El TC rechaza el recurso del PP sobre los expedientes de los indultos del procés

El Tribunal Constitucional ha anticipado este miércoles que desestimará el recurso presentado por el Grupo Popular contra la negativa de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet de reclamar al Gobierno los expedientes completos de los indultos. Fuentes del TC informan de que el magistrado ponente, el conservador Ricardo Enríquez que apoyada la estimación, ha retirado su texto. Volverá a presentar una nueva en los próximos plenos, tras acceder a cambiar el sentido. Los expedientes fueron elaborados cuando el Ministerio de Justicia estaba a cargo de Juan Carlos Campo, ahora magistrado del Constitucional. Se ha inhibido del asunto, tanto por este hecho como por su relación sentimental con Batet.

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Beatriz Parera

Hay otro aspecto más que tensa la situación. En los informes incluidos en esos expedientes, nueve en total, se incluye una parte argumental coincidente en todos ellos que sirvió para justificar la concesión de aquella gracia. Los escritos firmados entonces por el exministro Campo aseguran que el indulto, "a diferencia de la amnistía", es "claramente inconstitucional". Pese a que ya por entonces se reclamaba desde algunos sectores independentistas, "el indulto no hace desaparecer el delito" como si sucede con la amnistía, insistía.

Los populares acudieron al órgano de garantías después de que la Moncloa se negara a darles copia de todos los informes y de que Batet tampoco quisiera reclamárselo. El partido de Núñez Feijóo exigía el acceso a la documentación "íntegra". El PP recordaba que la Constitución establece el derecho de los diputados a solicitar al Gobierno la documentación que consideren pertinente. Consideraban que la postura de la expresidenta del Congreso fue "incomprensible", "insostenible en derecho" y denotaba "una cierta disposición a defender al Gobierno".

El Ejecutivo y Batet no veían, por su parte, posible autorizar el acceso a los documentos completos porque contenían datos sobre circunstancias personales, familiares y sociales, "así como datos de ilícitos penales que no se pueden divulgar sin contar con el consentimiento expreso del afectado" o bien después de que hayan transcurrido los plazos establecidos. Se trataba, alegaban, de una cuestión básica de protección de datos.

Según aseguran las fuentes consultadas, se ha deliberado extensamente el tema, que afecta de forma muy relevante al Reglamento del Congreso y a las facultades de su presidenta. A la vista de las opiniones expresadas la propuesta inicial se ha retirado y se traerá a un próximo pleno una nueva ponencia para su debate.