Condenan al Getafe a pagar 600.000 euros a un intermediario por el traspaso de Cabrera

El Getafe tendrá que pagar 600.000 euros a F.J.O. por la labor que desempeñó como intermediario en el traspaso del futbolista Leandro Daniel Cabrera al Espanyol en enero de 2020. El club madrileño se negaba a abonarle esta comisión porque no le dieron "ninguna instrucción u orden expresa" para que sacara adelante la operación, pero en una sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, la Audiencia Provincial de Madrid repasa el contrato que ambas partes firmaron en 2018 y rechaza sus argumentos: "El intermediario sí actuó siguiendo las instrucciones del Getafe", concluyen los magistrados.

La polémica se remonta al 31 de julio de 2028, cuando el Getafe firmó con F.J.O. un "contrato de encargo de venta de los derechos federativos" de Leandro Cabrera. El club acababa de fichar al defensa del equipo italiano Crotone por 800.000 euros, pero desde el primer momento contrataron a F.J.O. "para el asesoramiento y la promoción de la futura venta y/o transferencia del jugador frente a terceros clubes de fútbol, sea cual fuere la modalidad de contratación". Año y medio después, en enero de 2020, el Espanyol pagó los nueve millones de euros en los que estaba fijada la cláusula de rescisión de Cabrera y F.J.O. reclamó su parte de las ganancias.

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Para evitar el pago, el club madrileño alegó que no había cumplido "las obligaciones contractuales". Entre otras razones, porque también actuaba como intermediario del Espanyol, lo que consideraban un claro "conflicto de intereses" y un "ejercicio desleal". "Ni el presidente del Getafe ni ninguna persona responsable del Getafe, con poder suficiente en dicho club, le transmitió al intermediario en algún momento (en concreto enero de 2020) ninguna instrucción u orden expresa, en el sentido de que buscase o encontrase un tercer club interesado en adquirir los derechos federativos del jugador vía pago de la cláusula de rescisión".

El caso terminó por llegar a los tribunales y, el 17 de noviembre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid dio la razón a F.J.O: "Debo condenar y condeno al demandado a pagar al demandante la cantidad de 600.000 euros más los impuestos legalmente aplicables al efecto (IVA menos retención) en concepto de honorarios pendientes de pago derivados del contrato de venta, más los intereses del cinco por ciento (5%) anual a contarse desde el 21 de enero de 2020 hasta la fecha efectiva de pago", ordenó el juez. No conforme con esta decisión, el Getafe recurrió, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a darle la razón a F.J.O.

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Según advierten los magistrados, el Getafe "otorgó la plena exclusividad al intermediario respecto de los servicios encargados", pero en ningún caso pactó que "no pudiera contactar con otros clubes". De hecho, le confirió amplias facultades, hasta el punto de permitirle la "realización de cuantos negocios jurídicos, actos y operaciones comerciales sean precisos para materializar la venta y/o transferencia a tercero". A la vista de este acuerdo, F.J.O. se limitó a cumplir el contrato: "Es palmario que consiguió la finalidad perseguida por el Getafe logrando que, por un tercero, se abonase la cláusula de rescisión por la que el apelante obtuvo una ganancia de 8.200.000 euros".

En cuanto al hecho de que F.J.O. se hubiera comprometido a mantener "razonablemente informado" al Getafe sobre sus gestiones, la Audiencia Provincial de Madrid considera que tampoco incumplió este requisito. El intermediario no tenía por qué avisarles sobre su relación con el Espanyol al tratarse de "dos operaciones distintas y complementarias", y "es evidente que en este tipo de contrataciones la confidencialidad y la cautela son esenciales a fin de evitar filtraciones indeseadas".

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Si el Getafe hubiera renovado el contrato del jugador "con la mejora de sus condiciones profesionales, y/o mediante el incremento de la cláusula de rescisión", el análisis sería "distinto". Sin embargo, el club madrileño no llevó a cabo ningún movimiento en este sentido y, por tanto, "lo que se mantenía era la intención manifestada contractualmente de ceder y/o vender los derechos del jugador, incluyendo la posibilidad de rescindir el contrato de trabajo".

La Audiencia mantiene así la condena previa y le obliga a pagar los 600.000 euros, aunque según apuntan fuentes jurídicas, el Getafe ya ha recurrido la sentencia y el Tribunal Supremo tendrá la última palabra.