Sito Pons arma su defensa 'de la mano' de UK frente a los 24 años de cárcel que pide Fiscalía

El excampeón mundial de motociclismo Alfonso 'Sito' Pons se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Barcelona a partir del 28 de febrero. La Fiscalía pide 24 años de prisión y más de 15 millones de euros entre multas e indemnizaciones, una acusación que se centra en que presuntamente defraudó 2,7 millones al fingir que vivía en el extranjero mientras residía en la Ciudad Condal. Frente a esta tesis, fuentes jurídicas apuntan a que el expiloto centrará su defensa en dos argumentos: las autoridades británicas consideran que es residente fiscal en Reino Unido desde 2013 y, para resolver esta cuestión, trataron de iniciar un procedimiento amistoso con España en 2017.

El escrito de la Fiscalía, adelantado por el diario 'ABC' en 2020, apunta a la comisión de seis delitos fiscales entre 2010 y 2014 como director de su escudería, la Pons Racing. Según sostienen en el mismo, el expiloto vivió "de forma efectiva y de manera habitual" en Barcelona esos años, pero "simuló" residir primero en Mónaco y después en Londres "con el deseo de no tributar en España". Para desactivar esta idea, las fuentes consultadas apuntan a que sus abogados preparan la defensa con el foco puesto en Reino Unido, pues cuentan con diversa documentación en la que las propias autoridades británicas apuntan a que es residente fiscal en este país desde 2013.

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Entre este material, destaca una carta remitida a su defensa por parte de Reino Unido en octubre de 2020 que allana el camino para cuestionar la validez del procedimiento. Según explican las fuentes consultas, la misiva refleja que, antes de que la Agencia Tributaria remitiera sus actuaciones a la Fiscalía, Pons ya había solicitado la apertura de un procedimiento amistoso entre ambos países. Esta petición fue notificada a España en 2017, pero quedó en papel mojado.

Las mismas fuentes señalan que la carta detalla además cómo un representante de Reino Unido se desplazó a Madrid en 2017 para discutir diversos casos, entre ellos el de Sito Pons, pero las autoridades españolas le dijeron que aún se estaba revisando su notificación inicial y no entraron en el fondo. El problema se encuentra en que el siguiente aviso llegó ya en 2018, cuando España informó a Reino Unido de que había una investigación penal en marcha y, por tanto, cualquier procedimiento amistoso quedaba descartado. La defensa de Pons, a cargo de los abogados Iñaki Picaza y Pau Molins, considera que esta maniobra vulneró la ley.

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La clave pasa por el convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. En concreto, su artículo 25, que establece que una persona podrá pedir un procedimiento amistoso cuando "considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente convenio". Esa fue la posibilidad por la que apostó el expiloto y a la que ahora se agarra su defensa para criticar los pasos que siguió España.

Para defender que se vulneró este convenio, las mismas fuentes apuntan a las fechas clave del caso: el 28 de junio de 2017, la Dirección General de Tributos de España recibe la carta de Reino Unido comunicando que Pons ha instado el inicio del procedimiento amistoso; el 20 de octubre de 2017, se remiten las actuaciones a Fiscalía; el 26 de octubre de 2017, se recibe el informe de posición de la autoridad competente británica que sostiene que el expiloto es residente fiscal en Reino Unido, y el 30 de noviembre de 2017, se interpone la ampliación de querella por parte del Ministerio Fiscal. Con un proceso penal en marcha, el procedimiento amistoso quedaba descartado.

Sus abogados defenderán así que la Agencia Tributaria remitió las actuaciones a la Fiscalía después de saber que Pons había pedido la intervención de Reino Unido, explican las fuentes consultadas. El mensaje es claro: deberían haber agotado el procedimiento amistoso antes de acudir al procedimiento penal. Junto con el hecho de que Reino Unido considere al expiloto residente fiscal desde 2013, esa es la línea de defensa en la que se trabaja a falta de cuatro meses para el juicio. Con ambas posturas sobre la mesa, la decisión final sobre si el excampeón mundial de motociclismo entra o no en prisión quedará en manos de la sección octava de la Audiencia Provincial de Barcelona.