Montero diluye el impuesto a las herencias de Díaz que enerva a los barones del PP

María Jesús Montero ha cerrado la puerta —por segunda vez en menos de 24 horas— a la posibilidad de explorar un impuesto estatal a las herencias, como propuso Sumar este jueves en la reunión de la comisión de Hacienda en el Congreso. La vicepresidenta ya descartó tras la comisión la creación de un nuevo tributo que siga los pasos del gravamen a las grandes fortunas que puso en marcha hace unos meses. Y en Sevilla, en un acto en la Delegación del Gobierno en Andalucía, ha vuelto a hacerlo a pesar de que los barones del PP ya han salido en tromba para rechazar la ocurrencia de Yolanda Díaz y acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de intentar invadir la autonomía fiscal de las autonomías.

La ministra de Hacienda lo ha dejado claro. El acuerdo de coalición firmado a finales de octubre con Sumar no incluye ni una coma sobre este nuevo tributo. Fue Carlos Martín Urriza, el portavoz económico de la formación, quien destapó la idea en el Congreso el jueves. Pero Montero no se ha movido de su rechazo. Al salir de la comisión aseguró que no conocía el detalle técnico, deslizó que se trataba de una competencia autonómica e insistió en que la política fiscal del Ejecutivo es la que figura en el acuerdo firmado en el Reina Sofía entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Es cierto que Montero y el propio Pedro Sánchez tienen una posición previa en materia de impuesto a las herencias que no se separa mucho de la propuesta de Sumar. Al menos en lo político. La propia ministra, desde su etapa como consejera andaluza de Hacienda, se ha mostrado a favor de la "armonización" de este impuesto. Hace ya varios años que las comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza, se han enfrascado en una competición de rebajas en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Se trata de un tributo cedido, por lo que las regiones pueden bonificarlo hasta el 99%. Y muchas lo han hecho, incluso entre las de signo socialista. Montero lo rebajó en dos ocasiones como consejera de Susana Díaz en virtud a un pacto con Ciudadanos en la legislatura que duró de 2015 a 2018.

A su llegada al Gobierno central, Montero se abrazó a esa idea de la armonización, pero siempre enmarcada dentro de la reforma del modelo de financiación autonómica. Y ahí sigue. Por eso ha instado a abordar la petición de Sumar en ese contexto, a pesar de que la ministra de Hacienda es consciente de que se trata de una negociación que lleva atascada casi una década. La petición de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia de un fondo transitorio que compense la infrafinanciación que sufren desde hace años da cuenta de este bloqueo, pero la posición del Gobierno es clara: son PP y PSOE los que deben ponerse de acuerdo porque la reforma se hace por medio de una ley orgánica. Y dentro del PP hay barones con una posición muy distinta, sobre todo después de que el 28-M tiñese casi todo el mapa autonómico de azul.

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Javier Jorrín

El doble portazo de Montero al impuesto sugerido por sus socios no ha impedido la indignación de muchos barones populares. El actual responsable económico de Génova, Juan Bravo, heredó el puesto de la sevillana en la Consejería de Hacienda de la Junta andaluza antes de irse a la cúpula popular de Alberto Núñez Feijóo. Y ya desde ese cargo era crítico con esa posible armonización. La tesis de Bravo es que la ministra de Hacienda quiere armonizar "hacia arriba", es decir, elevando el tipo impositivo. El objetivo de la vicepresidenta primera, según ha dicho siempre, es evitar que las comunidades más ricas puedan competir con las más pobres aprovechando esa condición y rebajando el tributo a las herencias para captar grandes fortunas. Es lo que en Moncloa consideran dumping fiscal, algo que el PP niega.

"Esto es un nuevo ataque a la autonomía de las CCAA", ha criticado Juanma Moreno en su cuenta de X, que ha reivindicado su rebaja fiscal, la primera decisión que tomó al convertirse en presidente de la Junta. "Si lo hicieron con patrimonio, que estaba cedido, podían hacerlo con cualquier otro", apuntan desde la Consejería de Hacienda andaluza que lidera Carolina España, donde detectan una puerta abierta a la "recentralización" de competencias asignadas a las regiones. Según el Gobierno andaluz, se trata de una "vulneración de la autonomía financiera" que reconocen los estatutos autonómicos, la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Hay que tener en cuenta que estos argumentos ya fueron utilizados por la Junta y el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso para recurrir el impuesto a las grandes fortunas, ya que consideraban que se solapaba con el de Patrimonio, también cedido. El Tribunal Constitucional, no obstante, ha rechazado estos recursos en favor del Gobierno central. "Sería una injerencia más, mientras que a Cataluña están dispuestos a darle todo", zanjan desde Andalucía, donde aseguran que sería "un impuesto contra las familias, contra los trabajadores y tendría un impacto pequeño en la recaudación, pero muy grande en las economías familiares".

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha cargado duramente en redes contra la propuesta de Sumar. La líder del PP en las islas anuncia que si el Ministerio de Hacienda transige y acepta la propuesta de Sumar, les tendrá enfrente. "Mientras se llenan la boca de federalismo, solo buscan cómo atacar, desde un centralismo jacobino, la autonomía de las comunidades y la voluntad de sus ciudadanos expresada en las urnas". Para Prohens la iniciativa busca vaciar de competencias a las regiones y de ahí la promesa de que si la medida sale finalmente adelante peleará por "nuestra autonomía fiscal y tributaria, nuestra idiosincrasia, el derecho a no tener que pagar por toda una vida de trabajo y de esfuerzo de nuestros padres".

El rechazo también es frontal en el Gobierno de La Rioja. Alfonso Domínguez, consejero de Hacienda, en declaraciones a El Confidencial, tilda de "inadmisible" la propuesta de Sumar. "Si finalmente se convierte en ley, nos opondremos frontalmente. Es una injerencia inadmisible en la autonomía financiera de las comunidades y del sistema de financiación, que nos cede la totalidad o la parcialidad de algunos impuestos. Nos han votado para bajar impuestos y estamos cumpliendo con nuestro programa electoral", remarca Domínguez.

En Aragón confirman que la comunidad seguirá la senda emprendida tras la llegada de Jorge Azcón al Gobierno regional. La autonomía bonificará los impuestos el máximo posible sin poner en riesgo ni el sistema sanitario, ni el educativo ni el de bienestar social. Fuentes de la consejería de Hacienda ponen el ejemplo de lo hecho este año. El Gobierno regional ha rebajado todo lo posible el Impuesto de Sucesiones, pero ha reforzado los servicios básicos un 10% de media. "Hay más dinero bajando impuestos", resumen las voces consultadas.

"En un momento en el que las familias necesitan certezas, el Gobierno central solo piensa en seguir subiendo impuestos", censuran en Galicia. Fuentes del Ejecutivo regional critican la posibilidad de crear un impuesto estatal para gravar las herencias de las rentas más altas. "Si hablan de armonizar al alza, eso no es armonizar, eso se llama subir impuestos", denuncian y defienden el sistema gallego, "un modelo consolidado y sostenible que se caracteriza por bajar los impuestos siempre que la coyuntura lo permita".

En Murcia, el Gobierno de Fernando López Miras tacha el impuesto de "nueva ocurrencia demagógica, oportunista y populista", pero admite que es "preocupante" que el Gobierno "no respete la autonomía y la independencia fiscal". Desde el Ejecutivo murciano aluden a la "insaciable voracidad fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez" para acusarlo de convertir a España "en el país de la UE donde más ha crecido la presión fiscal sobre las clases medias y rentas más desfavorecidas desde el año 2019". Y también ven un intento por privilegiar "a los independentistas en Cataluña" a costa de "meter la mano en el bolsillo de los murcianos". La tesis que defienden en la región mediterránea es que las rebajas fiscales aprobadas en los últimos años redundan en un crecimiento de la recaudación, un argumento que utilizan otros barones como Juanma Moreno.

Mazón también defiende la mayor recaudación

El Consell valenciano que preside el popular Carlos Mazón en coalición con Vox también mostró su oposición "frontal" a la propuesta de Sumar. La bonificación de Sucesiones y Donaciones al 99% para el primer grado de consanguinidad fue la primera medida que aprobó el nuevo gobierno de la Generalitat después del 28-M. En la memoria de la modificación tributaria se estimaba que la bonificación casi completa tendría un impacto de algo más de 200 millones en las cuentas, si bien los populares insisten en que los ingresos llegarían por otras vías gracias al impacto de esa cuantía en la actividad privada.

Para la Generalitat, querer armonizar los impuestos es "un atentado contra la autonomía y el autogobierno de las comunidades autónomas"

"Nos oponemos frontalmente a esta medida que Sumar justifica por la necesidad de avanzar en armonización fiscal, un término que en realidad es un eufemismo de lo que realmente quiere el Gobierno: mantener impuestos altos. La intención no es 'armonizar' a la baja. Esperamos que la ministra Montero, que ha llegado a vincular la reforma de la financiación autonómica a la armonización fiscal, no someta a las autonomías a este chantaje. Sería una contradicción con los principios del federalismo que tanto ha defendido el PSOE", señalaron contundentes fuentes de la Conselleria de Hacienda, que dirige la independiente Ruth Merino, ex de Ciudadanos.

Para la Generalitat, querer armonizar los impuestos es "un atentado contra la autonomía y el autogobierno de las comunidades autónomas". "Entraría en colisión con la Constitución y con leyes orgánicas", insisten, si bien no concretaron si abrirían una batalla judicial ante el Constitucional. Las mismas fuentes calificaron de "interferencia" el posible tributo de ámbito nacional e insistieron en que "la única armonización en la que deben centrarse los socios del Gobierno es la de establecer una financiación justa y equitativa para todos”.

"Plantear un impuesto estatal como una penalización a las CCAA que bajen impuestos es una ocurrencia porque el sistema autonómico actual ya penaliza a las comunidades que bajan impuestos. Todas las autonomías aportan a un fondo común del que luego se reparte, y esa aportación tiene en cuenta una recaudación normativa. Es decir: se paga lo mismo aunque recaudes menos", concretaron desde Hacienda.