Vox suaviza sus condiciones para pactar con el PP, pero exige negociar antes del 23-J

Vox quiere visibilizar un acercamiento con el PP antes de las elecciones generales, aunque ello suponga ir a una o a varias mesas de negociación "sin líneas rojas". El partido que dirige Santiago Abascal finalizó la noche electoral con capacidad para influir en hasta seis ejecutivos regionales —cinco, tras confirmar Miguel Ángel Revilla que facilitaría un Gobierno de los populares en Cantabria— y se preparó para poner el precio más alto a sus votos y replicar el modelo de Castilla y León por todo el territorio. Génova, sin embargo, ha levantado un cordón a su potencial socio: rechaza su entrada en gobiernos y apuesta por dormir los pactos poselectorales hasta después del 23-J. La tensión entre ambas fuerzas se ha disparado. Hasta el punto de que los ultraconservadores han suavizado sus condiciones por temor a quedar fuera de la foto.

Vox mantiene "una mano firme", pero "tendida". En la dirección del partido, insisten en que no regalarán sus votos, porque "está escrito y dicho durante la campaña", pero se abren a condiciones más laxas que asumir carteras de gobierno en algunos territorios. "No tenemos líneas rojas. Estamos abiertos a todas las fórmulas imaginativas posibles", suscriben las fuentes consultadas, que apremian al PP a que se siente a negociar antes de las próximas generales. El calendario aprieta, y aunque Génova intenta ignorar a los de Abascal para no hipotecar el posible futuro de Feijóo en la Moncloa, lo cierto es los plazos están cogidos con pinzas.

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Aunque el PP quiera evitar hablar de pactos con Vox antes del 23 de julio, lo cierto es que la foto con los de Abascal parece inevitable antes de las votaciones de investidura. El próximo 17 de junio, deberán formarse los ayuntamientos, y antes de que finalice el mes, toca la constitución de los parlamentos autonómicos. El equilibrio de fuerzas quedará patente en el reparto de puestos de las mesas de los ejecutivos autonómicos, el primer tubo de ensayo de un posible acuerdo entre PP y Vox. Hay que recordar que en Castilla y León, donde Vox dio un ultimátum y obligó a Mañueco a cerrar de una tacada el acuerdo de la Mesa y el de gobierno, el PP regaló a su socio la presidencia de las Cortes.

Vox tiene la llave para que el PP gobierne en Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Aragón y Extremadura, pero el órdago levantado por Génova, que por el momento solo sitúa como línea roja la entrada de los ultraconservadores en más ejecutivos, pone la presión en el tejado de Abascal, que se juega demostrar la utilidad de su partido ante sus votantes. Si no logran obtener nada de los populares, corren el riesgo de asumir el rol de partido muleta del PP y que comiencen a aparecer fugas en su bolsa electoral. Y si el PP tensa la cuerda, Génova responsabilizará a Vox de haber forzado un adelanto electoral o de permitir que gobierne la izquierda por no abstenerse gratis en una investidura de los candidatos populares.

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La situación es tan tensa que obliga a los de Abascal a medir bien el alcance de sus exigencias. En la dirección de Vox, insisten en que no habrá cheques en blanco, pero tampoco pondrán un precio tan alto a sus votos que ahuyente al PP de la negociación y se queden también ellos con las manos vacías. En la Región de Murcia, donde el popular Fernando López Miras se encuentra solo a dos escaños de la mayoría absoluta, están dispuestos a valorar un pacto programático a la andaluza, a pesar de que es el territorio en que Vox ha logrado su mejor marca, con más del 17% de los votos.

Pero no es el caso de la Comunidad Valenciana, donde PP y Vox registraron un reparto de escaños idéntico al de Castilla y León. Con todo, el popular Carlos Mazón insiste en su intención de gobernar en solitario, y no se sentará con Carlos Flores Juberías —el candidato de Vox, sobre el que pesa una condena de violencia machista— para abordar su investidura hasta que pasen las generales, en línea con el criterio de Génova. Pero la situación más tensa hasta la fecha se ha registrado en Extremadura.

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La candidata del PP, María Guardiola, no solo se ha sacudido la tutela de Feijóo —rechazó abiertamente la estrategia de la lista más votada y aseguró que "nuestra tierra no se gobierna desde Madrid"—, sino que advierte de que no aceptará ni gobernar con Vox ni un acuerdo programático que toque puntos como el aborto, la inmigración o los derechos del colectivo LGTBI. En el entorno de la dirigente, ya avanzan que el PP extremeño está dispuesto a llevar su órdago hasta el final, y amagan ya con una repetición electoral si los de Abascal no se abstienen gratis en su investidura.

Este ambiente choca con las "facilidades" que aseguran estar encontrando en la dirección de Vox en otros territorios, como en Castilla y León, donde las dos fuerzas han comenzado a negociar ya la constitución de ayuntamientos como el de Valladolid. Las mismas fuentes aseguran que ya se han producido los primeros contactos entre Bambú y Génova para acelerar las negociaciones, aunque la dirección del PP se quita responsabilidad y apunta a sus respectivos territorios. "Están dando tumbos. Si no quieren ni la foto, si no quieren sentarse, nos encontramos en un callejón sin salida", lamentan en Vox.