Animales decapitados y ganaderos en pie: la polémica del lobo eleva las tensiones en el norte

Dos cabezas de lobo sorpredieron frente al Ayuntamiento de Ponga (Asturias) horas antes de un Consejo de Gobierno autonómico convocado allí ese día. A éll asistía el propio presidente del Principado, Adrián Barbón. Al final las retiraron a tiempo, y el encuentro pudo celebrarse. Pero no puede decirse que el resto de la jornada transcurriera con normalidad. La alcaldesa, Marta Alonso, lo recuerda muy bien. No paraban de llegar llamadas o mensajes con amenazas. "Iremos un grupo de personas y habrá asesinatos, pero no de lobos", les decían en una de esas al otro lado del teléfono. Acabó denunciándolo a la Guardia Civil. Han pasado dos semanas y la investigación sigue abierta. La regidora guarda silencio sobre su evolución, que deja en manos de las autoridades, pero avanza sospechas propias: intuye que puede haber "sectores ecologistas" detrás. La cosa no acaba aquí.

La orden que aprobó el Ministerio de Transición Ecológica en 2021, por la que se acabó vetando la caza del lobo y las batidas para su control, salvo excepciones muy argumentadas, es lo que ha originado voces críticas. Partidos políticos, agrupaciones ganaderas que atribuyen daños a la existencia del animal, e incluso algunos conservacionistas no del todo satisfechos con la medida han elevado la tensión. Del reproche público pasó a los tribunales: las comunidades loberas del norte, desde Asturias hasta Galicia, Cantabria o Castilla y León presentaron recurso. El propio líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del PP, planteaba este lunes sacar al animal del nuevo marco protector si gobernaba. "Venimos a cuidar al lobo, pero así no", dijo Feijóo, en su visita a una explotación ganadera en Cantabria semanas antes de las elecciones municipales y autonómicas.

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Allí se comprometió a sacar al animal del LESPRE, un listado de especies silvestres que blinda su protección, veta la caza deportiva y limita las batidas. Las cuatro comunidades loberas del norte llevaron la voz cantante cuando el MITECO emitió la orden que ahora plantea eliminar el presidente popular, en línea con las demandas de las voces más críticas. Ganaderos, ecologistas, instituciones e incluso partidos están envueltos en un dilema, el de qué hacer con el lobo, que tiene muchas aristas.

La política es una de ellas. La alcaldesa de Ponga es socialista, pero no oculta su malestar con el Gobierno central. Comparten color, pero para nada este objetivo en concreto. "Hay que defender la biodiversidad de todos los animales, no sólo a una especie", era el razonamiento de Alonso. El Ejecutivo asturiano, que también dirige el PSOE, solicitó el verano pasado un permiso extraordinario de caza al Ministerio de Ribera. El departamento de Transición Ecológica finalmente les concedió una autorización para el control poblacional si se daban unas condiciones concretas. El argumento de la Moncloa era en este caso no afectaba a la conservación de la especie, y establecía una serie de límites y condiciones, alineadas con Europa, para poder aplicarlo. El consejero asturiano Alejandro Calvo celebró la decisión: con ella, podía recuperar su plan autonómico de gestión del lobo, que había quedado suspendido.

Feijóo plantea dar marcha atrás

Más allá de Asturias, el sector ganadero tiene abierto varios frentes con el Ministerio de Transición Ecológica desde que asumió las riendas Teresa Ribera. La denominada guerra del agua es de los conflictos más sonados, pero la protección del lobo ibérico también genera discordia. Feijóo aun era presidente de Galicia cuando la Xunta llevó a los tribunales la decisión de Ribera para brindar más protección al animal. Lo mismo hicieron el resto de comunidades loberas y otras organizaciones conservacionistas. Un año después, en abril de 2022, el gallego daría el salto a la política nacional. Pero en diciembre, la Xunta presentó un nuevo recurso después de que el MITECO les dejara fuera de unas ayudas públicas, habilitadas para compensar daños atribuidos al lobo. Esta subvención forma parte de la estrategia estatal para su conservación.

Había que aprobar el plan al completo para cobrar las ayudas, así que la negativa de la Xunta les dejó fuera y no obtuvo los 4,3 millones que en teoría le corresponderían. En Cantabria o en Castilla y León, los gobiernos impulsaron medidas a escala autonómica para cazar al lobo, en contra de la directriz estatal. En el primer caso, fue el Tribunal Superior de Justicia cántabro el que anuló la resolución de la Consejería de Agricultura, por la que se toleraba abatir lobos en ciertas áreas. En el segundo, el asunto llegó al Constitucional y este organó terminó dando la razón al Estado.

El Ministerio de Transición Ecológica, consultado por este periódico, defiende todas sus medidas para proteger al lobo. "Es una especie clave en el funcionamiento de los ecosistemas", sentenció, explicando así que se incluyera este y no otro animal en el LESPRE, el listado con el que dijo adiós a la caza, y la elaboración de una estrategia nacional específica para salvaguardarlo. Su "amplia distribución" en varias comunidades, las "extensas áreas de campeo" en las que se mueve o "las amenazas que lo afectan" son, a su juicio, lo que más justifica el blindaje a este depredador, fundamental en la cadena trófica.

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La protección del lobo en el tiempo

En realidad, la decisión del Ministerio que mejoró la protección del lobo la promovió la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico. En los últimos años, esta organización conservacionista venía advirtiendo del cuello de botella genético que afecta a esta especie, y que no estaba suficientemente reflejado al no haber datos actualizados en el censo estatal. Otras entidades como Ecologistas en Acción son insistentes en esta misma cuestión, y reniegan de las instituciones por no estar "gestionando adecuadamente" las presiones de quienes acusan a esta especie de dañar a la ganadería. Básicamente, creen que otros mecanismos de "prevención efectiva" soluciarían este entuerto sin necesidad de dar caza al lobo.

El portavoz de la asociación que solicitó, con éxito, a Teresa Ribera la admisión del lobo en el LESPRE cree que aún quedan asignaturas pendientes. Ignacio Martínez mantiene la confianza en que lo que pidieron era una "necesidad", y añade que las duras críticas de los ganaderos provenían de "no entender realmente lo que ocurre". Para explicarlo, se detiene en los cambios legislativos de las últimas décadas. A finales de los 80 se creó el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, que prohibía dar muerte a los animales que se registraran en él y obligaba a las administraciones a velar por su conservación, generalmente a través de planes o medidas específicas. Distinguía cuatro categorías de especies: en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables o de interés especial. El lobo no se encontraba en ninguna de ellas.

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En 2003 hubo otra modificación, que plantó la semilla del conflicto actual. El Gobierno creó el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y dividió las formas de protección, que antes planteaba sólo el catálogo, en dos vertientes. Ahora, los animales protegidos por el marco anterior pasaban a incluirse en este nuevo listado pero también se añadían otros nombres que no tenían por qué aparecer en el registro inicial. Estar en el nuevo régimen de seguridad y no en el primero suponía que se impondrían sanciones a la caza, pero no que las administraciones tuvieran que planificar estrategias de conservación.

Martínez lo explica así: "Estar en el listado [el LESPRE] es una condición preventiva: no se puede matar un lobo sin autorización, y en principio no debería haberla"; en cambio, "pertenecer al catálogo es algo proactivo, porque obliga a las instituciones a garantizar su conservación". Hace dos años, cuando finalmente de accedió a incluirle en el régimen de especies silvestres, la gente dio por hecho que se le blindaba demasiado "cuando en realidad se habían quedado a medio camino".