Hacienda ordenó vigilancias contra Sito Pons en el circuito de Montmeló y El Prat

La Agencia Tributaria ordenó llevar a cabo vigilancias contra el excampeón mundial de motociclismo Alfonso Sito Pons entre 2014 y 2015 para intentar probar que estaba defraudando a Hacienda. Los seguimientos se produjeron en lugares como el circuito de Montmeló y los alrededores del Aeropuerto de El Prat, pero en una reciente sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, la Audiencia Provincial de Barcelona concluye que la acusación de Hacienda no se sostiene y absuelve al expiloto.

La decisión implica echar por tierra la tesis de la Fiscalía, que pedía 24 años de cárcel para Pons por la presunta comisión de seis delitos contra la Hacienda Pública entre 2010 y 2014. La propia Agencia Tributaria también se personó como acusación particular en el procedimiento, pero a lo largo de 133 páginas, los magistrados van desmontando sus supuestas pruebas una a una. Entre ellas, las de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera que realizaron las vigilancias.

"El funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera, con identificación 5XXXX, a través de videoconferencia, desde A Coruña, adveró como testigo que en junio y julio de 2014 efectuó, por encargo de la Agencia Tributaria, vigilancias del señor Pons y que lo vio en el circuito de Montmeló donde se disputaba el Gran Premio de España del Campeonato Mundial de Motociclismo", explica la sentencia. En otra ocasión, aseguró haberle visto "dirigiéndose al aeropuerto de El Prat, en fechas coincidentes con el gran premio de motociclismo que se disputaba en Holanda o Bélgica".

El objetivo de estos seguimientos era claro: probar que Pons permanecía más de 183 días al año en territorio español y, por tanto, su residencia en Londres no era más que una simulación para evitar la tributación correspondiente.

El 15 de junio de 2014, mientras Marc Márquez y Valentino Rossi se disputaban el primer puesto en el circuito de Montmeló, un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera seguía entonces los pasos de Pons. La Agencia Tributaria trataba de tachar así otro día del calendario, pero una vez arrancó el juicio, la credibilidad de sus testigos comenzó a tambalearse: las fechas bailaban durante los interrogatorios y ya ni siquiera quedaba claro si habían visto realmente a Pons.

El tribunal terminó por dar por bueno que le habían visto en Montmeló, pero no en su supuesta residencia de Barcelona ni tampoco en otros puntos de Cataluña: "Dijo el testigo que había transcurrido mucho tiempo y no podía precisar cuántas veces vio al señor Pons". "A lo largo del interrogatorio llegó a afirmar que no se pudo ver al conductor del vehículo y dijo que supuestamente se trataba del señor Pons y que lo afirmaba así, no por seguridad y conocimiento propio, sino por la información obtenida de otros compañeros". "En definitiva, el testigo fue dubitativo, vacilante".

Los problemas para la acusación de la Agencia Tributaria también se extendieron a un segundo funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera. El testigo debía ratificar en el juicio un informe sobre los seguimientos de 2014, pero su testimonio no permitió estrechar el cerco en torno a Pons, sino más bien al contrario: "Dijo que, a lo largo de unos cuatro meses de vigilancia, tan solo observaron la presencia del señor Pons en unas seis ocasiones".

Como advierte el tribunal, el "nudo gordiano" consistía en demostrar que el expiloto tenía "su residencia fiscal" en Barcelona, pero ni los seguimientos ni el resto de supuestas pruebas fueron suficientes. Entre ellas, los gastos de su tarjeta de crédito en España. Según concluyó el tribunal, algunos de estos pagos se habían producido cuando el propio Pons se encontraba en "los campeonatos de motociclismo que se celebran fuera del territorio español", lo que encajaba con el argumento de que su exmujer también "disponía y estaba autorizada para hacer uso de la tarjeta".

La defensa de Pons, liderada por los abogados Pau Molins e Iñaki Picaza, logró desmontar así la acusación de la Agencia Tributaria, en cuyos propios informes ya se reflejaba la falta de solidez de su versión: "Afirman que en el año 2011 solo han podido identificar el lugar de permanencia del señor Pons en 103 días y en el año 2012 en 135 ocasiones. Ergo, la propia administración tributaria viene a admitir que no superaron los 183 días de permanencia", destaca la sentencia.

El tribunal, de hecho, también critica que la Agencia Tributaria tratara de probar su permanencia en España con "meras conjeturas" y "evanescentes hipótesis", apuntando para ello a un requisito básico de este tipo de investigaciones: "No es admisible una suerte de inversión de la carga probatoria", advierte. "No le corresponde al ciudadano acusado demostrar que no ha residido de forma permanente en España, sino que ello incumbe a la administración tributaria".