Los jueces incuban una huelga en la etapa más negra para la carrera

Si algo sienten los jueces, es que están siendo ignorados y maltratados. Tras meses de acumular bajas no cubiertas en tribunales como el Supremo y apuntados por parte del Gobierno como responsables de las rebajas de condenas de agresores sexuales a raíz de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, el malestar en la carrera ha ido incrementándose ante las dilaciones por parte de Justicia y Hacienda para convocar la conocida como mesa de retribuciones, el órgano previsto para negociar mejoras salariales. Con la fecha de la cita ya fijada, las asociaciones mayoritarias agitan la posibilidad de declarar —ellos también— una huelga, aunque esperan aún alguna reacción por parte del Ejecutivo que evite los paros.

El punto máximo del descontento llegó hace poco más de 15 días. Todas las asociaciones, incluyendo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, avisaron de que la tensión por la inmovilidad del Ejecutivo respecto a sus reivindicaciones salariales comenzaba a ser insostenible. En un duro comunicado, las cuatro asociaciones se plantaron ante Justicia tras un año de tira y afloja y trabajos preparatorios para la mesa, único instrumento legal previsto para negociar con presencia del Ministerio de Hacienda. "A la vista de los precedentes y ante la falta de propuestas concretas, las asociaciones firmantes comenzamos a confeccionar, desde este momento, un calendario de medidas de presión". Las asociaciones de fiscales están en la misma línea.

A pesar de que la reunión se ha convocado para el próximo 3 de mayo, los jueces no se fían. El pasado octubre, vieron cómo otra reunión similar se anulaba en el último momento. Además, diversas fuentes jurídicas consultadas se refieren a las escasas perspectivas de éxito en sus demandas, que vienen arrastrando dos décadas, desde que en 2010 el ministerio de entonces aprobara una bajada de sueldos que afectó a todos los empleados públicos, pero que fiscales y magistrados nunca han recuperado.

La rebaja retributiva se implementó de forma progresiva, de tal manera que afecta más a aquellos trabajadores con mayor nivel. No obstante, el resto de colectivos ha visto cómo aquellos recortes se iban nivelando y en el caso de la magistratura nunca se recuperaron. Los jueces y magistrados no pueden sindicarse, como sí ocurre con otros trabajadores del sector Justicia que también han iniciado paros en la última etapa. Tras los letrados de la Administración de Justicia, este mismo lunes comenzaron los funcionarios. La capacidad de presión de la judicatura es menor cuando de reivindicación salarial se trata.

El contagio de otros colectivos

Los primeros en parar fueron los letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Arrancaron a finales de enero una huelga indefinida que se alargó por dos meses y terminó después de que el Ministerio de Justicia aumentara su salario hasta 450 euros brutos al mes. Durante ocho semanas, la ausencia de los letrados paralizó en gran parte la actividad de los juzgados, quedando aplazados más de 350.000 juicios y vistas, atascando la tramitación de casi medio millón de demandas y provocando la paralización de 1.280 millones de euros en las cuentas de consignaciones.

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Este lunes fue el turno de los funcionarios, que arrancaron la segunda huelga indefinida a la que se enfrenta la Justicia en lo que va de año. De momento, han arrancado con paros parciales desde las 10:00 a las 13:00, todos los días. Reclaman un aumento de sueldo como el de los LAJ y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque, a su juicio, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación, así como una "redefinición" de las funciones de los empleados públicos de la Administración de Justicia. Sin funcionarios, no podrán celebrarse vistas. Según el sindicato CSIF, solo la jornada inaugural ha provocado la suspensión de 700.000 actuaciones judiciales en todo el país, incluidos "decenas de miles de juicios".

Las fuentes jurídicas consultadas reconocen que el éxito de los LAJ ha empujado los aires de huelga. "Cuando llevas meses negociando con paciencia y ves en otros colectivos un éxito con posturas más duras, es complicado no contagiarse", asegura uno de los jueces consultados. La Asociación Profesional de la Magistratura está, desde luego, en esta línea. Este viernes anunció que, como resultado de un proceso de consulta interno entre sus asociados, un 70,31% de los votos apoyó la convocatoria. La segunda asociación, la Francisco de Vitoria, está en la misma línea. En su última asamblea, sus miembros también apoyaron mayoritariamente la huelga, aunque las fuentes consultadas destacan que no pierden la esperanza de lograr avances en la fecha prevista para la mesa de retribuciones.

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La sensación de la carrera es que los avances que se han ido logrando siempre se han conseguido a través de la judicialización de determinadas cuestiones. Como ejemplo, recientemente la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció a un magistrado el derecho a percibir por el concepto "retribución variable por objetivos", correspondiente al cuarto trimestre de 2019, los 1.085,85 euros que reclamaba por haber superado en un 20% la productividad establecida, que corresponde a un incremento del 5% de sus emolumentos. La carga de trabajo también ha sido objeto de numerosos recursos.

Las reivindicaciones

Los jueces persiguen mejoras salariales que los saquen de la parálisis de la última década. A pesar de que por ley, Justicia y Hacienda están obligados a convocar la mesa cada cinco años para facilitar la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal, esta previsión ha quedado hasta el momento en papel mojado.

La congelación de los incrementos de sueldo se ha traducido en una pérdida de poder adquisitivo que se ha agravado con los actuales niveles de inflación. El cálculo de los trienios está "obsoleto", dicen, y se calcula sobre su primera base salarial, al margen de la categoría alcanzada por su trayectoria. El pago de las guardias es otro de los puntos de fricción, con precios "irrisorios" que en ocasiones no llegan al euro la hora.