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Un dictamen de la AN deja a Bartomeu y Rosell al borde de una condena por estafa por Neymar
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Un dictamen de la AN deja a Bartomeu y Rosell al borde de una condena por estafa por Neymar

La Audiencia Nacional respalda la tesis de las acusaciones que han sentado en el banquillo a los expresidentes del Barça y al propio delantero por irregularidades en la compra de sus derechos en 2013

Foto: Neymar, durante su declaración en la Audiencia Nacional.
Neymar, durante su declaración en la Audiencia Nacional.
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El fichaje de Neymar en 2013 sigue provocando dolores de cabeza al FC Barcelona. La Audiencia Nacional ha dictaminado que el Santos brasileño debe pagar a Hacienda 2,7 millones de euros por el traspaso del futbolista al club 'blaugrana'. La sentencia asesta un golpe a las finanzas del equipo sudamericano, pero puede tener peores consecuencias para el Barça y los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, que el próximo 17 de octubre se sentarán en el banquillo por una causa penal relacionada también con la contratación del delantero. Están acusados de los delitos de corrupción entre particulares y estafa y se exponen a una condena de hasta ocho años de cárcel.

El procedimiento tributario arrancó en 2019. El Tribunal Económico-Administrativo Central concluyó que el Santos tenía pendiente el pago del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a los ejercicios 2013 y 2015, por operaciones mercantiles vinculadas a la venta de Neymar. El club recurrió la resolución por la vía contencioso-administrativa, alegando que la venta de los derechos del jugador no le había generado ninguna ganancia patrimonial y que, en todo caso, tendría que haber pagado esos impuestos en Brasil, nunca en España.

Foto: Josep Maria Bartomeu y Neymar da Silva júnior posan en la presentación del jugador en Barcelona. (EFE)

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional acaba de tumbar los argumentos del Santos y ha ratificado la reclamación de la Agencia Tributaria. En una reciente sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, la Justicia sostiene que la venta de Neymar generó un beneficio evidente al Santos y que, además, debió tributar por ellos a la Hacienda española, al haber transmitido los derechos federativos del futbolista a un club con domicilio en territorio nacional que los ejecutó para inscribirlo en el campeonato oficial de este país.

La parte de la sentencia con mayores implicaciones tiene que ver con el cálculo de la cuota que debe abonar el Santos. En el momento de la venta de Neymar, el club poseía el 55% de sus derechos federativos. Otro 40% estaba en manos de una compañía brasileña llamada DIS y el 5% restante pertenecía a diferentes inversores agrupados en la mercantil Teisa. La Audiencia Nacional atribuye al Santos el impago de los impuestos correspondientes al 55% de los 17,1 millones de euros que pagó oficialmente el Barça por el delantero, pero también considera parte del precio de venta otras cantidades firmadas exclusivamente entre el Santos y el conjunto catalán y que son objeto del otro procedimiento penal que se dilucidará en octubre.

Foto: Neymar Jr. (EFE)

En concreto, la Sala de lo Contencioso señala que, además de los 17,1 millones de euros pagados por los derechos federativos, el FC Barcelona compensó adicionalmente al Santos con otros dos millones de euros por la nominación de Neymar al trofeo Fifa World Player; con 4,5 millones por un partido amistoso que no llegó a celebrarse, y con 7,9 millones por un derecho de preferencia sobre tres jugadores de la cantera del club brasileño. A juicio de la Audiencia Nacional, esos 14,4 millones de euros extraordinarios también conforman el precio de la venta, aunque se camuflaron a través de otros tres conceptos. En total, según la sentencia, el club vendedor debe ingresar a la Agencia Tributaria un total de 2.715.048 euros.

Ese punto del dictamen confirma la tesis de DIS y la Fiscalía en la causa penal que se dirimirá en Barcelona un mes antes de que comience el Mundial de Qatar. La compañía que poseía el 40% de los derechos de Neymar y el Ministerio Público han logrado sentar en el banquillo a Rosell, Bartomeu y al propio jugador y su familia, además de al Barça y al Santos como personas jurídicas, por dos presuntos engaños cometidos en el fichaje.

Foto: Neymar, durante su declaración en la Audiencia Nacional.

Por un lado, sostienen que los dirigentes del Barça, Neymar y los padres de este pactaron en secreto una entrega de 40 millones de euros en 2011, dos años antes de la venta, que alteró la libre competencia del mercado del fútbol y restó valor al traspaso del jugador, al haber comprado su voluntad con ese acuerdo privado que dejó fuera de la operación a los verdaderos dueños de sus derechos. Por este episodio, se atribuye a los procesados un delito de corrupción entre particulares.

El segundo episodio en disputa se produjo en 2013, cuando el Barça pagó los 17,1 millones de euros en que se tasaron oficialmente los derechos del delantero. Según la acusación particular y la Fiscalía, el Santos, que solo tenía derecho al 55% del importe del traspaso (9,4 millones), pactó con los dirigentes del club 'blaugrana' recibir otras cantidades para que su parte llegara al menos a la cifra que le habría correspondido por el 55% de los 40 millones que recibieron Neymar y su familia (22 millones). Así, las acusaciones sostienen que los dos millones extra por la nominación de Neymar al Fifa World Player, los 4,5 millones del partido amistoso y los 7,9 millones por jugadores que en realidad nunca interesaron al Barça fueron tres contratos simulados que tenían como objetivo inflar la cantidad transferida al Santos. De ese modo, el club brasileño ingresó 23,8 millones en total. Ni DIS ni Teisa fueron informados de la existencia de esas tres partidas adicionales, por lo que nunca pudieron reclamar el porcentaje que les correspondía.

Foto: El delantero brasileño del FC Barcelona Neymar Jr. (EFE)

Las defensas de Rosell, Bartomeu y el Barça siempre han negado que esos tres contratos complementarios formaran parte de la operación de compra y aseguran que se trató de operaciones distintas que respondían a contraprestaciones independientes y a negocios reales. Pero la sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional contra el Santos por el impago de impuestos sostiene ahora, a mes y medio de que empiece la vista del juicio en la Audiencia de Barcelona, que no hay ninguna duda de que los tres contratos extraordinarios constituyeron una parte de la venta, apuntalando de ese modo la imputación de un delito de estafa a los procesados.

En esa causa penal, la Fiscalía pide para Neymar dos años de cárcel y una multa de 10 millones de euros. DIS eleva la solicitud contra la actual estrella del Paris Saint-Germain hasta los cinco años de prisión. En el caso de Rosell, el Ministerio Público reclama que sea condenado a cinco años de cárcel. Por su parte, DIS reclama para Rosell y Bartomeu ocho años de prisión. La Fiscalía deja a este último fuera del caso, aunque firmó en documentos decisivos. En cuanto al club catalán, el Ministerio Público solicita que se le imponga una sanción de 8,4 millones de euros.

La institución 'blaugrana' ya fue condenada en 2016 por la Audiencia Provincial de Barcelona por dos delitos fiscales en el fichaje de Neymar. El club tuvo que pagar entonces 5,5 millones de euros tras alcanzar un pacto con la Agencia Tributaria que permitió a Rosell y Bartomeu eludir un más que probable juicio en el que también habrían afrontado penas de cárcel.

El fichaje de Neymar en 2013 sigue provocando dolores de cabeza al FC Barcelona. La Audiencia Nacional ha dictaminado que el Santos brasileño debe pagar a Hacienda 2,7 millones de euros por el traspaso del futbolista al club 'blaugrana'. La sentencia asesta un golpe a las finanzas del equipo sudamericano, pero puede tener peores consecuencias para el Barça y los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, que el próximo 17 de octubre se sentarán en el banquillo por una causa penal relacionada también con la contratación del delantero. Están acusados de los delitos de corrupción entre particulares y estafa y se exponen a una condena de hasta ocho años de cárcel.

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