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El PSOE niega ahora que buscase reducir las penas de inhabilitación a los líderes del 'procès'
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CON SU REFORMA PENAL

El PSOE niega ahora que buscase reducir las penas de inhabilitación a los líderes del 'procès'

Lo que sí destacan tanto en Ferraz como en la parte socialista del Gobierno es que su intención con esta reforma penal era facilitar la extradición del 'expresident' Carles Puigdemont

Foto: El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto con parte de la ejecutiva socialista al inicio de la reunión este lunes en Ferraz. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto con parte de la ejecutiva socialista al inicio de la reunión este lunes en Ferraz. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

El PSOE sigue reformulando su argumentario sobre la reforma del Código Penal pactada con ERC para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación. Después de que el Tribunal Supremo haya rechazado rebajar las penas de inhabilitación a los condenados por el procés, por lo que dirigentes como Oriol Junqueras no podrán presentarse a las próximas elecciones catalanas, los socialistas niegan ahora que buscasen con su reforma reducir estas penas pese a adaptar la malversación a las actuaciones de los independentistas con condenas inferiores. "Nosotros ya creíamos que a Junqueras no se le iba a reducir la pena por inhabilitación", explican fuentes de la cúpula del partido, poniendo en duda que hasta el propio dirigente de ERC confiase en ello. En público, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha incidido en que la revisión de la sentencia por parte del Supremo "pone de manifiesto que la reforma de la malversación no iba a beneficiar a los protagonistas del procés".

En plena operación de distanciamiento de los socios independentistas de cara a las próximas elecciones, y conscientes de la desmovilización entre sus propios votantes que ha generado esta reforma penal, además de las críticas internas de diferentes barones, el PSOE ha ido cambiando el paso para fijar el mensaje de que nunca pretendieron beneficiar a los dirigentes del procés. Eso sí, defienden que se hiciese distinción entre las diferentes causas de malversación, sin entrar a valorar que el Supremo mantenga ahora la malversación agravada al líder de ERC y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, junto al de desobediencia.

"Los delitos tan graves del procés siguen siendo delitos en el actual Código Penal", ha defendido Montero para cargar contra las "mentiras" del PP al alertar que la reforma despenalizaba estas actuaciones. "Muchos mentían planteando aquello de que algunos se podrían presentar a las próximas elecciones. Se ha demostrado que es mentira", ha reiterado la ministra socialista en rueda de prensa desde Ferraz tras la celebración de la ejecutiva del partido. Sin embargo, el tribunal sentenciador sí apunta que derogar la sedición deja "un espacio intermedio" entre la rebelión y los desórdenes públicos, y esto conlleva que "conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional (...) quedarían impunes". De esta manera, hechos como los del procés, en el que se llevó a cabo la "creación de un marco normativo de ruptura territorial que preparara la secesión de una parte del territorio del Estado" por parte del independentismo, "serían ajenos a la intervención del derecho penal".

Frente a la argumentación de que el delito de sedición se homologa a la jurisdicción de otros países europeos y se sustituye por el de desórdenes públicos agravados, la sentencia lo contradice al asegurar que se suprime directamente: "No ha llevado a cabo un desplazamiento o sustitución de los tipos penales. Lo que ha hecho ha sido suprimir".

Lo que sí destacan tanto en Ferraz como en la parte socialista del Gobierno es que su intención con esta reforma penal era facilitar la extradición del expresident Carles Puigdemont. "Por malversación o por lo que sea", explican gráficamente mostrando su deseo de que se juzgue en España al dirigente huido de la Justicia en Bélgica. Estas mismas fuentes de la dirección socialista consideran que, "para cerrar página", es preciso juzgar en España al expresidente de la Generalitat durante los sucesos del 1-O.

En la Moncloa incluso ponen fecha a esta extradición: antes de que acabe el año y, por tanto, de las elecciones generales previstas para el mes de diciembre. Una lectura que realizaban tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que limita los motivos por los que Bélgica puede rechazar la entrega del expresident catalán. Según sus cálculos, el fallo pendiente sobre la inmunidad con el que esperan que se facilite definitivamente la extradición se producirá "en el próximo trimestre". En cualquier caso, antes del verano, activando así un proceso que podría culminarse durante la precampaña de las generales. La última campaña electoral de Pedro Sánchez ya estuvo marcada por la extradición, e incluso el presidente del Gobierno llegó a comprometerse a "traer de vuelta" a Puigdemont.

La otra pata del argumentario para aminorar los costes de las alianzas con el independentismo pasa así por exhibir como resultado el fin de la unilateralidad y la confrontación institucional. Ya tras aprobarse la reforma penal se defendía que su acuerdo con ERC implicaba que desde esta formación reconocían una "ilegalidad" en los hechos del 1-O. El desmarque del soberanismo se completa con la suspensión de la mesa de diálogo por la pretensión de los republicanos de retomar esta reivindicación.

La ejecutiva del partido apenas ha abordado la polémica por la reforma del solo sí es sí, al tratarse de un asunto que ya se había tratado previamente en el seno del partido. El objetivo es que la reforma se tramite lo más rápido posible, tras solicitar el procedimiento de urgencia, y se confía en que finalmente sus socios apoyen los cambios para no quedarse solos con el PP. Para ello, este martes tendrá que pasar el primer trámite en la Mesa del Congreso, que debe calificar la iniciativa, y, a partir de ahí, se sentarán a negociar con el resto de grupos parlamentarios abriéndose a la posibilidad de transaccionar enmiendas siempre y cuando se preserve tanto el consentimiento en el centro de la norma como que se eviten a futuro las rebajas de condenas. En este contexto, se reconocen las diferencias con Unidas Podemos y las molestias que están causando algunas de sus declaraciones en público, como que el PSOE es un partido conservador o que pretende "volver al Código Penal de La Manada". "Nosotros sí vamos a cuidar la coalición", zanjó sobre estos reproches la ministra de Hacienda.

El PSOE sigue reformulando su argumentario sobre la reforma del Código Penal pactada con ERC para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación. Después de que el Tribunal Supremo haya rechazado rebajar las penas de inhabilitación a los condenados por el procés, por lo que dirigentes como Oriol Junqueras no podrán presentarse a las próximas elecciones catalanas, los socialistas niegan ahora que buscasen con su reforma reducir estas penas pese a adaptar la malversación a las actuaciones de los independentistas con condenas inferiores. "Nosotros ya creíamos que a Junqueras no se le iba a reducir la pena por inhabilitación", explican fuentes de la cúpula del partido, poniendo en duda que hasta el propio dirigente de ERC confiase en ello. En público, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha incidido en que la revisión de la sentencia por parte del Supremo "pone de manifiesto que la reforma de la malversación no iba a beneficiar a los protagonistas del procés".

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