Melilla, un año después: 77 desaparecidos, informes contradictorios y solo una víctima identificada

77 personas desaparecidas de las que no se sabe nada. "Imagina una madre, que ya ha pasado un año y no sabe dónde está su hijo y que está esperando una llamada para que le digan dónde está, que está bien… Es un impacto terrible y una violencia". Lo explica Helena Maleno, fundadora de Ca-minando Fronteras, una de las cinco ONG que ha presentado una querella para que la Justicia investigue y esclarezca lo que pasó en la valla de Melilla el 24 de junio de 2022.

Un año después de la mayor tragedia sucedida en la frontera entre Marruecos y España continúan abiertas muchísimas incógnitas. La Fiscalía cerró deprisa y corriendo una investigación que exoneró de cualquier responsabilidad a las autoridades españolas, a pesar de que el Defensor del Pueblo había detectado numerosas irregularidades en la investigación de los hechos.

En busca de la verdad

La falta de respuesta por parte de las autoridades ha impulsado a las ONG Coordinadora de Barrios, Colectivo Ca-Minando Fronteras, Asociación de Extranjeristas en Red, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Associació Lab 38 a buscar reparación en los tribunales: "La querella es necesaria porque la experiencia que tenemos es que hay una impunidad muy grande en los crímenes que se cometen en zona de frontera. Se juega con la externalización, la omisión del deber de socorro, la transnacionalidad… Una de las cosas más importantes en el debate del 24-J ha sido si el patio era español o marroquí. Los estados juegan con la creación de una especie de espacio de no derecho que no es legal, pero que está aceptado de hecho, para mantener una impunidad terrible".

Desde el Ministerio del Interior siempre se ha sostenido que las muertes no sucedieron en territorio español. "No hubo ningún muerto en España", llegó a asegurar el ministro Fernando Grande-Marlaska, a pesar de que diversas investigaciones periodísticas, como las llevadas a cabo por la BBC y Lightohouse Reports demuestran que la Gendarmería arrastró cuerpos de las víctimas desde territorio español hacia suelo marroquí. Incluye las palabras de guardias civiles que confiesan que el lugar que Grande-Marlaska llamó "tierra de nadie" es competencia española. Smir, un superviviente sudanés de 26 años, afirma ante la cámara que compañeros suyos "murieron en el lado español".

"Hay un montón de situaciones que no están claras. ¿Dejaron entrar al ejército marroquí en una zona que no es España? Estaba la Guardia Civil protegiendo esa zona y a la vez, ahí estaban entrando militares marroquíes. Se produce una situación de facto que no está clara. Tendrá que dirimirse en tribunales dónde se cometieron los hechos y qué hechos criminales pudo haber", asegura Maleno.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, además de dar visiones contradictorias, no dan ninguna respuesta a las víctimas. La institución dirigida por Ángel Gabilondo denuncia en su informe la inacción de los agentes de la Guardia Civil ante la avalancha y señala que los agentes "lanzaron piedras" y "rociaron con spray" a las personas atrapadas. "Algunos agentes españoles buscan piedras y se las lanzan a las personas que están en la parte superior de la valla", indica la resolución, que detalla que un guardia civil "les rocía con gas para que no sigan intentando derribar la puerta del puesto".

Además se acusa a los agentes de no asistir a las personas heridas: "Se observa en la carretera una ambulancia parada a cierta distancia de los vehículos de la Guardia Civil (...) que no interviene en ningún momento". Para Helena Maleno, "Aquel día hubo omisión del deber de socorro. Se ha normalizado que cuando una persona salta una valla pueda morir. Se ha normalizado a base de impunidad. En las fronteras nos estamos saltando los estándares democráticos. Hay un juego político muy peligroso que pone en el centro la violación de derechos humanos de determinados grupos".

La Fiscalía archivó el caso el pasado mes de diciembre al considerar que no había ningún responsable en la tragedia ni indicios de delito. "No puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente", asegura en su escrito. Esta misma semana, durante una visita a Melilla, el Fiscal General del Estado ha afirmado que considera "una vía adecuada" la querella: "Estamos en el camino que era previsto que ocurriera" y "no hay que hacer ninguna valoración más en ese sentido"..

¿Cuántas personas murieron?

El número de fallecidos en la tragedia es otra de las cuestiones sin resolver y que las víctimas reclaman saber. "Oficialmente, se habla de 23 personas fallecidas. Nuestra organización pudo constatar aquel día 37. Y luego hubo tres personas más que murieron en los hospitales a causa de las heridas. Al menos 40 víctimas mortales de las que tenemos constancia, más 77 personas desaparecidas. Puede que sean más, porque la situación de impunidad hace que sea muy difícil construir la verdad".

El Reino de Marruecos ha mantenido una opacidad total en torno a las autopsias de los fallecidos, lo que ha hecho imposible la identificación de las víctimas y que sus familiares puedan velarlas: "Por el momento solo hay un fallecido identificado en Marruecos que ha sido enterrado y vino un familiar a enterrarlo. Marruecos no ha dado la información de esas autopsias", explica Maleno. Permanece la incógnita, pues, sobre las causas de la muerte de esas personas.

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La información oficial es que con los migrantes atrapados en un patio interior, los gendarmes de Marruecos lanzaron decenas de gases lacrimógenos y provocaron el caos entre las personas que se encontraban atrapadas, que intentaron escapar haciendo vencer la valla que les daba acceso a suelo español. Desde el otro lado, los uniformados españoles también lanzaron gases. Según el criterio de la Fiscalía, esos gases lanzados por la Guardia Civil no tuvieron impacto en las personas retenidas entre ambas vallas: "No consta que el empleo de botes de humo lanzados por los agentes españoles produjera invisibilidad total ni supuestos de asfixia entre las personas allí congregadas, toda vez que se trataba de un patio totalmente abierto en su parte superior y rodeado por vallas metálicas, por lo que la entrada y salida de aire y otros gases era completamente fluida".

En un momento dado, la valla cayó y provocó una avalancha. Decenas de personas quedaron aplastadas. La montonera de cuerpos se extendió entre la zona gestionada por Marruecos y el área que es competencia de la Guardia Civil. Pero los agentes españoles alegan que se retiraron del lugar en respuesta a los ataques que sufrieron de los migrantes en su intento por alcanzar suelo europeo. Dejaron la responsabilidad de la intervención a los gendarmes marroquíes. Como explica, Helena Maleno: "La investigación tiene que aclarar dónde se produjeron los hechos, cuál fue la colaboración entre los dos estados, quiénes son los responsables, qué pasó aquel día y luego, cómo murieron las personas que murieron. Y las personas desaparecidas, quiénes las están buscando, dónde están, y el derecho que tienen a ser buscadas. Tantas cosas para las que no tenemos respuesta porque no ha habido una investigación suficiente".

77 personas que nadie busca

La desaparición de 77 personas en cualquier otro contexto habría generado una gran movilización social y una presión a las autoridades para que esclarezcan donde se encuentran. Sin embargo, las familias de esos desaparecidos lo único que encuentran es silencio: "El impacto de esa violencia sigue en cientos de familias que siguen buscando aún. Que no saben si su familiar está muerto, si está enterrado, que no saben dónde buscar, nadie les da respuestas. Este es el terrible duelo de las familias de los desaparecidos. Imagina una madre, que ya ha pasado un año y no sabe dónde está su hijo y que está esperando una llamada para que le digan dónde está, que está bien… Es un impacto terrible y una violencia. Por eso esta querella es tan importante. Hay que darles una respuesta a esas familias".

La diferencia entre este tipo de desapariciones y otras se encuentra en lo que Maleno llama "racismo institucional" y que se traduce en una forma distinta de abordar las muertes cuando las víctimas son africanas: "Hemos creado dos derechos a la vida. El derecho a la vida de la persona blanca y el derecho a la vida de otros colectivos. Si se hunde una patera solo va un avión, si se hunde un pesquero, se pasan días y días buscando el pesquero con todos los medios. Se ha decidido sacrificar la vida de determinados grupos, por acción u omisión". Una situación que le recuerda a la vivida con la crisis del Tarajal: "Un familiar de una víctima me decía: 'En el país de los blancos, donde se protege tanto a los animales, si un perro se tira a la piscina y se ahoga, alguien se tiraría a recogerle, pero mi hijo no tenía derecho a que nadie se tirara al mar'".

La situación contrasta con otras avalanchas humanas en las que ha habido víctimas mortales, y con la sensibilidad social que hubo entonces con las víctimas: "Si esto hubiera sido como lo que pasó en el Madrid Arena, se habrían puesto todos los resortes para investigar quiénes son las víctimas, qué sabemos de ellas, su nombre, su apellido, de dónde venían, por qué llegaron a esa valla, qué pasó los días anteriores. Todo eso debemos saberlo desde una investigación imparcial que ponga en el centro los derechos de esas víctimas y que no esté sesgada por el racismo internacional".

La situación de los supervivientes

Para los que lograron escapar sin fallecer ni "desaparecer" la situación no ha sido nada fácil. Ese mismo día, la Guardia Civil deportó en frontera a 470 personas a las que impidieron ejercer su derecho a solicitar asilo: "La gente no tenía ni zapatos. Les habían tirado en distintas zonas, en la frontera de Argelia, en la zona de Beni Mellal, en el centro de Marruecos. Sin absolutamente nada. Algunos habían llegado, les habían dejado en esos autobuses tirados y habían sido recibidos directamente en los hospitales. Encontramos a una persona herida de bala en uno de los hospitales. Acompañamos a otro de los chicos que acabó muriendo en el hospital... Estaban en shock postraumático brutal. A día de hoy, muchos de los niños de 15-16 años están en situación de calle. Sin asistencia, con heridas. Si tú los ves tienen situaciones físicas derivadas del maltrato de aquel día. Luego hay personas en situación de cárcel. Gente de Sudán, que no tienen familias que les puedan asistir y que están encerradas con penas de cárcel que van hasta los tres años".

La querella lo que busca es intentar dar una respuesta a los centenares de víctimas que dejó la masacre sucedida en Melilla el 24 de julio de 2023: "Si pensamos en otras querellas anteriores no tenemos mucha esperanza. Pero no podemos dejar de ponerla, por la memoria de las víctimas y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Hay que seguir peleando por romper con la impunidad".