el Gobierno dando mucha promoción a su nueva solicitud entre la confusión y perplejidad de algunas embajadas del resto de los socios europeos. De hecho, en la primera agenda en la que se incluyó este punto se llegó a recoger que se procedería a su "adopción", lo que sorprendió a muchas fuentes diplomáticas, que criticaron que se volviera a recoger la adopción en una agenda varias reuniones después.