Moncloa se desentiende del efecto de su reforma penal y niega ahora beneficios a Junqueras

La hoja de ruta de la "desjudicialización" del procés, pactada entre el Gobierno y ERC, ha chocado con el auto del instructor de la causa, el juez Pablo Llanera, que tras la reforma del Código Penal ha mantenido la forma agravada de la malversación a Carles Puigdemont. De seguirse esta interpretación por parte de la Sala de lo Penal del Supremo, se cerraría la puerta a que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, viese rebajada su inhabilitación para poder concurrir a las elecciones. Los beneficios para los líderes republicanos condenados se limitarían a favorecer la vuelta de la fugada Marta Rovira, al suprimirse el delito de sedición —el único por el que estaba acusada—, que Llarena sí retira al expresident en su auto. Desde el Ejecutivo han cambiado el paso para desentenderse de los efectos de su reforma penal, que previsiblemente serán mucho más limitados de lo esperado por ERC, y niegan ahora que se buscasen beneficios para dirigentes como Junqueras y, mucho menos, para Puigdemont.

Condicionados principalmente por el desgaste electoral de la reforma penal que reflejan todas las encuestas, incluidas las de Ferraz, que dan cuenta del efecto desmovilizador entre sus propios votantes, desde la parte socialista del Gobierno han endurecido su discurso. Se ha pasado así a defender que en ningún caso su objetivo era "despenalizar" los hechos del procés, ni tampoco abrir la puerta a la vía electoral para los dirigentes republicanos, sino que incluso buscaban facilitar la extradición de Puigdemont.

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B. Parera

El panorama judicial para Oriol Junqueras y el resto de condenados por el procés se ha puesto muy cuesta arriba a la vista de las conclusiones de Llarena, que anticipan las que adoptará previsiblemente la Sala de lo Penal. La interpretación del efecto de la reforma no ayuda a su regreso a la vida política. Más bien todo lo contrario. Pese a los indultos, Junqueras continúa cumpliendo la pena de inhabilitación que pasaría a ser calculada ahora en aplicación de la combinación del delito de desobediencia y del de malversación agravada, con penas similares a las impuestas en su día. Para poner las cosas aún peor más allá de Llarena, también la Fiscalía y la Abogacía del Estado ven asimilables la reforma a condenas de inhabilitación más largas de lo que calculaba ERC. El Ministerio Público salva a Rovira en su interpretación pero no es probable, sin embargo, que distinga entre la participación de Puigdemont (al que atribuye delitos que suman 17 años) y la de Junqueras.

Antes incluso del auto que echa por tierra, en gran medida, la estrategia pactada con los independentistas, desde el Ejecutivo trasladaban la interpretación de que las penas de inhabilitación no se verían disminuidas. No tanto porque se mantuviese la forma agravada de la malversación, sino porque defendían que la suma de penas incluidas en el nuevo tipo adaptado a los acusados, junto al de desórdenes públicos agravados, se equipararía a las condenas actuales.

En público se repite la máxima del "respeto absoluto a las decisiones judiciales", aunque en privado se reconoce la incomodidad por la parte del auto en la que se alude al "contexto cercano a la despenalización" debido a la reforma. Reconocen que no esperaban que no se aplicase la pena de desórdenes públicos agravados ni el nuevo delito de malversación adaptado para rebajar penas a los independentistas. Un escenario que, a la espera de confirmarse por la Sala de lo Penal del Supremo, podría encandilar los ánimos de ERC contra el Gobierno.

La respuesta de ERC es una incógnita, aunque la defensa de su acuerdo con el Gobierno se califica ahora como un paso más para retomar la reivindicación de máximos de la "amnistía". Mientras los republicanos elevan las exigencias en público, pero mantienen abiertas las vías de diálogo con el Ejecutivo, en Moncloa no temen un envite de Esquerra en forma de ruptura. Una formación a la que seguirán necesitando para reeditar su investidura tras las generales según la aritmética de los sondeos. Y cuya respuesta si la reforma no beneficia a Junqueras la limitan a una "sobreactuación".

Un doble juego, entre la protesta y la institucionalidad, entre las amenazas de volver a agitar el conflicto y el diálogo entre bambalinas, como ya se reflejó el pasado jueves en Barcelona, coincidiendo con la cumbre hispano-francesa. Si a las puertas de la cumbre protestaban las principales organizaciones y partidos independentistas, incluida ERC, Aragonès participó como anfitrión. Eso sí, aprovechó para trasladar a Sánchez que el procés no se había acabado para que después de los saludos abandonase plantando los himnos de España y Francia.

"Política espectáculo", según lo define un ministro del Gobierno. Algo en lo que cree que no debería caer ERC, aunque al mismo tiempo este mismo ministro entiende que las presiones de JxCAT y las acusaciones de Puigdemont tildándolos de traidores al independentismo "les complican". Más aún en plena pugna electoral entre ambos espacios de cara a las elecciones municipales. Los republicanos se han quedado solos en la defensa de la reforma del Código Penal.

Como muestra, un botón. El partido de Puigdemont acaba de presentar en el Congreso una batería de preguntas sobre la cooperación entre España y Francia y el refuerzo de las euroórdenes. Sugieren que la inclusión de una previsión para reforzar los lazos entre ambos estados en este terreno -fruto de la reciente reunión bilateral- se efectúa "con la intención subyacente de perpetuar a nivel internacional la persecución política y judicial de representantes políticos y sociales exiliados de la ciudadanía catalana".

La tranquilidad relativa del Gobierno sobre la respuesta de ERC si falla la hoja de ruta de la desjudicialización se centra en la división dentro del independentismo. Las imágenes de la manifestación contra la cumbre, con Junqueras teniendo que abandonar tras los abucheos y gritos de botifler (traidor), certifican esta falta de unidad. Una división que aleja cualquier posibilidad de relanzar la vía unilateral. Asimismo, la negociación política y la vía del diálogo no solo se mantiene entre Esquerra y el Gobierno, sino también con el PSC. Aragonès está buscando el apoyo de los socialistas catalanes para sacar adelante los presupuestos, tras el rechazo de los posconvergentes.

En medio de todo este contexto, con "sobreactuaciones" de las que tampoco reniega el Gobierno por el contexto electoral, buscando desmarcarse del lastre de sus alianzas independentistas, Moncloa pone el foco en la extradición de Puigdemont. Se defiende que tanto su reforma como el auto de Llanera favorecen que el expresident sea juzgado en España. Como en la campaña de 2019, cuando Pedro Sánchez prometió "traer de vuelta" a Puigdemont, en el Ejecutivo se vuelve a rescatar esta hipótesis. "Sería una muy buena noticia para nosotros y para el país", defiende un ministro socialista, complementando así la escalada de mensajes para dar por muerto el procés y negar la posibilidad de debatir las bases para un referéndum, como ha demandado el president Pere Aragonès.

La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, abundaba en este renovado argumentario el pasado lunes desde Ferraz. Por un lado, defendía que los hechos de octubre de 2017 "fueron delito con el anterior Código Penal y, desde luego, con la actual reforma siguen siéndolo, como es indiscutible después de conocerse el auto del juez Llarena". Por otro, defendía que con la "europeización" del Código Penal, al equipararlo, según su interpretación, a los de países de nuestro entorno, aumenta la probabilidad de éxito de las euroórdenes.

La interpretación judicial de la reforma

La argumentación de Llarena que frustra las esperanzas de ERC se basa en desechar la aplicación extensiva de penas reducidas cuando se produce un desvío de fondos sin lucro personal. El artículo introducido por el Gobierno aplica el delito con penas más bajas a aquella autoridad o funcionario público que dé al patrimonio que administra "una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado". Las penas en ese caso llegan a un máximo de seis años, la mitad que en el tipo más grave. Llarena destaca, por una parte, que el ánimo de lucro no consiste exclusivamente en apropiarse de cantidades para el disfrute personal y, por otra, que el tipo penal se refiere a un desvío para aplicaciones públicas pero no para fines ilícitos como fue el 1-O.

"No requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a estos", dice. Es decir, basta con que se empleen esos caudales públicos como si fueran propios para entender que hubo lucro. "Cualquier beneficio, aprovechamiento o satisfacción" es bastante para apreciarla, añade. Pero eso no es todo, también destaca el magistrado que no puede entenderse que, como dice el artículo, el patrimonio público se aplicó a una finalidad pública diferente de aquella a la que estaba destinado. "No se trata de un supuesto en el que se produjera un trasvase presupuestario entre finalidades públicas legítimamente administradas, sino de la aplicación de los fondos públicos a sufragar la decisión personal de contravenir el ordenamiento jurídico y cometer un delito, por más que el sujeto activo tenga una actividad profesional pública", concreta.

La Fiscalía del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado han respaldado esta tesis en el caso del procés. Pero, además, agregan una pata más. En su caso consideran que la sedición no debe sustituirse por la desobediencia, delito que no lleva aparejadas penas de cárcel, sino por los desórdenes, que sí los lleva. En opinión de ambos, los hechos de 2017 no deben quedar despenalizados. "Es obvio que los acusados, actuando en grupo (...) y con el fin de atentar contra la paz pública (el orden público en definitiva), ejecutaron como promotores, inductores y autores mediatos, desde una organización de poder, utilizando como instrumentos a los ciudadanos convocados, actos de violencia e intimidación sobre personas y cosas", defiende el Ministerio Público.