Cantabria inicia una cruzada judicial contra el lobo y confrontará con el Gobierno

Cantabria quiere acabar con el veto que prohíbe cazar al lobo ibérico y para ello ha emprendido una batalla judicial. El objetivo es lograr que la Justicia anule las medidas de protección y, si no lo consigue, confrontará con el Gobierno para forzar un cambio en la ley. La gota que ha colmado el vaso ha sido una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). El fallo, conocido este martes, anulaba una resolución de la Consejería de Agricultura con la que se permitía abatir al animal en ciertas zonas de la región. El Ejecutivo autonómico se alineó con las asociaciones de ganaderos, depositando sus esperanzas en que sea la Audiencia Nacional la que elimine definitivamente la ley que hace un año impulsó el Ministerio de Transición Ecológica. "Si no, tendremos que cambiar este Gobierno lo antes posible, por la supervivencia del medio rural", amenazó el consejero Guillermo Blanco.

Este es el último paso de una larga disputa que Cantabria, además de Galicia, Asturias y Castilla y León, viene librando contra la cartera que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera. Una vez conocido el fallo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, anunció que su Gobierno recurriría a "todas las instancias judiciales" además de reconocer que "abroncó" a uno de los magistrados del TSJC que anuló la orden de la Consejería.

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El problema, según argumenta el Gobierno regional, es que las 19 manadas de lobos que hay en la región están provocando un éxodo de ganaderos por los ataques que protagonizan. Pero la mayoría de la Sala del TSJC consideró desproporcionada la posibilidad de abatir a los animales sin, al menos, aplicar antes otras medidas de prevención y protección del ganado, o fórmulas alternativas para controlar a los lobos que no impliquen su muerte. La decisión no fue unánime, pues una de las magistradas emitió un voto particular en línea con las demandas de Revilla, y apuntó que no había "otras medidas a la vista" que hubieran resultado efectivas para contener el problema.

"Creemos que hay motivos suficientes para justificar daños recurrentes, importantes y graves", añadió este jueves el consejero de Agricultura, justificando por qué su Gobierno no podía cumplir la ley al pie de la letra. La bronca entre Cantabria y el Ejecutivo central, liderado por el PSOE en coalición con Unidas Podemos, no parece salpicar al Gobierno autonómico, conformado por el Partido Regionalista Cántabro y los socialistas, que tienen la vicepresidencia. De hecho, el PP llegó a sugerir al PRC que presionara con romper la alianza en su territorio para arrinconar a Sánchez, en un intento de levantar el veto a la caza. Pero Revilla negó la mayor y presumió de unas buenas relaciones con sus socios, con quienes dice no tener discrepancias sobre la materia pese a que fue la dirección nacional del PSOE la que impulsó la ley que hoy rechazan.

"Aquí nos ha metido el Estado", concluyó Blanco, negando que esto fuese un "varapalo"

Por el momento, Cantabria estudiará al detalle las resoluciones judiciales, incluyendo el argumentario del voto disonante, en busca de cualquier resquicio que les permita sobreponerse al fallo judicial y continuar legislando para permitir la caza del lobo. De hecho, no consideran que sea correcto hablar de un varapalo judicial, pues el tribunal se limita a interpretar una orden que proviene del Ministerio. "Aquí nos ha metido el Estado", concluyó Blanco, que delega en el Gobierno central toda la responsabilidad pero, a la vez, guarda esperanzas de hallar algún matiz técnico que les facilite encontrar otras vías para alcanzar sus propósitos.

En Castilla y León, por ejemplo, también fueron anulados por el Tribunal Constitucional varias puntos de la ley autonómica que regula la caza, y el equipo de Alfonso Fernández Mañueco tuvo que quedar a la espera del dictamen de la Audiencia Nacional, como ahora ocurre con Cantabria. Esta es una de las últimas balas con las que cuentan las autonomías que han impugnado la orden ministerial desde prácticamente sus inicios.

Diferentes posturas

Desde su aprobación, la decisión de considerar al lobo ibérico una especie protegida suscitó opiniones contrapuestas incluso dentro de la Moncloa. Y no entre los socios, pues aquí Unidas Podemos respaldó la decisión de la ministra Ribera. Fue Luis Planas, el titular de Agricultura y compañero de partido de la responsable del Miteco, quien se acercó a las posturas de muchos ganaderos y evidenció las disonancias que existían entre su Ministerio y el de Transición Ecológica. No obstante, el Gobierno de Cantabria considera igual de responsable a Planas que a Ribera.