La JEC mira a Interior para que active medidas que alivien el calor en los colegios electorales
La Junta Electoral Central no descarta instar alguna actuación si el departamento de Marlaska renuncia a impulsar instrucciones para la logística necesaria ante las altas temperaturas
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Ante la excepcionalidad de votar en pleno verano, se imponen medidas excepcionales. La Junta Electoral Central seguirá con atención la actuación del Ministerio del Interior y de las administraciones locales encargadas del desarrollo de la infraestructura de los comicios en lo que afecta a las condiciones de los colegios electorales y su preparación para afrontar el voto de millones de ciudadanos a finales de julio, en esas fechas en que las temperaturas suelen ser las más altas del año. No se trata únicamente del bienestar físico de los votantes, también del de aquellos que formen las mesas y tengan que permanecer en los centros públicos durante horas.
Fuentes jurídicas consultadas apuntan que se impone, en este caso, la implementación de medidas que no serían necesarias en otras épocas del año y que ahora, sin embargo, resultan vitales. Muchos de los colegios carecen de aire acondicionado y las temperaturas habituales alcanzan los 40 grados en multitud de puntos de España. Esperan, por tanto, una instrucción o recomendación que evite la improvisación por parte de los ayuntamientos, los encargados del montaje físico de los comicios. Garantizar zonas de sombra y ventilación suficiente, que se disponga de agua, son algunas posibilidades que han comenzado a barajarse y que requerirían de la intervención del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
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Consultado el Ministerio del Interior a este respecto, afirman que encaran las elecciones con normalidad y se instará, como es habitual, a que se apoyen todas las medidas para garantizar el normal funcionamiento de la jornada electoral. Delegan la responsabilidad última en los ayuntamientos, con los que existe coordinación por medio de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno. Recuerda el ministerio que en cualquier comicio las fuerzas de seguridad velan por el normal funcionamiento, como, por ejemplo, cuando algún colegio electoral aparece con la cerradura manipulada.
En los pasados comicios locales, el departamento de Grande-Marlaska exhibió un despliegue policial de 99.000 agentes en toda España. En este momento no hay ningún plan específico encima de la mesa, indican las mismas fuentes, si bien señalan que la Junta Electoral Central también tiene margen para hacer por su parte las recomendaciones e indicaciones que considere y desde Interior se pondrían en marcha para darles cumplimiento. En la JEC lo ven, sin embargo, al contrario.
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Desde la JEC, apuntan que las medidas dependen tanto de Interior como de las administraciones que se ocupan de la infraestructura. Avisan de que en el caso de que no se desarrolle un sistema coordinado o que las instrucciones que se ofrezcan se consideren insuficientes, la Junta puede instar a que se haga y obligar con ello a una uniformidad en todo el territorio nacional. Mientras tanto, diferentes localidades han empezado a plantear propuestas. Por ejemplo, Roquetas de Mar ya ha aprobado trasladar los colegios electorales a edificios que estén provistos de aire acondicionado y en Córdoba se baraja instalar aparatos portátiles de aire acondicionado a los centros.
La ley electoral establece que es la Dirección General de Política Interior, dependiente del ministerio de Grande-Marlaska, a quien corresponde la organización general de los procesos electorales de ámbito estatal y las tareas de coordinación de la intervención de otros organismos en esta gestión. Especifica, en concreto, su intervención para la coordinación de la logística electoral. Además, el artículo 1 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, especifica como complemento que, en todo proceso electoral, los locales donde se verifique la votación "habrán de reunir las condiciones necesarias para tal fin".
El caso andaluz
La convocatoria choca en algunos casos con la legislación autonómica. Desde junio de 1994, una reforma de la Ley Electoral de Andalucía promovida por Manuel Chaves prohibió convocar elecciones entre los días 1 de julio y 31 de agosto. La modificación se introdujo entonces para evitar que la dispersión del voto, muy frecuente en época de vacaciones y desplazamientos, afecte al resultado electoral y solo es aplicable a los comicios autonómicos.
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La elección del 23 de julio ha sido objeto permanente de críticas desde el PP. Su líder y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido en distintas ocasiones a la intencionalidad que esconde la fecha escogida por el líder del Ejecutivo. "Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones", afirma. También ha calificado la convocatoria como un hecho sin precedentes: "¿Se busca la menor participación y que los ciudadanos no puedan asistir a votar?".
Ante la excepcionalidad de votar en pleno verano, se imponen medidas excepcionales. La Junta Electoral Central seguirá con atención la actuación del Ministerio del Interior y de las administraciones locales encargadas del desarrollo de la infraestructura de los comicios en lo que afecta a las condiciones de los colegios electorales y su preparación para afrontar el voto de millones de ciudadanos a finales de julio, en esas fechas en que las temperaturas suelen ser las más altas del año. No se trata únicamente del bienestar físico de los votantes, también del de aquellos que formen las mesas y tengan que permanecer en los centros públicos durante horas.