El juez deja a un paso del banquillo a 45 policías denunciados por las cargas del 1-0

El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona que dirige Francisco Miralles ha dado por finalizada la macroinvestigación por las cargas en los centros escolares de la ciudad de Barcelona durante el 1 de octubre de 2017. Según informa en su auto, resuelve seguir la tramitación contra 45 funcionarios públicos del Cuerpo Nacional de Policía y dar traslado a las partes para que presenten sus escritos de acusación y soliciten apertura de juicio oral o archivo del procedimiento. El auto, que realiza un repaso pormenorizado de lo sucedido durante la jornada del referéndum ilegal en varios colegios, archiva el procedimiento contra otros 20 agentes.

El juez limita en su auto la acusación y deja fuera de la misma a la Generalitat. Tras considerar que los daños que se produjeron por las cargas en los centros escolares no son atribuibles a ningún agente concreto, considera que el organismo carece de legitimación en calidad de perjudicada por estos hechos. Por otra parte, al no haber ningún ciudadano particular imputado por atentado a la autoridad, desobediencia a agente de la autoridad o delito alguno, el magistrado deja también fuera al Sindicato Profesional de Policía.

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La acusación queda así en manos de la Fiscalía que, hace unos meses, reclamó el sobreseimiento para la práctica totalidad de los acusados. Consultado Antonio Suárez Valdés, letrado defensor de varios de los agentes imputados, manifiesta que resulta "inconcebible en un Estado de derecho" que los "golpistas que han intentado subvertir el orden constitucional" vayan a ser declarados inocentes de todos los cargos que se les imputaban por vía de modificaciones legislativas y que, en cambio, los agentes de Policía que acudieron a Catalunya siguiendo órdenes expresas para preservar el orden constitucional y que fueron brutalmente agredidos por ello corran el riesgo de ser condenados por cumplir con su trabajo.

El juez Miralles atribuye a los policías no solo delitos leves o menos graves de lesiones, sino también delitos de los previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal, que recogen las torturas y el trato degradante. En la causa se investigó la actuación policial del día 1 de octubre de 2017 en todos los colegios de Barcelona, existiendo dos en los que no existieron incidentes, el colegio Tomás Moro y el CEIP Diputación. No ha podido acreditarse que los implicados recibieran órdenes expresas de sus superiores, que han quedado exonerados.

Para el instructor, en poco menos de la mitad de los colegios de Barcelona, ha podido apreciar actuaciones "desproporcionadas" que superan, según su criterio, las instrucciones dadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Hubo -dice- un "uso innecesario de la fuerza" y se incumplieron los protocolos en diversas ocasiones. También destaca casos puntuales en los que aprecia actitudes "degradantes", cargas sin aviso previo o respuestas excesivas ante una actitud pacífica de los votantes congregados.