Investigan a Eugenia Martínez de Irujo por ocho pozos ilegales en Doñana

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha iniciado una investigación que salpica de lleno a la Casa de Alba. Una denuncia formulada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, a la que ha tenido acceso El Confidencial, abrió la caja de truenos contra Eugenia Martínez de Irujo y una de sus empresas, Eurotecnia Agraria S.L., con sede en Carmona. El Ministerio Público les atribuye un presunto delito contra el medio ambiente y otro supuesto delito de desobediencia por el uso irregular de pozos en Doñana.

En el centro de la investigación se encuentran ocho pozos presuntamente no autorizados en una finca agraria dedicada a una plantación de naranjos en la localidad aljarafeña de Aznalcázar. Tras abrir diligencias, el juez ha citado a declarar a la aristócrata que figura como representante legal de la empresa, confirman fuentes jurídicas. La denuncia relata que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había autorizado un pozo para 200 hectáreas de cítricos y otro para uso doméstico. No obstante, el pasado mayo la Guardia Civil llevó a cabo una inspección en los terrenos y localizaron junto a estos dos pozos "otros no inscritos" que se empleaban para regadío.

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La Sección Técnica de la CHG emitió en junio un informe que valoraba "los daños ocasionados al dominio público hidráulico en esta campaña por los riegos ilegítimos llevados a cabo hasta ese día, arrojando un consumo de 305.851,73 metros cúbicos de agua" de la masa de agua Aljarafe Sur, correspondiente al territorio del sistema hídrico Guadiamar, vinculado al parque de Doñana, por importe de "una cuantía económica de 36.702,16 euros". Según la denuncia de la Fiscalía, ese mismo mes de junio la Comisaría de Aguas de la CHG ordenó la "extracción de los equipos de bombeo instalados y el precinto de los pozos, si bien el día 12 un representante de la propiedad denegó el acceso a la finca para la aplicación de las mencionadas medidas".

Posibles delitos

La denuncia recoge que el propio Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha determinado que los hechos "pudieran ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente por detracción ilegal de aguas y un delito de desobediencia". También precisa que ha sido solicitado un "informe acreditativo del total de la superficie regada y de los cultivos existentes en los últimos diez años durante los que han estado presuntamente operativos los pozos denunciados en la finca investigada y la cantidad mínima de agua que pueda haberse detraído ilícitamente".

Especialmente, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo solicita, como medida cautelar, "extraer los equipos de bombeo instalados en las captaciones objeto del presente procedimiento y al precinto de los pozos", así como recabar "fianza para garantizar las responsabilidades civiles derivadas del curso del presente procedimiento".