La Moncloa rechaza la propuesta de Montero ante el temor de que la tumbe el TC

La crisis del sí es sí mantiene al Gobierno en un estado de tensión permanente. Si bien ambos socios han intercambiado varias propuestas para modificar la que fuera la norma estrella del ministerio de Irene Montero —Igualdad asegura que el PSOE ya ha rechazado cinco—, la negociación está siendo muy dura y las dos partes se acusan mutuamente de no ceder en sus posiciones. Para Unidas Podemos, el núcleo del problema es que la propuesta de los socialistas desplaza el consentimiento como eje de la ley. El mapa de la situación cambia por minutos y los nervios están a flor de piel. La presión mediática de Igualdad, con Irene Montero afirmando que seguirá en su puesto y no contempla dimitir aún si no logran un pacto, evidencian esta situación.

En el ala socialista del Ejecutivo han rechazado algunas de las recetas de sus socios para elevar las horquillas de penas en la norma, ante el temor de que un mero aumento, sin un armazón jurídico que lo sustente, sea más susceptible de ser tumbado por un hipotético recurso ante el Tribunal Constitucional. El TC admitió a trámite el recurso de Vox contra la polémica norma hace apenas 10 días. Saben que el texto va a ser estudiado con lupa, pero, sobre todo, inciden en que quieren "reducir problemas", asegurarse de que los pasos que haya que dar, en esta ocasión, no tengan efectos indeseados en cuestión de meses.

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"Queremos resolver, no generar más problemas", afirman fuentes del Gobierno. Si bien el PSOE había amenazado con presentar su propuesta este viernes, con o sin acuerdo en la coalición, ambas partes insisten en que lo intentarán hasta el último minuto, y hoy todo apunta a que las conversaciones se alargarán. Las negociaciones están, fundamentalmente, en manos de Igualdad (UP), Hacienda, Presidencia y Justicia (PSOE), pero solo Pedro Sánchez puede pulsar el botón nuclear y darlas por terminadas, para que el grupo socialista registre su propia proposición de ley en el Congreso.

Montero ha insistido este viernes en que confía en alcanzar un acuerdo, pese a la existencia de una "discrepancia fuerte" entre los socios, y ha asegurado "no poner límites" a la hora de negociar, puesto que mantiene su confianza en el acercamiento de posturas. Así lo ha expresado en una entrevista en RNE, la misma en la que aseguró que no dimitirá si no consiguen pactar esta reforma con el PSOE. "Mi obligación es dar la cara y es estar ahí para tratar de proteger el principal avance feminista en estos 20 años. Mi función es esa", ha aseverado.

Si Unidas Podemos insiste en que la norma no necesita retoque y que son "una minoría de jueces" los que la aplican de manera incorrecta, en el PSOE hacen malabares para defender que los cambios son necesarios ante más de 300 rebajas de penas a agresores sexuales, sin reconocer explícitamente errores. Fuentes del ala socialista insisten: "Si las penas no son taxativas y no están proporcionadas, hay más margen para la interpretación". Por tanto, si la modificación se hace sin aplicar estos principios de taxatividad y proporcionalidad, "no reduces el margen, lo ensanchas", afirman. Además de complicar que pueda sobrevivir al TC.

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La propuesta del PSOE pasa por incrementar las penas, pero incorporando un subtipo agravado que, sobre la base de los baremos ya vigentes —y de los tipos—, incremente la dureza de las mismas en los casos en los que se acredite intimidación, violencia o anulación de la voluntad de la víctima. Esta redacción, insisten, supondría elevar las horquillas en su parte más alta, pero con base en un armazón jurídico, que en la práctica devolvería las sanciones más altas a la situación anterior a la aprobación del sí es sí, pero sin atacar al "corazón" del texto, como lo describe Montero.

En el PSOE aseguran no querer entrar en el cuerpo a cuerpo, aunque no esconden su malestar con el "relato" de Igualdad a cuenta del consentimiento. En el caso del tipo general, de aplicarse su fórmula, pasaría de una horquilla de 1-4 años a 1-5, un año más, de haber violencia; de producirse penetración, pasaría de una mínima de cuatro años a otra de seis, de acreditarse la violencia, y se mantendrían las máximas de 12 años.

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Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial sostienen que, si bien uno o dos años de modificación, a priori, no supondría un cambio tan grande como para que la norma sea tumbada por el TC, también reconocen que no se pueden modificar las horquillas para los delitos ya existentes simplemente subiendo o bajando años de prisión. Al menos una de las últimas propuestas de Igualdad no se limita a esto, sino que plantea que la existencia de violencia sea considerada como una agravante, y no como un subtipo. Las propuestas, en cualquier caso, quedan desactualizadas en cuestión de horas y el problema de base gira en torno al consentimiento.

Ambas partes han acordado elevar las penas después de varias semanas de debate soterrado, que arrancó formalmente cuando el presidente afirmó, el 6 de diciembre, que corregirían la polémica norma, que está adquiriendo naturaleza crónica, y amenaza con penalizar seriamente al Ejecutivo en pleno año electoral. Ya introdujeron una ligera modificación para facilitar la interpretación del derecho transitorio de acuerdo con la jurisprudencia, dentro la exposición de motivos de la reforma de la sedición. Este cambio, reconocen, no ha tenido el menor efecto.

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Las presiones se suceden, dentro y fuera de cámara. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, llegó a afirmar el miércoles que al PSOE "le tiemblan las piernas" ante las presiones del PP y de la "derecha mediática y judicial", una frase que fue acogida con una mezcla de indignación e ironía entre las filas del socio mayoritario.

En ese pulso entre los socios, Igualdad acusa al PSOE de seguir la estela del PP y los socialistas recuerdan que los conservadores presentaron su proposición de ley para enmendar el sí es sí dos semanas después de que ellos ya hubieran trasladado su plan a Unidas Podemos. Y, donde Igualdad sostiene que han cedido "por encima de sus posibilidades", en el PSOE responden que son ellos quienes están haciendo "concesiones". El punto en común: ambas prometen seguir negociando, con la esperanza de frenar a tiempo esta hemorragia.