Malestar por el intento de Moncloa de endosar al Supremo las escuchas a Aragonès

Moncloa deja atrás una crisis con la judicatura y se mete en otra. La desclasificación del auto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas en el que se autorizaba al Centro Nacional de Inteligencia la intervención del móvil de Pere Aragonès, ha provocado una nueva oleada de malestar en el TS donde muchos magistrados tienen la sensación de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de "endosarles" la responsabilidad de las escuchas con el sistema Pegasus para eludir así asumir que estas se realizaron coincidiendo con la etapa socialista en el Ejecutivo.

El caso Pegasus, que nunca fue cómodo para el Gobierno, ha rebrotado con fuerza renovada coincidiendo con el levantamiento del secreto de una parte mínima de la actuación de los servicios secretos a partir de junio de 2019. Aragonès ha tenido acceso a los motivos en los que el CNI basó la solicitud de intervención de su teléfono: las sospechas de que "dirigía" entonces las acciones de los CDR y que lo hacía desde la clandestinidad y al margen de su posición institucional, en aquel momento, como vicepresident de la Generalitat.

La reacción de Moncloa no ha gustado en el TS. Fuentes gubernamentales se apresuraron a alegar su supuesto desconocimiento del pinchazo y apuntaron que las escuchas venían causadas por operaciones iniciadas por el CNI "antes de que llegaran al Gobierno" —responsabilizando, con ello, al PP— y "contaron siempre con autorización judicial". "Ni el CNI, ni el Supremo tienen que informar, lógicamente, al Gobierno", dijeron.

No obstante, las fechas de los autos no avalan esta versión. El primero de ellos está fechado en julio de 2019 y se acompaña de dos prórrogas de tres meses dictadas en octubre de 2019 y de enero de 2020. En aquella fase, Sánchez mantenía conversaciones para lograr el apoyo de ERC a su investidura, mientras que, de forma paralela, se desarrollaban los altercados contra la sentencia del procés.

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El papel del Supremo en esta intervención es de simple control. No es el alto tribunal el que decide a quién se debe intervenir ni los motivos por los que debe hacerse. Se limita a controlar que la solicitud de los servicios de inteligencia esté motivada. En el caso concreto de Aragonès, el auto reproduce los motivos alegados por el centro tras la llegada de Sánchez a Moncloa. Se realizaba, dice, "no por su condición de vicepresidente de la Generalitat, sino por la labor de dirección y coordinación de las actividades de los CDR".

El malestar vinculado a las escuchas viene caldeándose desde hace semanas. La tensión generada por el amago de Junts y ERC de citar a determinados jueces a las comisiones parlamentarias bautizadas como del lawfare empezaba a calmarse cuando comenzaron a surgir nuevas tensiones. Preocupaban ya entonces otras demandas del independentismo y la postura que adopte el Ejecutivo frente a ellas.

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La combinación de la creación de la comisión sobre el caso Pegasus; la activación de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso con la presencia de Junts, ERC y Bildu, que estarán representados por Míriam Nogueras, Gabriel Rufián y Mertxe Aizpurua, y las pretensiones de Esquerra en el procedimiento judicial que dirige un juzgado de Barcelona se ha convertido en un cóctel que la judicatura ve peligroso.

Preocupación

El primero en verbalizar la preocupación fue el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, que, en uno de los actos en los que participó hace unas semanas, aseguró que la desclasificación de información puede convertirse en otro motivo de "desencuentro" entre poderes. "Está en sus manos no propiciar los mismos desencuentros desclasificando, para su espuria difusión, hechos totalmente fuera del contexto en el que surgieron", indicó.

El Gobierno se mantiene en este caso en un equilibrio cada vez más delicado. Desde el inicio de la legislatura, ha tratado de dar cabida a las solicitudes del independentismo en este punto, pero manteniendo, a la vez, prudencia. Por ejemplo, ha prometido "transparencia", eso sí, siempre que las desclasificaciones que se reclamen no afecten a la seguridad nacional. La crisis con ERC se agrava ahora por un incremento de la desconfianza. La mayor parte de los datos que quiere conocer Esquerra siguen clasificados.

Además de escuchar como imputada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, el juez encargado del procedimiento en Barcelona ordenó toda una batería de diligencias, todas ellas solicitadas por ERC, a las que aún no se ha dado respuesta. Tras apreciar "la posible existencia de infracciones penales, entre otras, de la intercepción ilegal de comunicaciones y espionaje informático", reclamó al CNI información precisa sobre las escuchas a Aragonès.

En relación concreta con la actividad del CNI, el magistrado requería, por ejemplo, previa solicitud de la pertinente desclasificación, "información relativa a la compra y posible uso del programa Pegasus". Buscaba saber si el centro dispone de licencia de uso, si cuenta en exclusiva con las facultades de autorización de su utilización en el territorio español o si otros organismos tendrían licencia. También qué entidad mercantil adquirió la licencia y qué personas concretas actuaron en nombre del CNI.

Piden acceso a más datos sensibles

El juez iba aún más allá, en la misma línea de la querella de ERC. Exigía que se aporten los documentos relativos al encargo, compra, instalación y pago, que informaran si han hecho uso del software Pegasus en relación con Aragonès y acceso completo a cualquier registro de eventos o incidencias, información o datos vinculados al uso del programa Pegasus sobre cualquier dispositivo vinculado al presidente de la Generalitat.

Exigía que se aporten los documentos relativos al encargo, compra, instalación y pago, que informaran si han hecho uso del software Pegasus en relación con Aragonès y acceso completo a cualquier registro de eventos o incidencias, información o datos vinculados al uso del programa Pegasus sobre cualquier dispositivo vinculado al presidente de la Generalitat.

A puerta cerrada, Esteban ya mostró las autorizaciones judiciales del TS para espiar

Ante la Comisión de Secretos del Congreso, en mayo de 2022, Esteban reconoció que se realizaron escuchas a 18 dirigentes independentistas con esta tecnología ante la sospecha de presuntas actividades ilícitas, pero con previa autorización judicial. Entre los espiados por el CNI, estarían Aragonès; los diputados Míriam Nogueras, Albert Botran y Carles Riera; el portavoz de Ómnium Cultural, Marcel Mauri; los tres ingenieros de Tsunami Democràtic, Elies Campo, Jordi Baylina y Pau Escrich, y personas del entorno de Carles Puigdemont. A puerta cerrada, Esteban ya mostró entonces las autorizaciones judiciales del Tribunal Supremo para espiar a todos ellos. El CNI se desvincula del resto de escuchas, más de 60, que publicó The New Yorker con base en información ofrecida por Citizen Lab.