Las resoluciones del PSOE impiden abordar la "plurinacionalidad" del plan Urkullu

La propuesta del lendakari Iñigo Urkullu, ante la que el Gobierno se ha abierto a plantear un debate sobre el modelo territorial, tiene uno de sus principales límites en las resoluciones y consensos internos del PSOE. Más allá de las resistencias presentadas desde varias federaciones, el plan Urkullu choca de plano con el modelo territorial definido en la Declaración de Granada hace una década por su Consejo Territorial, refrendada por la Declaración de Barcelona y de la que beben las directrices aprobadas en los congresos federales celebrados desde entonces. Un marco que sitúa fuera de sus márgenes cualquier planteamiento sobre la "plurinacionalidad del Estado", la "federalización asimétrica" o, más aún, la "capacidad de decidir pactada" de las "nacionalidades históricas".

En el debate previo a la Declaración de Granada, el PSC se quedó solo en postular la pluralidad nacional del Estado y aceptó como límite el reconocimiento a las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas, como la lengua propia, la cultura, la foralidad, los derechos históricos, la insularidad, la organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil.

TE PUEDE INTERESAR

Los barones del PSOE silencian sus críticas al plan Urkullu hasta "ganar la investidura"

Iván Gil

Los socialistas catalanes volvieron a reivindicar en su último congreso, celebrado en 2019, la definición de España como "nación de naciones". Con todo, la garantía de la igualdad de todos los españoles, independientemente del territorio en el que se resida, es una máxima transversal al documento y las ponencias de los congresos federales del PSOE, que deja fuera de cualquier encaje la propuesta de Urkullu para privilegiar a Euskadi, Cataluña, Navarra y Galicia.

Este es el elemento en el que han insistido en público o en privado los barones socialistas, incluidos los que están a favor de abrir el debate. Las resoluciones del último congreso, que ratificó a Pedro Sánchez al frente de la secretaría general, hacen hincapié en "asegurar la igualdad de todos los españoles" a la hora de abordar la vertebración territorial, así como en una "cogobernanza" que evite las asimetrías en comunidades autónomas. Sensibilidad con la "pluralidad y diversidad", pero limitada a la lengua y la cultura. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE durante los trabajos sobre la Declaración de Granada, sintetizó que "hay un derecho a la diferencia, que no una diferencia de derechos".

El expresidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, fue el primero en mostrarse a favor del debate territorial planteado por Urkullu, pero sin limitarlo a Euskadi. Una "relación federal" sin asimetrías, "igual para todos", según insisten desde su entorno. En la misma línea, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, pidió situar Andalucía "en pie de igualdad" con las demás comunidades "desde el respeto estricto al marco constitucional". El PSOE andaluz se plantó históricamente como ariete contra las concesiones a vascos y catalanes. Andalucía es la comunidad más poblada de España y fue clave en el diseño del actual Estado autonómico, cuando se equiparó con las llamadas comunidades históricas por la vía del artículo 151. Desde la federación valenciana se muestran a favor de plantear el debate, aunque optando por una "relación federal" sin bilateralidad, "igual para todos".

TE PUEDE INTERESAR

ERC y el PSOE ultiman una reforma del reglamento para el uso de lenguas cooficiales en el Congreso

EFE

Frente a la bilateralidad que reclama Urkullu, el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez han reforzado su apuesta por la multilateralidad. Una cogobernanza a diferentes niveles, tanto con las comunidades autónomas como con las entidades municipales, "en términos de cooperación y coordinación" con mecanismos como la Conferencia de Presidentes o las conferencias sectoriales que se profundizaron durante la gestión de la pandemia. Un ensayo del modelo federal propuesto por el PSOE que, como se argumentaba en la ponencia de su último congreso federal, se tiene la oportunidad de perfeccionar "con ocasión de los múltiples foros de deliberación colegiada que la pandemia está obligando a activar entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos".

Financiación y competencias

En el documento salido del 40 congreso federal se delimitan avances "en clave federal" basados en la" clarificación y simplificación" competencial que evite duplicidades y conflictos entre Estado y comunidades autónomas, el perfeccionamiento de los "instrumentos de cooperación y colaboración", la reforma del Senado como "Cámara de representación, debate, acuerdo y adopción de decisiones de índole territorial" y un modelo de financiación territorial "estable conforme a los principios de autonomía financiera, suficiencia, solidaridad, corresponsabilidad, coordinación, equidad y garantía de igualdad de derechos para toda la ciudadanía española".

Cualquier debate fuera de estos márgenes obligaría al PSOE a realizar una enmienda a la totalidad de sus posicionamientos, a revisar las resoluciones fijadas en sus congresos federales y buscar nuevos consensos que posteriormente deberían ser ratificados en el órgano soberano del partido. La mayoría de barones ha optado por no entrar a valorar en público la propuesta de Iñigo Urkullu sobre el autogobierno, recibida como "legítima" por parte de la Moncloa, pero en privado marcan distancias con más o menos intensidad.

Los marcos del debate que acotaban ya desde Ferraz en las últimas horas se dirigían más hacia la reforma del sistema de financiación autonómica o el traspaso de competencias. La portavoz del partido y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, remarcaba sobre la propuesta que el modelo territorial de España "ya está perfectamente refrendado" en la Constitución y se limitaba a poner en valor los actuales cauces de "cogobernanza" y una reforma del sistema de financiación autonómica como "mejor herramienta" para las comunidades.

TE PUEDE INTERESAR

El PNV presenta en el Congreso una proposición de ley de Jurisdicción Universal

EFE

En la actual legislatura, el Gobierno central ha traspasado a Euskadi competencias en diferentes materias como el ingreso mínimo vital (IMV), prisiones, transportes por carretera, puertos, asignación del ISSN, ejecución de la legislación laboral (ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo), productos farmacéuticos y seguro escolar, mientras que quedó otro paquete pendiente por el adelanto electoral.