La Fiscalía pide hasta siete años de prisión a los cargos intermedios de ERC por el 1-O

La reforma del delito de malversación pactada por el Gobierno con ERC no tendrá los efectos deseados por la formación independentista. La Fiscalía acaba de presentar su escrito provisional de acusación contra Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y la consellera de Cultura Natalia Garriga, a los que se persigue por delitos de malversación, revelación de secretos, prevaricación y desobediencia por su vinculación con el 1-O. Reclama para ellos penas de hasta siete años de prisión por malversación de caudales públicos, en la misma línea de la adaptación realizada recientemente por el Supremo en el caso de Oriol Junqueras y el resto de condenados por el referéndum ilegal de 2017.

Así, Jové, diputado de ERC en el Parlament, y Salvadó, en la actualidad presidente del Puerto de Barcelona, no eluden el riesgo de entrar en prisión. Su exoneración motivó en gran parte la modificación legal. Para Garriga, el Ministerio Público solicita un año de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional por los preparativos de la votación ilegal. Garriga, Jové y Salvadó fueron detenidos el 20 de septiembre de 2017 en una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona para abortar la logística del 1-O.

A ambos cargos de indudable peso en la formación catalana se les considera los arquitectos de la estrategia para impulsar la independencia. Una de las principales pruebas en las que se ha basado la instrucción es una libreta incautada en los registros efectuados en domicilios y despachos, en la que se reflejaba la hoja de ruta para la ruptura con España y las fases de la desconexión. También se incautaron decenas de borradores de decretos ley que debían aprobarse tras el 1-O.

En el despacho de Salvadó, la Guardia Civil encontró, el 20 de septiembre de 2017, un anteproyecto de ley de creación del Banco Central de Cataluña (BCC), los anteproyectos del nuevo Fondo de Garantía de Depósitos de Cataluña, de la Autoridad Catalana de Inversiones y Mercados, y de la Autoridad de la Competencia, todo al margen de la legislación y de los órganos similares españoles. Asimismo, tenía un estudio sobre la emisión de bonos canjeables y un listado de las 175 medidas más urgentes que el Govern debería tomar tras el referéndum para hacer efectiva la independencia.

Una agenda comprometedora

La Guardia Civil halló una libreta de Lluís Salvadó donde este anotaba todas las reuniones de la Comisión de Seguimiento del Despliegue de la Agencia Tributaria Catalana. Así, en una reunión del 14 de junio de 2017, Salvadó dejó anotado el contenido de una reunión, en la que se discutió el nuevo Código Tributario, votado en comisión, así como un acuerdo con las Diputaciones para que estas recaudasen los impuestos y luego enviasen el dinero al Govern.

En una reunión del 29 de agosto de 2017, según las anotaciones de esa agenda, se pactaron 12 decretos ley y 15 decretos de la nueva República. En esos momentos, Salvadó era el encargado de multiplicar los efectivos de la ATC: de 13 oficinas compartidas con administraciones locales, iba a pasar a 32 oficinas propias y 161 "puntos de atención de la red Tributs de Catalunya", ventanillas únicas en las que se pensaba emplear a unos 800 funcionarios cuyas oposiciones se iban a realizar en el mes de septiembre.