El pulso de Marlaska para evitar ahora que De los Cobos ascienda: "Su carrera no es vinculante"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos mantienen vivo otro pulso, además del contencioso del cese, resuelto ya por los jueces a favor del mando. El próximo frente entre ambos tiene que ver con el intento de ascenso a general de Pérez de los Cobos, negado por el ministerio a pesar de que obtuvo la mejor nota de todos los aspirantes. El coronel ha denunciado ante el Tribunal Supremo que es una represalia en paralelo a su destitución de 2020 por no filtrar a sus jefes políticos una investigación judicial secreta que afectaba al Gobierno de Pedro Sánchez. La Abogacía del Estado, en defensa de Interior, sostiene en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial que no hubo ninguna irregularidad. Alega que la “brillante carrera” del guardia civil “no es vinculante ni determinante”.

“El amiguismo y el nepotismo han sido abolidos”. La frase la pronunció Grande-Marlaska la semana pasada cuando despidió a la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez, tras presentar su dimisión por la imputación de su marido en un caso de corrupción. El ministro se refería a la política de ascensos en el Instituto Armado, pero, al menos en lo que tiene que ver con Pérez de los Cobos, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra. Los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal tienen encima de la mesa tres recursos presentados por el coronel contra las decisiones del Ministerio del Interior que evitaron su ascenso. La Sección Cuarta es la misma que ha decidido esta semana anular el cese del mando dictado hace tres años.

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La sentencia, cuyo contenido se ha conocido este jueves, supone un duro revés para el ministro. Los jueces consideran inadmisible la injerencia política sobre un mando policial para que informase de una investigación judicializada y por ello han ordenado que Interior le restituya en su puesto al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Ese episodio está muy presente en este nuevo contencioso. El coronel traza una relación directa entre su destitución y las trabas para su ascenso.

El proceso de ascenso a general se inicia con un curso al que asisten los coroneles de cada promoción que han sido clasificados como aptos por el Consejo Superior de la Guardia Civil, que además establece un orden de preferencia. La evaluación se hace en dos fases. La primera es objetiva y se tiene en cuenta lo que dicen sus hojas de servicios, desde condecoraciones a méritos o incluso sanciones disciplinarias. De ahí sale una puntuación individual que se refleja en una clasificación provisional de todos los aspirantes.

La segunda fase es subjetiva. Por un lado, son los propios coroneles los que tienen que puntuar a sus compañeros, y por último tiene lugar una entrevista personal ante una comisión formada por cinco generales, que también ponen una nota a cada aspirante de forma secreta. Los resultados definitivos se deciden en una junta de evaluación y después se remiten a la directora general de la Guardia Civil, que a su vez los envía al Ministerio de Defensa, con competencias en la materia por el carácter militar de la Guardia Civil. Es Margarita Robles, tras escuchar a Grande-Marlaska, quien eleva el nombre definitivo al Consejo de Ministros.

Apeado del puesto número uno

Diego Pérez de los Cobos se presentó a ese proceso en marzo, dos meses antes de su polémico cese. Concurrieron dos promociones, la 41ª y la 42ª. El mando pertenecía a la segunda. El resultado fue que 27 coroneles llegaron a la fase final y Pérez de los Cobos sacó la nota más alta, un 10. El proceso de entrevistas terminó el mismo día que se conoció la destitución del coronel, el 25 de mayo de 2020, y, según denuncia ante el Tribunal Supremo, se cambiaron los criterios de selección por primera vez. Ya no contaría la clasificación general, sino que se daría preferencia a los de la promoción 41ª. De ese modo, Pérez de los Cobos pasó a ocupar el cuarto puesto y se quedó sin ascender.

La Abogacía del Estado, en el escrito al que ha tenido acceso este periódico, niega que se trate de una represalia, sino que es una forma de evaluar que se viene aplicando hace tiempo. Los méritos y la talla de la trayectoria de los aspirantes son un elemento de evaluación más, pero no definitivo: “Nadie niega la brillante carrera profesional del actor, que cristaliza en el propio orden de prelación de las evaluaciones de que ha sido objeto. La cuestión de fondo es que, en primer término, este hecho no es vinculante, ni siquiera determinante, a la hora de proceder al ascenso”. “No es un asunto inédito que se ha aplicado solo al demandante para perjudicar su derecho al ascenso”, zanja.

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Sí admite la Abogacía del Estado que “ni los ascensos, ni el orden en el que se llevan a cabo están vinculados directamente con el resultado de la evaluación”. A modo de ejemplo, los servicios jurídicos del Estado dicen haber analizado 12 procesos de ascenso y aseguran que solo en dos de ellos ascendió el primer clasificado. “No puede llegarse a la conclusión de que la actuación del consejo de la Guardia Civil haya querido perjudicar al interesado. No se aprecia sobre cuál pudiera ser la razón o justificación del interés que se atribuye a este órgano consultivo, integrado por las más altas autoridades de la Guardia Civil, en perjudicar al recurrente e impedir su ascenso”.

Un defecto de forma

Diego Pérez de los Cobos, además, denuncia que hubo un defecto formal que debe significar la anulación de todo el proceso. Se refiere a la documentación que la entonces directora general, María Gámez, remitió a Defensa. Sostiene Pérez de los Cobos que Gámez se limitó a elevar la propuesta de ascenso del candidato alternativo en lugar de un informe de evaluación general de todos. De este modo, se hurtó al Consejo de Ministros toda la información que marca la ley para tomar una decisión con pleno conocimiento. La Abogacía del Estado también contesta a eso alegando que “existía información suficiente para la decisión del ascenso que permite descartar la arbitrariedad”.

“Planteado a meros efectos dialécticos, la irregularidad que se atribuye a la falta del trámite que examinamos sería en último término una mera irregularidad formal, no invalidante”, zanjan los servicios jurídicos del Estado, que en este contencioso actúan en defensa del Ministerio del Interior, como en el caso del cese. El coronel ha pedido al Tribunal Supremo que solicite al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska una serie de informaciones. Quiere que confirme si es cierto que recientemente se ha derogado la norma de dar prioridad a las promociones de aspirantes al ascenso más antiguas y, si es así, cuál es el motivo para eliminar la norma que le dejó fuera a él.