Un relato jurídico adverso persigue a los policías del 1-O cinco años después

La situación de los policías y guardias civiles pendientes todavía de los juzgados por su actuación en el referéndum de Cataluña impide cerrar el capítulo judicial del 'procés' cinco años después. En paralelo a las declaraciones políticas, la verdad jurídica ha conformado un relato crítico en torno al papel que jugaron las fuerzas de seguridad del Estado bajo las órdenes del Ministerio del Interior. Eso se materializó en decenas de imputaciones y procesamientos de uniformados por cometer excesos sobre los votantes. Muchos de ellos se encuentran todavía a la espera de resolver su futuro. Son los últimos del 1-O.

Entre 2017 y 2022 se han sucedido los escenarios judiciales. Permanece el litigio internacional para extraditar al presidente huido Carles Puigdemont, hubo un juicio histórico en el Tribunal Supremo, condenas por sedición y los indultos posteriores. Pero la resolución que terminó por sentar las bases de este relato es la que absolvió en la Audiencia Nacional a la cúpula de los Mossos d’Esquadra. El acusado más simbólico era el mayor del cuerpo autonómico, Josep Lluis Trapero, purgado después por el independentismo. Lo que dijeron los jueces es que los Mossos actuaron bien con su pasividad y la Policía y la Guardia Civil pecó de exceso de celo en la forma de impedir la consulta, como había instado el Tribunal Constitucional.

"El uso de la fuerza no podía ser la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico, aunque fuera legítimo"

La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictada hace ahora dos años enmendó el proceder de los policías y guardias civiles: "El uso de la fuerza contra ciudadanos indefensos, contra personas mayores, contra familias enteras, no podía ser la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico, aunque fuera legítimo". En contraposición, avaló la "prudencia" de los Mossos a la hora de "minimizar daños". A juicio de la Audiencia Nacional, el Gobierno de Mariano Rajoy tendría que haber tomado medidas como la aplicación del artículo 155 mucho antes de descansar toda la responsabilidad sobre el despliegue policial.

La Fiscalía, que en Tribunal Supremo había defendido hasta el final las condenas por rebelión, ni siquiera recurrió esta resolución que se convirtió en firme. La sentencia contra los líderes del 'procés', dictada por el alto tribunal un año antes, ya abordó el desempeño de los cuerpos de seguridad: "A primeras horas de la tarde, dado que el uso de la fuerza podría devenir desproporcionado, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil recibieron órdenes y se vieron irremediablemente forzadas a declinar el propósito inicial".

Las cargas, en la propaganda del Daesh

Pasadas solo unas horas del 1-O, la entonces portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, pidió reprobar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que hacía responsable de la actuación de las fuerzas de seguridad. Hasta el Estado Islámico (Daesh) reparó en su actuación en su revista de propaganda semanal llamada ‘Naba’. "Los enfrentamientos, que se temía que sucedieran entre los independentistas catalanes y las autoridades españolas el domingo, empezaron a incrementarse con la Policía tras prohibirles realizar ese referéndum", dijo el grupo yihadista.

Recientemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, usó un término para referirse al despliegue policial del 1-O que no sentó bien en la Policía. Lo hizo en el Congreso para criticar la política del PP en Cataluña: "Ustedes mandaban ‘piolines’ mientras con nosotros la Selección española de fútbol puede jugar sin ningún tipo de problema". El Gobierno matizó después que el presidente se refería a la imagen del dibujo animado Piolín, que adornaba uno de los barcos en los que fueron alojados los cientos de agentes desplazados para impedir la consulta.

Por otro lado, fuentes policiales admiten que la ola de solidaridad provocada tras el 1-O en un sector importante de la sociedad española fue el impulso definitivo para lograr una mejora de su sueldo dentro de su reivindicación por equipararse a los Mossos d’Esquadra, mejor pagados. Si se desciende al detalle, se descubren resoluciones y expresiones de los jueces que abundan en la censura a la actuación policial. La Audiencia Provincial de Barcelona dio la razón a la Generalitat de Cataluña en mayo de 2021 e imputó a cinco uniformados por un delito de lesiones. Según el auto, "hay imágenes de ese día absolutamente lamentables e injustificables".

"Deterioro de las instituciones"

El mismo órgano judicial ya había advertido en 2018 que hubo policías que emplearon de forma "excesiva" y sin valorar que "era altamente probable lesionar" y con ello contribuir a "un probable deterioro de las instituciones". Y todo ello ante una votación que "no hubiera tenido las consecuencias jurídicas pretendidas por los organizadores". Resoluciones como estas, donde se habla expresamente de actuación "desproporcionada" frente a la actitud de "resistencia pasiva" de los votantes, han avalado todos estos años la macrocausa seguida en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona.

Su titular, el magistrado Francisco Miralles, ha dictado infinidad de autos sobre todo tipo de supuestos. Son alrededor de una treintena de piezas separadas, una por cada colegio electoral en el que se denunciaron excesos policiales o atentados contra la autoridad. En junio del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cifró en más de una treintena de agentes imputados solo en este juzgado. Sin embargo, admitieron la dificultad de fijar un dato exacto porque hay casos de policías que están imputados por su actuación en varios centros de votación.

El juzgado: "Los ciudadanos son tratados con absoluta falta de consideración"

En 2020 la Fiscalía pidió el archivo de la causa aprovechando las condenas del Tribunal Supremo a los políticos. El juez Miralles lo denegó: "Basta observar las imágenes que constan en la causa, donde en múltiples casos los ciudadanos son tratados con absoluta falta de consideración no sólo a su integridad física, sino a su propia dignidad". La resolución hacía alusión a 300 partes de lesiones recibidos.

El juez Miralles procesó este junio al responsable del operativo de la Policía Nacional el 1-O en la Escola Ramon Llull de Barcelona y al escopetero que supuestamente disparó la bala de goma que causó que un votante llamado Roger Español perdiera un ojo. Esta persona luego dio el salto a la política en representación de opciones independentistas. También envió al banquillo de los acusados al propio Español por un presunto delito de atentado contra los agentes al lanzar una valla metálica a un policía, sin causarle lesiones. Además, están procesados otros dos policías que intervinieron en la misma escuela por presuntamente golpear con la porra a personas que estaban sentadas en el suelo.

Aunque el Juzgado de instrucción Número 7 es el que aglutina el mayor número de denuncias por encontrarse de guardia el día de los hechos, hay otros magistrados que han tenido que resolver conflictos acaecidos el día de la consulta. Es el caso, entre otros, del Juzgado de Instrucción Número 2 de Manresa (Barcelona). En 2021 archivó el caso de un enfrentamiento entre Mossos d’Esquadra y mandos de la Guardia Civil a las puertas de un centro de votación.

El precedente del indulto

Consideró que fue un "mínimo forcejeo" y no vio motivos para imputar por desobediencia y resistencia a la autoridad a los agentes de la Generalitat por obstaculizar el paso de las fuerzas de seguridad. Agentes todavía imputados eluden hacer declaraciones públicas al encontrarse en activo, pero en privado no evitan preguntarse si ellos también serán indultados por el Gobierno en caso de condena. El elevado número de partes personadas ralentiza las causas, muchas veces envueltas en recursos y peticiones de pruebas. En otros lugares de Cataluña, en cambio, sí se han realizado ya juicios, de momento sin condenas, según los datos recabados por este periódico.

Las fuerzas de seguridad trataron sin éxito que la Justicia emprendiera acciones legales contra los votantes por participar en una consulta

Los policías están defendidos por la Abogacía del Estado, la Fiscalía, sindicatos o abogados particulares. Se enfrentan a cientos de denuncias de los votantes, asociaciones independentistas como la ANC o Òmnium Cultural y la Generalitat. Las fuerzas de seguridad trataron sin éxito que la Justicia emprendiera acciones legales contra los votantes por participar en una consulta que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.

Los jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona consideraron en enero del año pasado que se trataba de "resistencia civil no violenta" y que ejercieron su "libertad de expresión" en busca de "un impacto en la sociedad española". El auto citaba la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a los Mossos y terminó por afianzar el marco judicial sobre los hechos del 1-O adverso a la actuación de la Policía y la Guardia Civil.