El PSOE se resiste a retirar la enmienda que blinda el ascenso de Dolores Delgado

La fiscal general del Estado ha sumado esta semana una nueva polémica tras insistir en el nombramiento de un cargo de la Fiscalía que fue cuestionado por el Tribunal Supremo. Esto sucede cuando la controversia inmediatamente anterior aún no ha terminado. La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Ley Concursal, cuya aprobación, además de consagrar el ascenso de Dolores Delgado una vez cese en su actual puesto, le permitiría informar al presidente del Gobierno de investigaciones en curso, continúa activa. El PSOE se resiste a eliminarla a pesar de la oposición de su socio de gobierno, de la oposición en pleno y de buena parte de la carrera fiscal.

La enmienda se ha registrado, pero aún no ha sido aprobada y desde Podemos ya han advertido de que no la apoyarán. Aunque los números para que salga adelante no salen, los socialistas la mantienen, al menos de momento. En caso de salir adelante, consagraría el ascenso a la máxima categoría de Delgado una vez cese en su actual puesto. El grupo ha propuesto en concreto incluir una disposición final en la que se refleja que, cuando el nombramiento recaiga en un miembro de la carrera en situación de servicios especiales, como es el caso de Delgado, "adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese".

TE PUEDE INTERESAR

Delgado critica al fiscal que no eligió y le reprocha falta de sensibilidad de género

Beatriz Parera

Desde la dirección del grupo socialista, reconocen que se ha planteado la retirada de la polémica enmienda, pero la decisión final todavía no está tomada y la orden es "mantenerla por ahora". Eso sí, las mismas fuentes admiten las dificultades de sacarla adelante tanto por el rechazo frontal de la bancada conservadora como por las críticas de sus socios. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, está negociando con los socialistas que retiren la enmienda al considerar que se ha introducido por la puerta de atrás en una ley que nada tiene que ver con el funcionamiento de la Fiscalía. De momento no se han atendido sus demandas y ya han amenazado con votar en contra.

Delgado fue nombrada ministra de Justicia por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se encontraba destinada como fiscal de la Audiencia Nacional. Posteriormente, fue nombrada fiscal general sin haber alcanzado la categoría más alta de la carrera. Sin esta modificación del estatuto, se vería obligada a regresar a esa plaza una vez finalizado su actual desempeño. No se trata del único caso en que un fiscal general lo fue sin ser fiscal de Sala. Todos los anteriores accedieron a ese puesto tras cesar en la primera ocasión en la que se cubrieron plazas. Sucedió con Juan Ortiz Úrculo y María José Segarra. En el caso de Segarra, a la que Delgado relevó en el puesto, quedó adscrita en primer lugar a la Fiscalía de Sevilla y ascendió de categoría al ser nombrada fiscal de Sala coordinadora de discapacidad y atención a los mayores. También ocurrió con el exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía europea acusa a Delgado de "desafiar" a la UE con el caso Ayuso

Pablo Gabilondo Beatriz Parera

Además de esta modificación, la enmienda incluye otras cuestiones polémicas. En uno de los párrafos de la propuesta, se introduce otra variación que permitiría a la responsable del Ministerio Público dirigirse por iniciativa propia a Pedro Sánchez para aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que "por su naturaleza y relevancia deba conocer". En concreto, la modificación se recoge en estos términos: "El fiscal general del Estado informará por escrito al Gobierno, por su propia iniciativa o cuando este lo interese y siempre que no exista obstáculo legal, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial transcendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer. Esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia".

En otro punto, se especifica que la comunicación entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno deberá quedar "debidamente registrada en el soporte que reglamentariamente se determine". Se mantiene la actual redacción del estatuto en lo referente a la prerrogativa del presidente del Gobierno de dirigirse directamente a la Fiscalía "cuando lo estime necesario". La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha asegurado que esta previsión "supone un elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno".

Desde el Gobierno se defiende que la iniciativa busca incrementar la independencia de la figura del fiscal general. Distintos cargos han señalado las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) para potenciar la independencia de Fiscalía. Se da el caso de que el último de los informes del Greco reprocha a España el incumplimiento de las 19 recomendaciones que realizaron en su informe de evaluación. Ninguna de ellas se refiere en concreto a facilitar una retirada del fiscal general de acuerdo con su dignidad. El Greco instó a revisar el método de selección y duración del mandato, es decir, cambiar la forma de elección a propuesta del Gobierno para separarlo de este.