La guerra del lobo entre Galicia y Transición Ecológica abre ahora una disputa económica

La guerra del lobo entre la Xunta y el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) viene de lejos. Galicia lideró el frente abierto por las comunidades del norte contra la protección del cánido, que consideran innecesaria y lesiva para los intereses de ganaderos y agricultores. La orden ministerial que prohíbe la caza deportiva y limita las batidas, si no las imposibilita del todo, lleva consigo medidas económicas para compensar a los afectados por los daños provocados por lobos. Pero para cobrarlas, exige el apoyo de las comunidades autónomas. Y como el Ejecutivo de Alfonso Rueda no lo ha hecho, perderá 4,3 millones de euros. El conflicto abre ahora un nuevo frente judicial, al anunciar el Gobierno gallego un Contencioso-Administrativo contra el veto a las ayudas.

No es el primer enfrentamiento en los tribunales entre la Xunta y otras comunidades autónomas y el Miteco. La Audiencia Nacional ha desestimado hasta ahora su petición de paralizar cautelarmente la aplicación del decreto que eleva la protección del lobo y lo incluye en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Pero tras presidir el último Consello de la Xunta, Rueda anunció la presentación del recurso contra una decisión que calificó de "unilateral" y "sin ningún argumento legal". "Los efectos (en la agricultura y la ganadería) se producen de un modo muy directo y Galicia no se puede quedar fuera de estos fondos", afirmó.

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EFE

El Ministerio sostiene que el apoyo a la estrategia estatal es fundamental porque "es el cauce" para el reparto de las ayudas. "Las ayudas tienen que estar condicionadas a la adhesión a la estrategia porque es ahí donde se prevén, donde se establecen los requisitos y donde se señala a qué se pueden destinar", señalan fuentes del Miteco. "Las comunidades que no se suman al proyecto carecen de ese cauce y no pueden recibir los fondos", argumentan.

La guerra del lobo tiene un fuerte componente económico y social, pero también político. Las comunidades que se desmarcaron de la estrategia estatal son Galicia y Castilla y León, están presididas por el PP, en tanto que el PSOE gobierna o forma parte del Gobierno en las otras dos comunidades del norte contrarias a la inclusión del lobo en el Lespre, Asturias y Cantabria, que finalmente la suscribieron. Estas dos últimas pretenden acogerse a las excepciones previstas por el ministerio para autorizar batidas.

El presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), Ignacio Martínez, apoya la exclusión de las ayudas de las comunidades que no apoyen la estrategia. "En primer lugar, porque así está establecido, pero además, cabe preguntarse para qué quiere Galicia esos fondos, para matar o para no matar ejemplares", afirma el representante de Ascel, la entidad que lideró el movimiento para incluir al cánido en el Lespre. "Es una desvergüenza pedir dinero para no aplicar unas medidas que lo que pretenden es frenar la despoblación del lobo". Los proteccionistas se preguntan además qué hará Galicia en caso de que prospere su recurso contra el decreto de protección: “¿Devolverán el dinero si ganan en los tribunales?”.

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Pablo López. Vigo

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, coincide en que "no tendría sentido recibir financiación de una estrategia que no se va a aplicar". Admite que la Xunta está en su derecho de recurrir a la justicia, como hizo con la Ley del Cambio Climático, "en la que el Tribunal Constitucional le enmendó la plana", pero aconseja a Rueda seguir el ejemplo de comunidades como Asturias "y otras comunidades autónomas que ya disponen de esos fondos". "No parece que la estrategia de confrontación con el Gobierno vaya en beneficio de los destinatarios de las ayudas", opinó Morán este viernes en declaraciones a la Cadena SER.

La presentación del contencioso-administrativo fue aprobada por la Xunta en su Consello del pasado jueves, una decisión a la que su presidente concedió una gran relevancia. "Los efectos (del lobo en la agricultura y la ganadería) se producen de un modo muy directo y Galicia no se puede quedar fuera de estos fondos", sostuvo Rueda. La Xunta asegura que son 2,4 millones de euros para medidas preventivas y otros 2 millones para los daños causados los que debería recibir la Administración autonómica para 2022 y 2023, aunque "no esté de acuerdo" con la decisión adoptada en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

La Xunta implementará por su cuenta ayudas por 2,5 millones en el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio, para que los ganaderos puedan instalar sistemas de protección —entre ellos, vallas y perros protectores— y solicitar indemnizaciones en caso de que sufran pérdidas.

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L. B.

Según afirmó el presidente gallego, las comunidades que se opusieron a la aprobación de la estrategia lo hicieron con el argumento de que el documento no incluye un balance de los resultados de la estrategia anterior, ni fue redactado a partir de un censo nacional que permita actualizar y cotejar los últimos datos disponibles sobre la especie.

La cuestión del censo es crucial también para Ascel, pero en sentido contrario. "Se supone que Galicia iba a realizar su propio censo, ¿por qué lo oculta?". Ignacio Martínez está convencido de que no lo da a conocer porque "hay una caída de la población y no le salen los lobos que decía que existían, los que deberían justificar que se pudieran matar".