El CNI destapa una trama de espionaje marroquí en su consulado de Madrid

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) destapó justo antes de la pandemia una trama de espionaje de Marruecos a partir de su consulado en Madrid. Un agente consular reclutado por la Inteligencia marroquí ha visto denegada el mes pasado su aspiración a obtener la nacionalidad española, pero a día de hoy no ha sido expulsado de España.

Las salas de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional rechazan, con cierta frecuencia, la concesión de la nacionalidad española a inmigrantes marroquíes afincados en España con base en informes del CNI que invocan razones de "seguridad nacional" sin entrar en detalles. Esa mención no está generalmente relacionada con presuntos vínculos con organizaciones islamistas radicales, sino con los servicios secretos marroquíes que operan en España, sobre todo la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), que actúa fuera de Marruecos.

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La sentencia del 14 de septiembre de la sala tercera de lo contencioso-administrativo, presidida por el magistrado José Félix Méndez Canseco, desestima, por primera vez, la concesión de la nacionalidad a un administrativo del consulado de Marruecos en Madrid e implica directamente al jefe de la Inteligencia marroquí en España, que opera desde su embajada en la madrileña calle de Serrano.

Los recursos de Don Gabriel, como se llama en la sentencia al solicitante de la nacionalidad para no desvelar su verdadero nombre, han obligado al CNI a dar más información a los magistrados de la que suele proporcionar. El principal servicio secreto español afirma tener "constancia de la estrecha colaboración [de Don Gabriel], desde su llegada en el año 2016, al consulado de Marruecos en Madrid como agente local, con el actual jefe de los Servicios de Inteligencia marroquíes en España".

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Los jueces dan plena validez al informe de la Inteligencia española. No es una recopilación de "simples conjeturas sobre el interesado". Los datos que facilita son "suficientemente explícitos y concretos", recalca la sentencia, que pone, en principio, fin a 12 años de trámites, por parte de Don Gabriel, para conseguir ser español.

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El penúltimo episodio, antes del veredicto del mes pasado, fue el recurso presentado por Don Gabriel contra la resolución de diciembre de 2019, en la que el director general de Registros y del Notariado rechazaba de nuevo su solicitud. Don Gabriel negó en todo momento "cualquier colaboración con el Servicio de Inteligencia marroquí" y aseguró que "su trabajo en el consulado de Marruecos es meramente administrativo y se limita a la gestión de pasaportes". Está además casado con una española de origen marroquí, empleada de una multinacional española, con la que tiene dos hijos menores. Tanto la Fiscalía como el Registro Civil y la Policía informaron a favor de la concesión de la nacionalidad.

El CNI, según recoge la sentencia, empezó a investigarle en 2011, al año de que entrara a trabajar como intérprete en el consulado de Marruecos en Sevilla, mucho antes de que en 2016 fuese enviado a Madrid. En la colonia marroquí en España, siempre se había rumoreado que la DGED utilizaba a su servicio a algunos de los empleados de los consulados, pero esta sentencia aporta, por primera vez, la prueba.

Un caso algo similar tuvo lugar en Las Palmas. Fabio, un empresario marroquí afincado en el archipiélago, vio denegada su solicitud de obtención de la nacionalidad española por mantener, entre 2008 y 2016, "una relación de plena colaboración con la Inteligencia exterior marroquí", según una sentencia de 2020 de la Audiencia Nacional. Los jueces bautizaron al empresario con el nombre de "Fabio" para proteger su verdadera identidad. El hombre de negocios trabajaba para el responsable de la Inteligencia marroquí en el consulado de Marruecos en Las Palmas, pero, a diferencia de Don Gabriel, no era un administrativo de esas dependencias.

Solo consta hasta ahora la expulsión de un espía marroquí de España, Nourendin Ziani, en mayo de 2013, a petición del general Félix Sanz Roldán, entonces director del CNI. Afincado en Barcelona, Ziani había fundado la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña, financiada por el ministerio marroquí dedicado a la emigración. Acabó trabajando codo con codo con Nous Catalans, una fundación creada por Artur Mas cuando estaba al frente de Convergència Democràtica de Catalunya, lo que colmó la paciencia de las autoridades españolas.

En Alemania, Países Bajos y Bélgica, las expulsiones e incluso los juicios de colaboradores de los servicios secretos marroquíes se suelen hacer públicos. El último caso conocido fue en julio de 2018, de una mujer, Kaoutar Fal, sobre la que la Seguridad del Estado de Bélgica afirmó en un comunicado que era expulsada "por sus actividades de injerencia y de espionaje por cuenta de servicios de Inteligencia extranjeros". "Kaoutar Fal y sus organizaciones están enérgicamente implicadas en actividades de injerencia por cuenta de Marruecos", concluía el texto.

Aunque el Gobierno español no quiera señalar a Marruecos, altos cargos relacionados con la seguridad sí apuntan al país vecino como responsable del 'hackeo' de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de sus ministros de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores —este último caso, no reconocido oficialmente— con el programa malicioso Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO. Sus dispositivos fueron infectados en los meses de mayo y junio de 2021, en el momento más tenso de la larga crisis hispano-marroquí.