Sánchez cambia el reglamento del foro de presidentes para avanzar en la vía federal

Institucionalizar y profundizar la "cogobernanza". Este es uno de los objetivos del Gobierno en materia de política territorial, avanzando hacia marcos más federales. Los trabajos en esta línea están siendo dirigidos por el departamento de Política Territorial y Función Pública, desde el que se está acabando de esbozar un documento base para dotar de una nueva reglamentación a la Conferencia de Presidentes, según confirman fuentes del entorno de la ministra Isabel Rodríguez. Un órgano que, junto al Consejo Interterritorial de Salud, se convirtió durante la pandemia en el principal instrumento para la llamada cogobernanza. Para institucionalizarla se plantea, entre otras cuestiones, fijar una periodicidad para las reuniones de este órgano multilateral del Estado con las diferentes comunidades autónomas, que serían cada seis meses, adoptar mecanismos para la toma de decisiones de obligado cumplimiento y su posterior ejecución, evitando que no sea solo un foro de debate del que se deriven "recomendaciones" o compromisos, y que cuente con competencias claras.

Las diferentes comunidades autónomas consultadas por este diario avanzan que han recibido una misiva del Ejecutivo donde se les plantea su voluntad de modificar la reglamentación. El próximo 26 de noviembre, el ministerio de Política Territorial ha convocado una reunión con vicepresidentes o consejeros de Presidencia para abordar este asunto. Se trata de uno de los principales puntos del orden del día de la reunión para preparar la próxima Conferencia de Presidentes, que está previsto celebrar en la isla de La Palma en el mes de enero, aunque todavía no se ha oficializado la fecha. De esta cita se busca salir con el nuevo reglamento aprobado, según indican fuentes de Moncloa y trasladan de algunas regiones gobernadas por los socialistas.

A la cita preparatoria acudirá una representante del gobierno vasco, según confirman fuentes de la Lehendakaritza. Estas mismas fuentes evitan avanzar su posición sobre el cambio de formato, aunque Iñigo Urkullu ha reclamado en ocasiones desarrollar un "marco reconocible de toma de decisiones que respete el autogobierno y los distintos ámbitos competenciales". El lendakari decidió a última hora acudir a la XXIV Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca el pasado mes de julio, de la que finalmente solo se ausentó el presidente de Cataluña, Pere Aragonès.

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Urkullu fue entonces uno de los presidentes que reclamaron cambios en la reglamentación para concretar la metodología, junto al valenciano Ximo Puig y el andaluz Juanma Moreno. Unas posiciones que fueron precedidas de una tormenta de críticas tanto por el procedimiento adoptado para su organización, sin previamente consensuar el orden del día según afearon varios presidentes del PP, como por un formato que se asemejó más a una simple reunión que a un foro de trabajo de cara adoptar acuerdos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recogió el guante y se comprometió ya entonces a repensar este foro multilateral. Puig fue uno de los presidentes que abundó en la necesidad de profundizar en la cogobernanza desarrollando una legislación al respecto. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, amenazó con no volver a participar en estas cumbres por el hecho de que algunos presidentes socialistas hablasen de "federalismo" y porque no se hubiese contado previamente con las comunidades autónomas para la elaboración del orden del día ni convocarse en tiempo y forma, según criticó. "Solo asistiremos dentro de los límites de la Constitución", anticipó tras la cita celebrada en Salamanca.

La cogobernanza marcó la estrategia del Gobierno para luchar contra la pandemia del coronavirus, con elementos como el estado de alarma a la carta para las comunidades autónomas. A ella se asoció en buena parte la supervivencia del Gobierno de coalición, distribuyendo responsabilidades, implicando a distintos actores bajo un mismo reto de país y, por tanto, compartiendo también éxitos o fracasos. Una operación con la que se hizo placaje a la oposición, generando divisiones entre los barones populares, ocasionalmente con Génova y habitualmente con la presidenta madrileña. El "madrileñismo" que desde sectores del PP reprocharon a Génova y a Díaz Ayuso actuó paradójicamente como impulso a la tendencia federalizante en la que se resguardó la estrategia del Gobierno. Durante la pandemia se celebraron hasta 18 reuniones de la Conferencia de Presidentes, lo que desde el Ejecutivo se calificó como "una colaboración inédita con las comunidades autónomas".

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"Mejorar la cogobernanza"

La Conferencia de Presidentes se creó en 2004 como el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Una figura que se desarrolla en el artículo 146 de la ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Entre sus funciones se establece el debate sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales de ámbito estatal, sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico y la potenciación de las relaciones de cooperación del Estado con las Comunidades Autónomas.

El último cambio en el reglamento de la Conferencia de Presidentes se produjo en 2017, ocho años después de que se adoptará la actual normativa interna. Ahora se pretende que el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas profundice en una "cogobernanza real". La ponencia del PSOE en el 40 Congreso Federal que celebró el paso mes de octubre en Valencia abogaba por desarrollar un marco legal "que contribuya a mejorar la cogobernanza con la participación de las distintas administraciones públicas en la toma de decisiones, reforzar la coordinación y colaboración entre ellas, así como perfeccionar la articulación competencial que regula el reparto de responsabilidades incorporando la planificación estratégica y la evaluación constante y transparente de las políticas públicas".