Trampa para Junts: el decreto permite al Estado parar fallos del TEDH a favor del independentismo

El decreto ley de medidas urgentes en materia de Justicia, que salió adelante en una votación agónica en la que Junts optó por no pronunciarse, esconde cesiones del independentismo al margen de la ausencia de blindaje alguno de la suspensión de la ley de amnistía. La modificación legislativa que añadió leña a las suspicacias de Junts y contribuyó, entre otros puntos, a alargar la negociación con el PSOE, concede al Gobierno la llave para paralizar la reparación de aquellos condenados que logren el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los principales penados en las causas vinculadas con el procés tienen desde hace años puestas sus esperanzas en que el TEDH falle a su favor y concluya que se violaron sus derechos. Al menos así había sido hasta que se arrancó al Gobierno el impulso de la amnistía.

La trampa para las aspiraciones independentista se encuentra escondida en el Título VIII, que agrupa las medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia. Allí se introduce un cambio del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dedicado a los recursos de revisión. El decreto amplía el espectro de actuación de este tipo de recursos para permitir a la Abogacía del Estado oponerse a la revisión de una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos.

La modificación especifica que si algún afectado por una sentencia que haya sido declarada contraria a sus derechos recurre para pedir compensaciones, la Justicia debe dar traslado a la Abogacía del Estado, es decir, a los servicios jurídicos del Gobierno. La Abogacía "podrá intervenir", incluso sin tener la condición de parte, tanto por propia iniciativa como a instancias del tribunal. Se le permite "aportar información o presentar observaciones" sobre la ejecución de la resolución de Estrasburgo.

El artículo permite así a la Abogacía situarse en contra de la revisión y, con ello, paralizar la posibilidad de que la compensación por los efectos negativos de la sentencia señalada por el TEDH se lleve a cabo. Alargaría así la posibilidad de efectos reales del fallo del TEDH que habitualmente se destinan a reparar al afectado por la vulneración de derechos apreciada.

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El pasado septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite los recursos de nueve de los condenados del procés contra la sentencia del Tribunal Supremo por la que se les impuso penas de hasta 13 años de prisión y se ha dirigido a España para pedir aclaraciones. El paso de Estrasburgo pone al Gobierno en un aprieto: tendrá que indicar ahora si apoya la interpretación que hizo el alto tribunal de los hechos vinculados al referéndum del 1-O y su condena por sedición y malversación.

Inquietos por el papel de la Abogacía

El papel de la Abogacía lleva tiempo inquietando a Junts, también en lo que afecta a la aplicación de la amnistía y a su presencia en la mayoría de los procedimientos judiciales relacionados con el proceso independentista. Los servicios jurídicos estatales tendrán que pronunciarse sobre los efectos de la ley, lo mismo que la Fiscalía. Precisamente esta semana se ha producido un movimiento que chirría a los partidos independentistas en la investigación que conduce la Audiencia Nacional sobre la plataforma Tsunami.

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De pronto, el abogado estatal solicitó al juez que investiga los disturbios personarse en el procedimiento, al considerarse parte perjudicada. Lo ve justificado, en concreto, por los daños económicos que causaron las protestas en el aeropuerto de El Prat. El Consorcio de Compensación de Seguros se vio obligado a abonar a Aena más de 360.000 euros. Los "tumultos" —dice el escrito presentado— se compensaron a través de dos transferencias de abril y mayo de 2020.

Para rebajar aún más el triunfalismo, distintos altos cargos del Gobierno se ocuparon a lo largo de la jornada del jueves de pinchar las expectativas de Junts tras el pacto. El ministro Félix Bolaños aclaró que los efectos suspensivos de las cuestiones prejudiciales sobre la amnistía no tienen relación alguna con que la consecuencia quede o no reflejada en el decreto. Precisó que "no cambia nada" si los tribunales se dirigen al TJUE. "Cuando se eleva una cuestión prejudicial, se suspende el procedimiento concreto porque así lo dicen de manera pacífica, absolutamente clara, tanto el Tribunal Europeo como el Tribunal Supremo", señaló en declaraciones a TVE.

También María Jesús Montero quiso reducir las expectativas. Consultada por el programa Al rojo vivo, de La Sexta, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda avisó que "muchas de las cuestiones pactadas todavía deben diseñarse y discutirse con el resto de grupos". "Es aventurado en este momento trasladar ninguna cuestión, nos quedan largos meses de discusión", agregó.