Moncloa busca una tercera vía para tratar de convencer al PP y a Europa y renovar el CGPJ

La Moncloa ya se prepara para la nueva reunión en Bruselas entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el representante del Partido Popular, Esteban González Pons, en presencia del comisario Didier Reynders, con la intención de tratar de cerrar lo imposible: un acuerdo que logre una renovación del Consejo General del Poder Judicial atascada durante más de cinco años. El aplazamiento de la cita al 19 de febrero servirá para ganar tiempo y perfilar una propuesta en la que el Ejecutivo ya trabaja desde hace semanas. El PSOE se resiste a dejar en manos exclusivas de los jueces la elección de los vocales del Consejo del turno judicial —como reclama el PP— y defenderá una opción intermedia que refuerce la participación de la carrera, pero que no elimine por completo la participación de las Cortes en la selección, aseguran fuentes conocedoras de los contactos.

En realidad, la fórmula no es nueva y recupera como marco el sistema que se introdujo por ley en el año 2001. Aquella reforma legislativa mantenía que la elección de los 12 vocales jueces dependiera del Congreso y el Senado. Incluía, no obstante, la presentación por parte de las asociaciones judiciales de un listado de candidatos con respaldo. Las cámaras seleccionaban a partir de esa lista. Los candidatos no asociados quedaban por aquel entonces representados siempre que fueran apoyados por al menos un 2% del total en activo.

Para el PSOE, este modo de elección combina dos virtudes: refuerza la participación de la judicatura que reclama desde hace tiempo la Comisión Europea y no descabalga a los candidatos progresistas, que están obligatoriamente presentes en función de la aplicación de "criterios estrictos de proporcionalidad" detallados en la propia norma. El temor de los socialistas siempre ha sido que la votación directa de la judicatura deje fuera a aquellos aspirantes más cercanos a la izquierda.

Desde el inicio, el sistema de elección ha ido sufriendo vaivenes. En origen, la Ley Orgánica del Poder Judicial determinaba que el Congreso y el Senado eligieran a cuatro vocales cada cámara del turno de juristas de reconocido prestigio y que los 12 vocales jueces y magistrados fueran escogidos por todos los miembros de la carrera judicial. Es a esto a lo que busca ahora regresar el PP.

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Los gobiernos sucesivos fueron cambiando el modo de selección. En el 85, el primero en introducir modificaciones fue el Ejecutivo de Felipe González, que aprobó el sistema de mayor peso de las cámaras por el que el Congreso y el Senado no solo elegían directamente a los ocho vocales juristas, sino que proponían al Gobierno también los otros 12. Así se mantuvo hasta Aznar en 2001, que forzó el cambio que ahora sopesa recuperar la Moncloa.

Ya en la etapa Rajoy, aquel sistema se desechó tras comprobar los partidos que dejar el peso completo en las asociaciones judiciales no convenía a sus intereses. Tras los cambios de la fórmula, siempre ha estado la búsqueda de control de los vocales, una politización que es urgente revertir. En la actualidad, continúa en vigor el modo que introdujo el último presidente del Gobierno del PP. Los 20 vocales son designados por las Cortes, pero aquellos de procedencia judicial deben contar con el aval de una asociación profesional o de 25 miembros de la carrera.

La resistencia del PP

La propuesta, sin embargo, no se ve con buenos ojos desde el PP, que, además, ha comenzado a endurecer su postura en las últimas semanas. Los populares se habían abierto a favorecer la renovación matizando sus exigencias. Tras el último fracaso ya en la etapa de Alberto Núñez Feijóo, Génova se oponía a renovar con el actual sistema y exigía un cambio legislativo previo. Pasó, sin embargo, a exigir que la reforma legal para escoger a los integrantes del CGPJ se haga de forma simultánea. Renovar ya y modificar la norma de forma paralela para que los siguientes consejos ya se renueven con ella.

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Voces de peso del partido se oponen, sin embargo, a esta concesión. En una reciente entrevista concedida a The Objective, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, rogó "encarecidamente" que no se nombre a nadie mientras no haya una reforma en el sistema de elección de magistrados previa. Aseguró que en la actualidad el Tribunal Supremo, el CGPJ y el Banco de España "son las únicas instituciones que todavía no han sido colonizadas por el sanchismo" y deben, por ello, quedar protegidas del "asalto".

La semana extra para la siguiente reunión permitirá a ambas partes perfilar posturas y, además, evitará la imagen de un encuentro con visos de pacto en plena recta final de la campaña de las elecciones gallegas, que se celebran el domingo 18. Del próximo Consejo General del Poder Judicial dependerá la selección de decenas de magistrados del Tribunal Supremo, cuya elección ha quedado bloqueada por la ley que impide al órgano nombrar cuando esté en funciones.