De Badajoz a Alcorcón: los precedentes a los que se agarra el PSOE para revisar los votos nulos

El PSOE anunció este jueves que llegará hasta el Tribunal Supremo para intentar forzar la revisión de los 30.302 votos que se declararon nulos en las pasadas elecciones generales en Madrid. Los socialistas confían en forzar esta maniobra para recuperar el escaño que perdieron por el voto exterior el pasado 28 de julio, cuando el recuento se saldó con un diputado más para el PP por una diferencia de 1.341 papeletas. Sin ese escaño, la hipotética abstención del partido de Carles Puigdemont ya no resulta suficiente para investir a Pedro Sánchez con el apoyo de sus actuales socios y exige el sí expreso de los independentistas.

La Junta Electoral Central (JEC), compuesta por ocho magistrados del Supremo elegidos por sorteo y cinco catedráticos a propuesta de los partidos, ya rechazó la petición del PSOE el lunes: "No aduce ninguna irregularidad en el escrutinio general como para justificar la repetición que solicita, sino que se limita a invocar su derecho a revisar el voto nulo, indicando la cercanía en el número de votos necesarios para modificar la distribución de escaños". La JEC concluyó que atender su solicitud "desfiguraría radicalmente" la Ley Electoral, pero los socialistas se agarran a una serie de precedentes en Badajoz, Terrassa, Alcorcón y Lugo para intentar dar la vuelta a esta decisión.

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El principal argumento del PSOE gira en torno a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2015. Tras las elecciones autonómicas que se celebraron ese año, Izquierda Unida quedó fuera de la Asamblea de Extremadura por 914 papeletas y logró forzar una revisión de los 7.064 votos que se habían declarado nulos en Badajoz: "Si la ley ordena conservar esos votos (...), ello ha de ser, por fuerza, para permitir en algún momento posterior la revisión y examen de esos votos", concluyeron los magistrados. La JEC considera que esta sentencia tiene letra pequeña y en ningún caso resulta equiparable a la actual petición de los socialistas.

La clave se centra en que, a diferencia del PSOE, Izquierda Unida sí apuntó en aquel caso a una posible irregularidad concreta: el descarte de votos válidos a su partido por un defecto de tintada en los sobres y papeletas que ellos mismos habían remitido a los electores. "No se reconoce, por tanto, un derecho genérico a la revisión de todos los votos nulos sin necesidad de alegar una causa o indicio de irregularidad, sino que esa nueva verificación debe estar vinculada a un motivo específico que justifique la supuesta nulidad del voto", explica la JEC. "Esta decisión se adoptó en función de las singulares características del asunto examinado".

Los casos de Terrassa, Alcorcón y Lugo

El PSOE también se agarra a diferentes resoluciones de las juntas electorales. Entre ellas, destaca una de la JEC de junio de 2011, cuando corrigió la decisión previa de la Junta Electoral de Zona y atendió en parte el recurso interpuesto por distintos partidos contra la proclamación del resultado de las elecciones municipales en Terrassa y Sant Cugat del Vallès: "Esta Junta considera que la decisión de la Junta Electoral de Zona de Terrassa de no permitir que las formaciones políticas concurrentes a las elecciones revisaran los votos declarados nulos es contraria a la Ley Electoral".

En la resolución notificada esta semana, la JEC explica que se limitó a atender "las peticiones de validación de votos nulos que en el marco del recurso ante ella se habían planteado". No se trataba, por tanto, de una "repetición del escrutinio general", como solicita ahora el PSOE al exigir la revisión de todos los votos que se declararon nulos en las 7.118 mesas electorales de Madrid, sino de revisar una decena de papeletas concretas. El argumento de fondo es el mismo que respecto a la sentencia del Constitucional: "En el caso que ahora se le plantea a esta Junta no se aduce ningún motivo o indicio de irregularidad".

La JEC rechazó el pasado martes la aplicación de estos precedentes por 10 votos a favor y tres en contra: los de los dos vocales propuestos por el PSOE, Juan Montabes y Miriam Cueto Pérez, y el de la vocal propuesta por Unidas Podemos, Esther del Campo García. "Se debe poner de manifiesto que a pesar de las dificultades y dilaciones que podría suponer la revisión, la garantía del contenido esencial del derecho al sufragio pasivo (...) ha debido prevalecer en la decisión del recurso", defienden en su voto particular. Para sostener esta idea, los vocales apuntan a un tercer precedente que se produjo en el municipio madrileño de Alcorcón en las pasadas municipales.

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"Se accedió a la apertura de todos los votos nulos a instancia del Partido Popular, que estaba a 41 votos de obtener un concejal más (...), sin alegación alguna de circunstancias excepcionales más allá de la exigua diferencia", argumentan. "Al igual que en ese caso, en el que nos ocupa, de lo que se trata es del reconocimiento del derecho en condiciones de igualdad (no teniendo relevancia jurídica el número de votos a revisar 1.051 en Alcorcón, 30.302 en este caso)". Los vocales destacan que lo mismo ocurrió en Lugo, por lo que rechazar la petición el PSOE implicaría "limitar en el futuro las posibilidades reales de revisión de voto nulo no protestado en las mesas".

A falta de que el PSOE refuerce su recurso ante el Supremo con los casos de Alcorcón y Lugo, fuentes jurídicas consideran que tiene pocas posibilidades de prosperar. Todos los magistrados que forman parte de la JEC rechazaron de plano sus argumentos y, aunque la última palabra la tendrá ahora el propio tribunal, su dictamen es claro: la solicitud "carece de anclaje constitucional y legal (...), impediría cumplir con los plazos legales establecidos y podría incluso afectar a la constitución de las Cámaras".