Los dos agentes del CNI fueron detenidos en septiembre por filtrar a EEUU datos de máximo secreto

Los dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) acusados de filtrar a Estados Unidos información reservada fueron detenidos en Madrid el pasado septiembre por la Policía Nacional. Tras pasar a disposición judicial, fueron enviados a prisión por un presunto delito de revelación de secretos. Fuentes próximas a las diligencias han explicado a El Confidencial que los investigados habrían facilitado a Washington datos de carácter operativo clasificados con el máximo nivel de secreto.

El episodio, desvelado este lunes por este diario, ha provocado una crisis diplomática con Estados Unidos, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado que no trascendiera. El propio CNI inició las pesquisas después de que sus mecanismos de control detectaran que dos de sus agentes podían estar consultando y recopilando archivos altamente sensibles que no formaban parte de las funciones que tenían legalmente atribuidas.

Después de meses de indagaciones, los servicios de inteligencia confirmaron sus sospechas iniciales y trasladaron todos los detalles a la Fiscalía de Madrid, que decidió presentar una querella en un juzgado de plaza de Castilla. A finales de septiembre, agentes de la Policía Nacional se personaron en los domicilios de los agentes y procedieron a su arresto. También registraron sus inmuebles y otros bienes de su propiedad.

Esas diligencias sirvieron para reforzar los indicios que ya había en contra de los dos funcionarios. La jueza que instruye el caso decretó su envío inmediato a prisión para impedir una posible destrucción de pruebas. Uno de los implicados quedó en libertad provisional hace unos días. El otro, que habría tenido un papel más destacado en la supuesta filtración, permanece en la cárcel.

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Las fuentes consultadas precisan que la fuga afecta a información estratégica para la actividad del CNI, protegida con el grado de reserva más alto que se aplica en España. La propia ley reguladora del CNI 11/2002 señala en su artículo 5.1 que forman parte de esa categoría todos los datos relacionados con las identidades reales de sus agentes, los detalles sobre los procedimientos que emplea para obtener inteligencia, la ubicación y organización de sus instalaciones y bases y, por último, el nombre de las personas que colaboran con el centro como confidentes.

Está prácticamente descartado que haya más implicados. Por ahora, el procedimiento contra los dos únicos sospechosos se instruye por un delito de revelación de secretos, una conducta que implica penas de hasta cinco años de prisión (artículo 197 del Código Penal) y que quedaría demostrada si se acredita que los funcionarios accedieron o se llevaron irregularmente documentos para los que no estaban autorizados.

Sin embargo, podrían enfrentarse a una versión agravada de la revelación de secretos, como es la acusación por traición en su modalidad de espionaje, que castiga con entre seis y 12 años de prisión al "español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera (...) revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional" (artículo 584 del Código Penal). Para ello, también sería necesario demostrar que el material robado fue efectivamente entregado a un tercer país.

Las pruebas apuntan desde el principio a Estados Unidos, aunque será difícil acreditar su implicación. Los funcionarios del CNI habrían actuado movidos por un interés económico, además de por otros factores de tipo personal. Pero los investigadores consideran que será difícil hallar alguna pista sobre esa vinculación financiera. Fuentes de la embajada de Estados Unidos en Madrid manifestaron la semana pasada a preguntas de este diario que no harían comentarios sobre este caso, por tratarse de un asunto de inteligencia.

El caso ha provocado un enorme enfado en el Ministerio de Defensa y, en general, en todo el Gobierno por la deslealtad que supone que un socio estratégico como Washington haya tratado de captar a dos de sus funcionarios para acceder irregularmente a archivos confidenciales. Con todo, la capacidad de protesta del Ejecutivo es limitada, por la delicada situación que atraviesa en la esfera internacional en estos momentos, tras sus desaires a Israel en plena guerra de Gaza, y por el peso que tiene la Administración estadounidense en todo el sistema de relaciones exteriores de España.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó este lunes la exclusiva de El Confidencial durante una visita a una base militar en Letonia.