ERC pone a un acusado de malversación a dirigir el Puerto de Barcelona

El diputado de ERC Lluís Salvadó, que también es vicesecretario general de Coordinación Interna de Esquerra, presidirá desde la semana que viene el Puerto de Barcelona, en sustitución de Damià Calvet, miembro de JxCat y exconsejero de Territorio. Calvet había puesto su cargo a disposición del nuevo consejero del ramo, Juli Fernández, tras la abrupta salida de Junts del Govern. Salvadó será nombrado nuevo presidente del Puerto el martes que viene, aterrizando en uno de los cargos más importantes de la Administración con sus mochilas repletas de polémica: hace una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abrió juicio oral contra él, contra la consejera de Cultura, Natalia Garriga, y contra el presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, por su papel en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Salvadó y Jové están acusados de malversación, desobediencia, prevaricación y revelación de secretos, mientras que a Garriga se le han rebajado los cargos a los de desobediencia grave.

Salvadó era en aquellos momentos secretario de Hacienda y su responsabilidad era crear una Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) independiente de la AEAT. Sería la primera Hacienda republicana en una hipotética Cataluña independiente. Para ello, preparaba un considerable aumento de la plantilla de inspectores fiscales catalanes, multiplicar las sedes del fisco catalán (cosas que se llegaron a hacer) y el control total de todos los impuestos catalanes, laminando a la Hacienda española en esta comunidad (objetivo imposible).

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En su poder, fueron hallados documentos que apuntaban a que, en el mes de octubre de 2017, su organismo recaudaría todos los impuestos de Cataluña, tanto los propios como los ajenos (IRPF e IVA) y se los apropiaría, burlando a la Hacienda española. Con ello, comenzaría a funcionar la República Catalana.

En el despacho de Salvadó, la Guardia Civil encontró, el 20 de septiembre de 2017, un anteproyecto de ley de creación del Banco Central de Cataluña (BCC), los anteproyectos del nuevo Fondo de Garantía de Depósitos de Cataluña, de la Autoridad Catalana de Inversiones y Mercados y de la Autoridad de la Competencia, todo al margen de la legislación y de los órganos similares españoles. Asimismo, tenía un estudio sobre la emisión de bonos canjeables y un listado de las 175 medidas más urgentes que el Govern debería tomar tras el referéndum para hacer efectiva la independencia.

Una agenda comprometedora

La Guardia Civil halló una libreta de Lluís Salvadó donde este anotaba todas las reuniones de la Comisión de Seguimiento del Despliegue de la Agencia Tributaria Catalana. Así, en una reunión del 14 de junio de 2017, Salvadó dejó anotado el contenido de una reunión, en la que se discutió el nuevo Código Tributario, votado en comisión, así como un acuerdo con las Diputaciones para que estas recaudasen los impuestos y luego enviasen el dinero al Govern.

En una reunión del 29 de agosto de 2017, según las anotaciones de esa agenda, se pactaron 12 decretos ley y 15 decretos de la nueva República. En esos momentos, Salvadó era el encargado de multiplicar los efectivos de la ATC: de 13 oficinas compartidas con administraciones locales, iba a pasar a 32 oficinas propias y 161 "puntos de atención de la red Tributs de Catalunya", ventanillas únicas en las que se pensaba emplear a unos 800 funcionarios cuyas oposiciones se iban a realizar en el mes de septiembre.

En su despacho, los agentes incautaron también un documento con la inscripción de Confidencial, fechado en diciembre de 2016 y con membrete de la Generalitat. Su título era La distribución de activos y pasivos y su contenido, el reparto de bienes con España.

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En sus 74 páginas, recogía el valor de todos los inmuebles públicos de Cataluña, determinando que entre el 18% y el 20% del total (equivalente al peso del PIB catalán en España) pasaría a manos de la República Catalana, además de un extra en concepto de compensación por el "expolio fiscal". Ahí se encontraban edificios, fincas rústicas o urbanas, fincas de uso militar, infraestructuras como carreteras, puertos, aeropuertos o ferrocarriles, telecomunicaciones, producción energética, infraestructuras militares estratégicas, museos, archivos, armamento militar, derechos de arrendamiento, derechos de propiedad intelectual, oro, divisas, depósitos y valores, participación de capital en instituciones financieras internacionales, fondos de reserva de la Seguridad Social, FROB, fondos de Adquisición de Activos Financieros y participaciones o títulos en sociedades. En total, se identificaban 420 propiedades del Estado diferentes (contando fundaciones, mutuas, agencias, consorcios o entidades de derecho público) que debían ser repartidas tras el 1-O.

Entre otras cosas, Salvadó aspiraba a hacerse con una participación en el consorcio de Airbus Group, en Aena, en Ebro Foods, en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, en Enagás, en Red Eléctrica, en Indra, en Internacional Airlines Group (IAG) y en Hispasat.

Los escenarios

Un correo encontrado en su ordenador y enviado a tres altos cargos de la Generalitat, Salvadó adjuntaba también un documento y comentaba que su gran objetivo era preparar a las Administraciones tributarias para poder recaudar en el futuro todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Para preparar todo, había previsto dos escenarios. Uno llevaba por título Escenario Guerra y hacía referencia a una respuesta contundente de España contra el referéndum, con la eliminación del FLA y la suspensión de la autonomía. Ahí, condensaba en 7 puntos la respuesta del Govern. Los más importantes, activar el cobro de tributos y embolsarse 4.500 millones en el mes de octubre para pagar nóminas. Luego, tendría que activar un plan de ajuste para aplazar pagos a proveedores, eliminar los pagos y amortizaciones al Estado y activas vías de financiación alternativas, que serían la emisión de bonos patrióticos y la búsqueda de un sistema para trasladar las cuentas del Govern a París.

El otro plan era el Escenario Guerrilla, que se derivaría de una respuesta blanda del Estado y la contestación de Madrid por vía del Tribunal Constitucional. En ese caso, la intención del Govern era resistir como pudiese hasta el mes de diciembre para que el Estado siguiese soportando los gastos de la Administración. La intención era aguantar hasta que pudiese haber una financiación externa. En su poder fueron halladas comunicaciones sobre contactos con intermediarios chinos: en un correo enviado por un tal David, se aseguraba que el Gobierno chino había realizado algunas preguntas para saber si debía intervenir o cómo hacerlo: quería saber qué porcentaje tendría la Generalitat del Banco Central Catalán, si tenía ya sede, cuántos miembros tendría su consejo de administración, si tenían previsto negociar con el Gobierno español o cuándo se crearía ese banco. También dejaba entrever la cantidad que pedían los catalanes: "Los primeros 11.000 millones de euros que necesitan (según el estudio hecho y presentado), ¿son para poder hacer y/o declarar la independencia unilateral?".

Cómo engañar a Puigdemont

Pese a todos estos proyectos, en una conversación grabada por la Guardia Civil en agosto de 2017 de Salvadó con Raül Múrcia, entonces asesor especial en materia de difusión institucional de Presidencia y en la actualidad jefe de gabinete del consejero de Interior, se evidenciaba que ni él mismo creía en sus proyectos. El 30 de agosto, esperaban la visita en Vicepresidencia (departamento en el que estaba Salvadó) de Elsa Artadi, enviada del entonces president Carles Puigdemont para conocer los preparativos del referéndum.

"El patio está en una situación de que el mes de octubre no hay capacidad, ni tenemos control de aduanas, ni tenemos un banco donde meter… resumen… la cosa está muy verde. Eso, cualquiera que tiene dos dedos de cerebro lo sabe. A mí me da pánico de que si transmitimos las cosas como son en realidad a Elsa, al president y a su entorno, esto lo acaben utilizando para decir Junqueras no ha preparado al país para que el 2 de octubre declaremos la independencia", aseguraba Salvadó a su interlocutor.

Su mayor preocupación, pues, era cómo burlar a sus compañeros de gobierno y blindar la figura del entonces vicepresidente, Oriol Junqueras: "Podemos torearla, pero viene de aquí a un rato (…) si le decimos la verdad, estamos muertos. Si continuamos todos pensando que estamos preparados y todos hacen ver que estamos preparados para que nadie se atreva a decir (…) nos podemos encontrar que el 2 de octubre alguno se piense que estamos donde no estamos y si le decimos la realidad, acabarán diciendo que el Departamento de Economía no hace el trabajo y, por lo tanto, la culpa es del Junqueras. Al final, aquí hay un problema, hay un tema de fondo: en algún momento, a alguien le ha de interesar este puto proceso en el mundo real". En unos días, Salvadó dirigirá los destinos del puerto más importante del Mediterráneo.