El PP pide reunirse con el Gobierno para aliviar las cargas fiscales en lugar de "agasajar" a Bildu

El Partido Popular reclama al Gobierno una reunión para abordar sus recetas frente a la inflación y para afrontar la pobreza energética. A las puertas de la aprobación de un decreto ley en la materia, y en mitad de un nuevo pulso entre los socios sobre su contenido, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, reclama reunirse con las vicepresidentas del ramo, María Jesús Montero (Hacienda) y Teresa Ribera (Transición Ecológica).

En una comparecencia desde la sede de la calle Génova, Bravo ha reclamado al Ejecutivo que acceda a esta reunión para "intentar hacer un proyecto que sea de ayuda a los españoles, y que no tenga una única obsesión: elevar la presión fiscal y obtener más recaudación". "Mientras el Gobierno alimenta a EH Bildu y agasaja a separatistas y prófugos de la Justicia, los españoles sufrimos las consecuencias de su política económica", apostilló.

Se refería así al anuncio de EH Bildu, que este martes ha sacado por la inclusión en ese decreto de una nueva prórroga hasta 2025 de la moratoria de desahucios a los más vulnerables, atribuyéndose el mérito de haber logrado hacer realidad esta medida. Y lo hizo a apenas dos días de la moción de censura del partido de Arnaldo Otegi en Pamplona, con apoyo del PSN, que servirá para desalojar de la Alcaldía a Cristina Ibarrola, de UPN. El discurso de Bravo, muy crítico, pero centrado en lo económico, sirve como antesala a la intervención de este jueves del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en la que realizará su particular balance del año y de la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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Las propuestas que enarbola, como ha reconocido el propio portavoz económico del PP, son prácticamente las mismas recetas que plantean desde abril de 2022, y que hoy se ofrecen a remitir por escrito a la Moncloa. Pasan por la prórroga del IVA reducido del gas y la electricidad, la deflactación de los tramos del IRPF para rentas medias y bajas, o por la extensión de la reducción del impuesto sobre el valor añadido de la carne, el pescado o las conservas. También incluyen la reducción de retenciones y pagos fraccionados a autónomos, la prórroga de gravámenes como el que se aplica a la producción de la energía eléctrica o la prórroga de la prohibición de cortar suministros de agua y luz en hogares vulnerables severos.

Por su parte, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, ha criticado que, a cinco días de que expiren las medidas que hasta hoy están en vigor, "no se sepa nada" sobre qué ocurrirá con el IVA o el transporte a partir del 1 de enero. Es esta cuestión la que debe dilucidar el Consejo de Ministros de este miércoles, si bien las negociaciones aún se suceden en el seno de la coalición.

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El PP ha reciclado sus recetas, y ha reclamado al Gobierno que reduzca el número de ministerios o favorezca la ejecución de los fondos Next Generation. "Es más importante ayudar a las familias que comprar acciones de Telefónica", criticó el responsable económico del PP. Para apuntalar sus tesis, ha tirado de datos, y Marín ha hecho hincapié en que el Ejecutivo ha "disparado la pobreza energética", con tres millones de personas más que en 2018 que hoy tienen "una temperatura inadecuada" en sus hogares, por no poder afrontar los costes de climatizarlas. Por todo ello, fuentes de la dirección del partido conservador aseguran que están dispuestos a reunirse con las vicepresidentas "donde quieran y cuando quieran".

Lo que el PP no contempla hoy es facilitar la tramitación de este real decreto, que debe ser ratificado por el Congreso en un pleno extraordinario durante el mes de enero, en un plazo de no más de 30 días. No lo harán, aseguró Bravo, porque el Ejecutivo volverá a combinar en este decreto las medidas frente a la inflación con "todos los compromisos en Bruselas" suscritos y hasta ahora no incluidos en ninguna otra norma, entre ellas algunas a las que a todas luces se oponen los conservadores. "Ha tenido todo el año", afirman.