Sánchez quiere un Congreso plurilingüe antes del pleno de investidura de Feijóo

Pedro Sánchez ensaya estos días, con la modificación del reglamento para usar las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, la mayoría que puede hacerle revalidar la Moncloa. Y tiene previsto testarla en las tres semanas previas a que Alberto Núñez Feijóo, el candidato propuesto por el Rey, pida la confianza del Congreso de los Diputados, al final de septiembre, en un pleno que hoy se anticipa fallido. Fuentes parlamentarias aseguran que la hoja de ruta pasa por registrar en los próximos días la reforma para usar el catalán, el gallego y el euskera, como hoy se utiliza el castellano, para después someterla a una tramitación exprés que puede permitir su aprobación antes, incluso, del 26 y 27 de septiembre, cuando se celebrará el pleno de Feijóo. Otra cosa es que la logística que conllevará materializar esa propuesta pueda retrasar su entrada en funcionamiento.

De hecho, y aunque el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, aseguró el jueves que "se está trabajando con todos" para orquestar esta reforma, partidos políticos como Vox se desmarcan abiertamente de estas conversaciones. Otros, como el PP, ya han dejado claro que no avalan "cambiar las reglas de juego", el reglamento que marca qué es posible y qué no lo es dentro de la Cámara Baja, "cada vez que cambia el árbitro". PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu y BNG son los partidos que sí están participando en las conversaciones. La base de los trabajos es el borrador adelantado por El Periódico, atribuido al PSOE y a ERC, pero el resto de fuerzas aseguran estar al día de las conversaciones realizando sus aportaciones al texto.

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El principal escollo, apuntan, está en los documentos escritos a traducir: esto es, si corresponde hacerlo únicamente con iniciativas como las preguntas escritas, o si también hay que hacerlo con el Boletín Oficial del Congreso y con toda la producción legislativa. Este extremo elevaría considerablemente la factura económica y retrasaría todos los procesos, pero las conversaciones siguen abiertas. De facto, esto serviría para equiparar el castellano al catalán, el euskera y el gallego, como demandan los partidos independentistas.

Distintos partidos dan por hecho que el resto de modificaciones, que, a priori, no revisten de especial dificultad técnica, pueden darse por cerradas en los próximos días, y después aún contarían con dos semanas para su tramitación, antes del pleno de investidura. Fuentes jurídicas de la Cámara aseguran que la modificación del reglamento puede tramitarse por la vía de urgencia y en lectura única, lo que posibilitaría que el pleno votase su admisión un martes y le diera luz verde dos días después, el jueves, sin pasar por la Comisión de Reglamento, que todavía no está constituida, como tampoco lo están el resto.

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Antes tienen que cerrar el texto, llevarlo a registro y superar el trámite de pasar por la Mesa, que vuelve a reunirse el martes 5 de septiembre, cuando también se prevé que apruebe el calendario para el próximo periodo de sesiones, hasta diciembre. Distintas partes aseguran que aún no está cerrado que la tramitación se realice apurando al máximo los plazos, pero asumen que, técnicamente, pueden recurrir a esta vía (disposición final segunda del reglamento).

Hay fuentes particularmente optimistas sobre las posibilidades de sellar este acuerdo, y aventuran incluso que no habrá problemas para financiar la puesta en marcha de un servicio de traducción simultánea, cuyo coste no se disparará tanto como se contempla hoy, sostienen. Junts cifró en 950.000 el coste de universalizar las lenguas cooficiales en el Senado hace dos años. Aseguran que, si bien este punto aún no se ha debatido oficialmente, una de las fórmulas para costearlo podría pasar por el uso de los remanentes que atesora la Cámara.

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Las dos instituciones que vertebran el Parlamento elaboran sus propios presupuestos y custodian una caja con las cantidades que no han utilizado. A 1 de junio de 2022, la Cámara Baja declaraba contar con 108 millones de euros en su Fondo de Remanentes. Fuentes jurídicas confirman que es viable recurrir a esta reserva, y recuerdan que un acuerdo de la Mesa ya especificó qué gastos se pueden sufragar tirando de esta reserva.

Sin embargo, una cosa es que la reforma esté aprobada y en vigor, y otra cosa es que pueda materializarse. En el Congreso, hay procesos que transcurren muy lentos, y el que debería tener lugar para la instalación de cabinas de traducción cumple con los requisitos, desde la fase de diseño hasta la contratación. Más, si cabe, si esto requiere modificar la actual estructura del hemiciclo, protegido por Patrimonio. En sus años como diputado, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, no pudo acceder a su escaño con su silla de ruedas porque la obra que lo habría permitido nunca se llevó a cabo. Las cosas de palacio van especialmente despacio en la Cámara Baja, apuntan los propios partidos.

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Si bien fue Sumar quien lanzó la propuesta de permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, la presidenta, Francina Armengol, ha hecho bandera por esta causa, imprimiéndole su propio sello, aunque no se trata de un gesto aislado. Sigue la estela marcada por Sánchez ya a mediados de agosto, cuando anunció que impulsará el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones de la UE durante la presidencia rotatoria española, en un claro guiño a los partidos independentistas.

El miércoles, Armengol abordó esta cuestión en una reunión con la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pero, además, mantiene conversaciones con varios grupos interesados en esta reforma. La máxima es que el texto final debe gustar "a todos", y es lo que repiten los partidos que están involucrados en esta reforma.