El Gobierno eliminará la rebaja del IVA a los alimentos si baja medio punto la inflación

La extensión de la rebaja del IVA a determinados alimentos estará condicionada a la evolución de la inflación subyacente. La prórroga de la medida aprobada este martes en el Consejo de Ministros es de seis meses, pero durará solo hasta el 31 de octubre si esta se reduce en poco más de medio punto, según fuentes de la vicepresidencia económica. El decreto ómnibus de 305 páginas, que se publica este miércoles en el BOE con actuaciones anticrisis, trasposiciones europeas y otros compromisos del Ejecutivo que decaerían por la disolución de las Cortes Generales, incluirá un mecanismo para eliminar el descenso del IVA en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente de septiembre, publicada en octubre, sea inferior al 5,5%. Actualmente, este dato se encuentra en el 6,1%.

La prórroga, por tanto, no será automática hasta final de año, sino que estará sujeta a un mecanismo de cuatro meses más dos, como en el actual decreto con las medidas que caducaban a 30 de junio. En este caso, la rebaja fiscal se ha mantenido en vigor durante los seis meses, ya que la inflación subyacente de marzo, que se conoció en abril, se situó en el 7,5%.

Desde ese momento, el indicador, que elimina el efecto de los elementos más volátiles —como la energía y los alimentos no elaborados—, no ha parado de bajar, hasta situarse en el 6,1% en mayo. Son solo seis décimas más que la cláusula establecida por el Gobierno. Esta vez, no está tan claro que la medida se vaya a mantener, aunque existen pocas referencias para saberlo. La inmensa mayoría de los organismos nacionales e internacionales, como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la propia Comisión Europea, solo ofrecen estimaciones de la media anual, por lo que no son válidas para conocer qué ocurrirá en octubre.

En cambio, la fundación de las antiguas cajas de ahorros (Funcas) sí ofrece una pista sobre lo que puede pasar. Según este centro de estudios, el IPC subyacente se situará en el 5,9%, cuatro décimas por encima del umbral del Gobierno. Esto es así porque la tendencia bajista de los últimos meses se frenará en verano, muy influida por el llamado efecto base. Si esta primavera la tasa interanual cayó con claridad es porque se estaba comparando con una tendencia muy alcista hace 12 meses. En cambio, en el tercer trimestre del año pasado, el IPC subyacente osciló, por lo que ese sesgo estadístico a la baja no se producirá.

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Además de optar por la misma fórmula de revisión que en diciembre, cuando aprobó la medida que ahora se extiende, el Gobierno tampoco ha tocado la lista de alimentos básicos con reducción de IVA, volviendo a excluir a la carne y al pescado como reclamaban desde el principal partido de la oposición y algunas patronales (Cedecarne y Fedepesca). El impuesto seguirá bonificado completamente para comestibles con tipo superreducido (como los lácteos, los huevos o el pan), mientras que el aceite y la pasta mantendrán el descuento: ahora mismo, pagan un 5%, frente al 10% habitual.

Los precios se moderan

El Gobierno no introduce cambios pese a la tendencia a la moderación de los precios de los alimentos, que crecen al menor ritmo desde hace un año. La comparación con hace 12 meses sigue dando miedo (12%), pero lo cierto es que la tendencia mensual refleja una notable mejoría: 1,8% en febrero, 1,1% en marzo, 0,3% en abril y 0,4% en mayo. De hecho, uno de cada tres productos ya se abarató en el último mes, entre ellos algunos de los que están rebajados, como los lácteos. En cambio, otros que no lo están, como la carne, continúan su tendencia al alza. En cualquier caso, la medida permite al Ejecutivo cubrirse las espaldas ante la incertidumbre sobre la evolución de los precios, muy condicionados en nuestro país por la persistente sequía.

El nuevo paquete para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania movilizará un total de 8.900 millones de euros con estas rebajas fiscales y otras bonificaciones, como la del transporte público o la del combustible de los transportistas y profesionales. Esta última será de 10 céntimos por cada litro de combustible hasta septiembre y de cinco en el último trimestre del año.

La medida que ha dejado de figurar en el decreto anticrisis es la relativa a la prórroga automática de seis meses de los contratos de alquiler que finalizasen, con la intención de congelar así sus precios. Una decisión que han atacado tanto los socios de coalición como parlamentarios. La portavoz en materia de vivienda de Sumar, Alejandra Jacinto, descargaba en "la parte socialista del Gobierno" por "tumbar" dicha medida. "Una decisión que causará estragos en miles de personas que viven de alquiler", vaticinaba, "teniendo en cuenta que la voluntad política de muchos gobiernos autonómicos es la de no regular los precios de los alquileres". El fin de evitar aumentos abusivos de los precios de los alquileres, concluía, "debería seguir vigente para cualquiera que quiera proteger a la gente frente a la vorágine especulativa en la que estamos inmersos".

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Desde EH Bildu, que ha apoyado hasta la fecha la convalidación en el Congreso de los decretos del denominado escudo social, también han arremetido contra la decisión por no ir "en la línea de las medidas sociales aprobadas en la última legislatura". "Se trata de una medida que protegía a miles de personas inquilinas, ya que les permitía continuar durante seis meses más con las mismas condiciones acordadas. La decisión del Gobierno, sumada a la falta de voluntad política de ciertos gobiernos de aplicar las medidas beneficiosas ley de vivienda, añade más incertidumbre a miles de familias, que a partir del 30 de junio quedarán desprotegidas", lamentaban a través de un comunicado.