Jueces y fiscales mantienen la huelga y no se conforman con los 50M que ofrece Justicia

El tira y afloja entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, continúa. En la segunda reunión de la Mesa de Retribuciones, en la que se negocia contra reloj un acuerdo retributivo que logre desactivar la huelga indefinida prevista para el próximo día 16, el departamento que lidera Pilar Llop ha acudido con una contraoferta que eleva la inversión prevista a los 50 millones de euros. Parte de los representantes de la carrera no consideran que la cantidad sea suficiente, por lo que han decidido continuar con su intención de parar, indican fuentes presentes en la reunión.

La fecha que ha quedado marcada en rojo en el calendario es el martes que viene. Este próximo miércoles por la tarde, habrá un tercer encuentro en el que se tratará de acercar posiciones. Las posturas continúan, sin embargo, alejadas. La asociación mayoritaria, la conservadora APM, reclama 74. Pese a todo, la huelga se ve como un "último recurso" para presionar al Gobierno e intentar que aumente su propuesta económica.

Lo que ofrece Justicia supondría un incremento salarial de un 7%. En números, la inversión propuesta se traduciría en una subida salarial lineal de hasta 460 euros. En la primera de las reuniones, Justicia propuso aportar 44,5 millones de euros destinados a mejoras en las carreras judicial y fiscal. El Gobierno ha dejado caer que la propuesta debería ser aceptada de forma conjunta para mantenerse. Las asociaciones progresistas la ven razonable, pero no todos comparten la misma opinión.

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"No es nuestro afán ni nuestro deseo ir a la huelga", ha asegurado a los medios la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, quien ha confiado en la "responsabilidad de los ministerios" representados en la negociación, el de Justicia y el de Hacienda y Función Pública, para que "aporten lo suficiente para evitar llegar a la huelga", informa EFE.

El paro indefinido es "el último recurso" para el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Juan José Carbonero, que ha valorado a su entrada a la reunión que la propuesta que recibieron el miércoles pasado es insuficiente y "no es asumible" para su organización. "No hay propuestas cerradas. Se habla de cifras (...) y de otras cuestiones y todo está abierto. Lo que se podría entender que mejora, por un lado, a lo mejor podría empeorar por otro", ha añadido al término del encuentro.

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Así, ha matizado que el objeto de la mesa "no es tanto una cuestión monetaria o cuantitativa principalmente", sino que aborda "un problema de estructura retributiva" de las carreras judicial y fiscal, por lo que se está hablando tanto de cantidades como de la manera en la que se distribuirán. Otras reivindicaciones, como la ampliación de la planta judicial, "se hacen continuamente y llevan otro cauce" y no se están debatiendo en la mesa de retribuciones.

Preguntado por si desconvocarían la huelga antes de llegar a un acuerdo si las negociaciones continúan, Carbonero ha afirmado que todo es "planteable", aunque no se ha aventurado a estimar cuánto puede durar el diálogo con el Gobierno. Hasta el miércoles se harán nuevas consultas a los asociados para conocer su opinión sobre la oferta.

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Los representantes de tres de las siete asociaciones de jueces y fiscales han explicado que las conversaciones se están desarrollando "en un tono muy institucional y muy amable", y que las partes están haciendo sus "aportaciones", con avances en algunos aspectos y con otras cuestiones más paradas.

Y han coincidido en recordar que esta es la primera vez que se reúne, desde su creación en 2003, la mesa de retribuciones, el órgano previsto por la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, que se debe convocar cada cinco años. "Después de 20 años, no podemos solventar esto en un par de sesiones", ha indicado Dexeus, que se ha mostrado "con muy poco interés de ir a la huelga".

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Como está previsto por dicha norma, en las negociaciones participan representantes de los ministerios de Justicia y de Hacienda, así como de las asociaciones de jueces y fiscales, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De seguir igual las cosas, el día 16, la de jueces y fiscales sería la tercera huelga en lo que va de año en la Administración de Justicia, tras la de los letrados y la actual de los funcionarios de los juzgados y tribunales. La convocan todas las asociaciones, menos las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales.